Violencia doméstica: asunto público

‘La última palabra que me dijo fue: ‘Tú ni como mujer sirves, porque ya estás hecha un churupo'. Eso es lo que me dijo y yo me sentí, eso sí, como mujer me achicó total, sí. Me hizo sentir que yo no era nada, pero reaccioné y hoy día me digo: ‘Isa, tú eres la mujer más grande del mundo, tú eres una mujer bien valiente'…'. (IMUP. 2000. Mujeres y Violencia: Historias de Vida. Historia de Isabela).

Aunque parezca trillado para algunos, la violencia doméstica se posesiona como el delito de mayor ocurrencia en nuestro país, y la génesis de otras expresiones violentas, siendo el hogar y las relacionas que en este se desarrollan uno de los principales factores o el punto de inicio de otros hechos violentos. Aunado a que continúa la creencia equivocada de que sigue siendo un asunto privado, que para muchos resulta ‘un asunto entre hombre y mujer' o en ‘pelea de marido y mujer nadie se meta'; son connotaciones sociales que definen quizá el delito que más se denuncia y a su vez sub-registrado en un país con más de 50 mil delitos denunciados al año.

Uno de los factores de violencia se ubica en los espacios de socialización (familia, trabajo, escuela, instituciones sociales, comunales, políticas y religiosas, lenguaje, medios de comunicación), las personas aprenden a comportarse según modelos establecidos para hombres y mujeres a lo largo de la vida. Generalmente, a lo femenino se le asignan atributos relacionados con ser pasiva, frágil, dulce, comprensiva, sensible, sumisa; con un rol eminentemente reproductivo y asignada al espacio doméstico; en cambio, al hombre se le relaciona con el poder, la fuerza, dueño de los espacios públicos.

El sistema legitima y naturaliza relaciones asimétricas de poder entre mujeres y hombres. Aunado a que las diferencias sexuales entre mujeres y hombres son convertidas en desigualdades sociales.

Algunos datos nos estallan en el rostro, en América Latina el 30 % de las mujeres de más de 15 años ha experimentado violencia física o sexual por parte de sus compañeros. En la región, los países con las tasas más altas de violencia física contra las mujeres son Bolivia (53 %), Perú y Colombia (39 %). Pero la violencia hacia la mujer no solo es física, en un estudio reciente se encontró que en Colombia el 70 % de las mujeres ha experimentado violencia emocional o psicológica'. (BID, 2016. Conoce las cifras de violencia doméstica y empoderamiento de la mujer en América Latina).

A nivel de nacional, en el 2016 se registró un estimado de 61 mil delitos con respecto al 2015, una disminución de no menos 5 mil delitos. Sin embargo, las denuncias de violencia doméstica entre 2011 y 2016 fueron 96 mil; siendo el hecho que más ingresa a los registros institucionales.

Considerando lo obvio, que la provincia de Panamá es la de mayores registros, le siguen Panamá Oeste, Chiriquí y Colón. Cifras del Ministerio Público, a través de su página web, dan cuenta de que entre enero y abril del 2017 se denunciaron 6307 delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil; de ello, 5425 fueron violencia doméstica. Es decir, 86 %, ni hablar del maltrato infantil y a adolescentes, casi invisibilizado.

En otro plano, un hito de importancia nos refiere a Ley 82 de 2013, ‘que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer', define violencia contra las mujeres como: ‘Cualquier acción, omisión o práctica discriminatoria basada en la pertenencia al sexo femenino en el ámbito público o privado, que ponga a las mujeres en desventaja con respecto a los hombres, les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, que incluye las perpetradas desde el Estado o por sus agentes'.

Encarar este hecho pasa por romper con construcciones sociales, y algunos casos institucionales, que denotan permisibilidad a través de la educación y sensibilización. El desarrollo e implementación de una ruta que evite la revictimización de las mujeres víctimas de violencia, que cumpla los mínimos efectivos hacia la judicialización y protección integral, con miras a garantizar los derechos de las víctimas.

SOCIÓLOGO