Asamblea ignora el verdadero sentir del pueblo panameño

En las calles, en el recinto legislativo, en foros, en comunidades, diversos sectores sociales demostraron su rechazo al contrato minero por leonino e inconstitucional, exigiendo su retiro.

La movilización popular, inspirada en los más profundos sentimientos patrióticos del pueblo, obligó a la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional de Diputados a suspender el primer debate del nuevo, leonino y también inconstitucional contrato entre el Estado y la empresa First Quantum Minerals (FQM) o Minera Panamá.

Lo que correspondía era el rechazo del proyecto. Lo que hicieron, una resolución ilegal para ganar tiempo, maquillar el contrato y seguir favoreciendo los intereses de la transnacional minera y las familias locales, socias de la empresa, representadas por grandes bufetes de abogados, altos funcionarios públicos, que se constituyen en juez y parte.

Según el presidente de la Comisión, Roberto Ábrego, quien es juez y parte, como señala Frenadeso, pues fue miembro de la comisión negociadora y es integrante de una firma que representa intereses mineros, se hará una adenda al contrato. Es decir, el contrato sigue en pie.

Quieren reducir el abrumador rechazo del pueblo a solo cuatro puntos que, de seguro, ya negociaron con la empresa minera: el derecho a la minera de solicitar el espacio aéreo de forma permanente, la expropiación de tierras dentro y fuera del área de concesión, el tema de los beneficiarios finales que ya se había dicho era violatorio a la Ley 23 de 2015, lo del marco regulatorio para futuros contratos mineros que tanto ponderó en su momento el Ejecutivo.

A este respecto, es necesario resaltar que el tema de soberanía no se reduce al tema del espacio aéreo. Con el nuevo contrato se configura y se refuerza un verdadero enclave minero donde se ignoran la Constitución y leyes de la República. Insisten en desconocer el fallo de inconstitucionalidad de la Corte sobre el primer contrato y otras razones jurídicas, y lo que es peor, que este nuevo contrato tiene más vicios de inconstitucionalidad que el anterior. Los diputados incurrirían nuevamente en delito de aprobar este contrato a sabiendas de ello.

Igualmente, observaciones de los sectores sociales son ignorados. Por ejemplo, se pasa por alto el impacto que tiene la mina en el cambio climático y los daños irreversibles en el Corredor Biológico Mesoamericano, así como la contaminación del agua de los ríos y las fuentes subterráneas; no se atienden los efectos negativos contra la vida, la salud, costumbres, tradiciones y el libre tránsito de las comunidades aledañas.

En el plano económico, las supuestas regalías que recibe Panamá de la explotación de sus recursos naturales siguen siendo ridículas en comparación con otras latitudes; a la empresa se le sigue exonerando de impuestos y sigue operando y exportando sin contrato y sin control alguno; como si fuera poco, se busca legalizar el robo de más de 4 mil hectáreas utilizadas por la mina para la tina de relave y los túneles construidos secretamente para desviar y utilizar agua de los ríos, así como la pérdida de patrimonio histórico y tesoros ancestrales.

En materia laboral se desconocen derechos fundamentales de los obreros y la palabra de la minera se convierte en ley.

El clamor del pueblo es la inmediata suspensión del proyecto, protección a los derechos y prestaciones de los trabajadores, reconvertir esa área para proyectos sostenibles que generen más empleo y una moratoria para la minería metálica, tal como se acordó en el Pacto Bicentenario Cerrando Brechas, convocado por este mismo Gobierno.

Ante este nuevo escenario, llamamos al pueblo a mantenernos en pie de lucha y exigir que: cese el saqueo y robo de nuestros recursos naturales por parte de la minera; el total y estricto acatamiento del fallo de inconstitucionalidad cuyo incumplimiento ha llevado a los poderes del Estado a incurrir en desacato. Insistir en los recursos legales, en ellos: querellar a la empresa minera y exigir resarcimiento a Panamá por los daños causados al ambiente, a la salud, a la vida de las comunidades, en los aspectos económico, en la contaminación de las fuentes de agua, en la intranquilidad y zozobra de los panameños; que todo aquel que haya incurrido en delito de lesa Patria debe ser conducido a la justicia.