Agenda gubernamental alejada de los problemas de la población

Los problemas que enfrenta el pueblo panameño son graves, en crecimiento y sin atención por parte del gobierno.

Los problemas socioeconómicos más evidentes que afectan al pueblo humilde y trabajador son pobreza, desempleo, bajos salarios y pensiones, altos precios de los bienes y servicios básicos, pésimo servicio de salud, falta de medicamentos y altos precios, precariedades en el sector educación, falta de viviendas dignas, contaminación ambiental, delincuencia, feminicidios, entre otros.

Estas precariedades sociales contrastan con el crecimiento económico del país. El MEF estima que el producto interno bruto real crecerá 4 % y el nominal 6 %; la Cepal estima el crecimiento entre 3 % y 5 %; el FMI 2,5 %, el BM 3 %, JP Morgan 5,2 %. Pese a ello, Panamá enfrenta desafíos relacionados con la desigualdad y exclusión social.

En nuestro país se habla de miles de millones de dólares; la pregunta es ¿A dónde van a parar esos recursos, si miles de panameños sufren carencias ante el abandono de las necesidades sociales? Mulino ha señalado que las arcas del Estado están en números rojos, no hay plata, pero los desmanes que ya se denuncian en algunos ministerios e instituciones públicas demuestran que no hay un ápice de austeridad. El nuevo contralor habla de los escándalos pasados, que claro que hay que investigarlos, juzgarlos, condenarlos y que devuelvan lo robado, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y, qué pasa con los actuales escándalos.

Los recursos que tiene el Estado deben enfocarse en atender los problemas más urgentes para la población; sin embargo, el gobierno no está enfocado en estos problemas. En el accionar institucional no hay referencia al incremento de la desigualdad en el país.

En los últimos gobiernos, las políticas públicas están totalmente alejadas del marco de derechos y de las necesidades básicas tan vitales de la población. Con Mulino, gobierno empresarial, se persiste en esta dinámica, intentando imponer una reforma privatizadora en la CSS, que en materia de pensiones busca reducir las ya deplorables pensiones que recibe la mayoría, entregar los fondos a las administradoras de pensiones y bancos. Estos grupos privatizadores insisten en aumentar la edad de jubilación, lo que condenaría a muchos, en especial a mujeres y jóvenes, a no poder jubilarse dada la inestabilidad laboral.

Desde Conusi hemos demostrado que no se necesita aumentar la edad, lo que tenemos que hacer es retornar al solidario, unir los recursos de los dos subsistemas actuales. Unificar las pensiones en el sistema solidario, que produce mejores pensiones, sin necesidad de aumentar la edad de jubilación, ya que el aumento de 3 puntos porcentuales de aporte a los patronos y el aumento del aporte del Estado a 1,17 % del PIB, son más que suficientes para la sostenibilidad del sistema.

Hemos demostrado que el sistema de pensiones de cuentas individuales produce pensiones inferiores al sistema solidario. Si de lo que se trata es de otorgar mejores pensiones para los asegurados, entonces, el modelo de pensión no puede ser el de cuentas individuales, que es el que contiene el proyecto de ley 163.

La propuesta de Conusi defiende el criterio que cada uno de los programas de la CSS debe estar dirigido al bienestar de los asegurados. En IVM, el objetivo mínimo debe ser otorgar mejores pensiones, que permitan tener una calidad de vida al pensionado, y otorgarla en edad que pueda disfrutarla. Pero debe procurar, también, ampliar la cobertura, es decir, que cada vez más trabajadores puedan llegar a jubilarse cumpliendo todos los requisitos.

La conducta del gobierno hace prever que lo que viene es lucha para que se cumpla el mandato del pueblo para que se cierre definitivamente la mina, contra el aumento de impuestos, contra la corrupción e impunidad, contra los despidos injustificados. La lucha es en defensa del derecho a la seguridad social, al empleo y salario digno, por educación y salud, a favor del ambiente sano, por la vida digna.