Administración de las reservas de la seguridad social

La administración de las reservas de nuestro sistema de seguridad social es un tema complejo y crucial para la sostenibilidad de este, por lo que debemos estar bien seguros de que la nueva Ley 462, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, la garantiza. En ese sentido, me refiero en esta glosa a las referencias indispensables para emitir nuestras consideraciones con la información suficiente que nos permita opinar y actuar con conocimiento pleno y de manera responsable.

Para comenzar, pongámonos de acuerdo en el concepto y finalidad de las reservas de la seguridad social. En ese sentido, las reservas de la seguridad social son fondos acumulados —nuestros ahorros— con el objetivo de garantizar el pago de prestaciones futuras, como pensiones, beneficios por enfermedad o invalidez. Su finalidad principal es asegurar la estabilidad financiera del sistema, permitiendo hacer frente a fluctuaciones económicas y cambios demográficos que puedan afectar los ingresos y gastos.

En nuestro país, la Dirección General de la CSS es responsable de administrar las inversiones, a través de la Unidad Técnica Especializada de Inversiones y las Direcciones Nacionales de Finanzas y Contabilidad. Además, la Ley 462 establece que las administradoras de inversión solo podrán gestionar hasta un 10% del Fondo de Reserva de la CSS. Es decir, que el 90 % restante lo gestionarán bancos estatales, como el Banco Nacional de Panamá (BNP) y la Caja de Ahorros.

Sobre este punto, es obligatorio subrayar que la administración de reservas de seguridad social, pública o privada, tiene ventajas y desventajas. La pública ofrece equidad y control estatal, pero puede ser ineficiente. La privada busca rentabilidad y eficiencia, pero arriesga exclusión y prioriza ganancias. La elección depende de prioridades nacionales, con modelos mixtos comunes.

Estas reservas se pueden invertir en diversos instrumentos financieros para generar rendimientos que contribuyan a su crecimiento, y deberemos estar vigilantes del cumplimiento de, al menos, cuatro condiciones: existencia de una política de inversión capaz de equilibrar la rentabilidad y el riesgo; una administración de las reservas que se adapte a los desafíos como el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la volatilidad económica para garantizar la protección social de las generaciones presentes y futuras; la realización de estudios actuariales periódicos para evaluar la sostenibilidad del sistema a largo plazo y tomar medidas preventivas, y, lo más importante, que la gestión de las reservas sea transparente y esté sujeta a mecanismos de control para garantizar su uso eficiente y responsable. Aquí no hay espacio para la corrupción ni el nefasto clientelismo.

En este contexto preliminar hay, por lo menos, cuatro prácticas recomendables en la administración de las reservas para garantizar la sostenibilidad, transparencia y eficiencia de estos fondos. Conozcámoslas.

En relación con la gobernanza y transparencia: será crucial que la entidad encargada de administrar las reservas sea independiente y esté protegida de influencias políticas, para ello se requieren leyes y regulaciones claras que definan los objetivos, límites y responsabilidades de la administración de las reservas. Esto garantiza una gestión técnica y basada en criterios financieros sólidos. En ese sentido de la transparencia, es obligatorio que la información sobre la gestión de las reservas sea pública y accesible, incluyendo políticas de inversión, resultados financieros y estudios actuariales.

Una preocupación que permanece con fuerza en el imaginario colectivo de los asegurados, tiene que ver con la gestión de inversiones, y hay cuatro asuntos que nos preocupan: la diversificación de la cartera, invirtiendo —sin clientelismo— en una amplia gama de activos con el propósito de minimizar riesgos; que las inversiones tengan en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza; la existencia de políticas de gestión de riesgos que consideren factores como la volatilidad del mercado, la inflación y los cambios demográficos y; dado que las reservas deben garantizar el pago de prestaciones futuras, las inversiones deben tener un horizonte a largo plazo, alineado con las proyecciones actuariales.

No menos importante es el asunto de la sostenibilidad financiera de nuestras inversiones. Para ello hay tres condiciones importantes: la realización de evaluaciones periódicas de la sostenibilidad del sistema; realizar, cuando sea necesario, los ajustes en los parámetros del sistema, como la edad de jubilación, las tasas de cotización o los beneficios, para garantizar su equilibrio financiero a largo plazo, y; mantener reservas adicionales para hacer frente a eventos imprevistos, como crisis económicas o pandemias.

Finalmente, está la disponibilidad de la cooperación internacional, que ofrece, por lo menos, dos oportunidades: el intercambio de mejores prácticas, aprovechando la cooperación entre países y organizaciones internacionales para compartir experiencias y conocimientos sobre la administración de reservas de la seguridad social, y; la asistencia técnica de países con sistemas más desarrollados que el nuestro para mejorar nuestras capacidades en esta área.