Adhesión voluntaria al Pacto del Bicentenario

Cada vez son más los actores relevantes de nuestro país que se han adherido, con convencimiento y voluntad, al logro pleno de los acuerdos nacionales y regionales, resultantes del proceso del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas.

Y no podía ser de otro modo, pues el Pacto del Bicentenario constituye una expresión democrática de inclusión y participación ciudadana, del cual surgieron más de 175 000 propuestas generadas desde la base misma de las comunidades, con el objetivo de contribuir a la solución de los problemas estructurales del país y cerrar las brechas de la desigualdad y la inequidad.

Yo celebro este compromiso ciudadano, pues, como manifesté en mi columna previa, el futuro de este Pacto depende de la participación de todos y, como señaló la coordinadora ejecutiva nacional del Pacto del Bicentenario, “hemos sido testigos de que el ciudadano de manera voluntaria y comprometida ha participado en este proceso democrático y de construcción de ciudadanía. Corresponde ahora ejecutar e implementar aquellos acuerdos priorizados por distintos actores en el territorio nacional. Los acuerdos son moralmente vinculantes para todos, deben trascender los Gobiernos, pues todos somos corresponsables de nuestro futuro”.

Pero ¿qué significa esta adhesión? En mi opinión, el principio subyacente que debe darle forma y fondo a las adhesiones es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados.

En ese mismo sentido, la idea central que motiva la adhesión es el genuino e inédito interés colectivo de fiscalizar de cerca la ejecución de los resultados del Pacto del Bicentenario y la continuidad de este proceso democrático e histórico en Panamá y el mundo, que mantiene viva la esperanza de mejores días para el país.

En ese contexto, ha estado presente, en todas las declaraciones, la relevancia de los acuerdos alcanzados para el desarrollo económico y social del país, así como el interés manifiesto de participar en la corrección de desigualdades históricas y deficiencias institucionales, a través de la formulación de políticas públicas que permitan al país alcanzar su potencial. Especial relevancia ha tenido la necesidad de crear conciencia sobre los derechos ciudadanos que amparan a las minorías, y la importancia de la inclusión de los grupos minoritarios en la vida nacional en igualdad de condiciones, para lograr el desarrollo pleno del país. Finalmente, se ha subrayado la necesidad de la comunicación oportuna de los avances del Pacto en esta nueva etapa en la que se esperan resultados concretos de los acuerdos presentados.

De la lectura de estas declaraciones al firmar la adhesión, surgen en mi opinión dos conclusiones con mucha fuerza. La primera es el interés manifiesto de ejercer el derecho de control social de la gestión pública para calificar, acompañar, vigilar y hacer seguimiento de dicha gestión, en este caso los acuerdos del Pacto del Bicentenario, con el fin de que se cumplan los objetivos del Estado Social de Derecho, se aumente el bienestar social, se consoliden la justicia social, la democracia participativa, la gobernabilidad y la gobernanza.

Dicho de otro modo, las organizaciones firmantes han expresado, de forma colectiva, su deseo de acompañar el proceso de la gestión de las actividades que le den seguimiento a los acuerdos, y de participar activamente en la ejecución de intervenciones, ya sea en conjunto con el Ejecutivo, o en forma individual pero coordinada. Y, aunque no se ha colocado por escrito en ninguna de las adhesiones, esta alianza les proporciona a los procesos la necesaria transparencia administrativa, que garantiza el oportuno flujo de información sobre el desempeño público.

La segunda conclusión, y no menos importante, es la clara coherencia de estas alianzas estratégicas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, el cual subraya -refiriéndose a la Agenda 2030- que, para que un programa de desarrollo se cumpla satisfactoriamente -en este caso los Acuerdo del Pacto del Bicentenario- es necesario establecer asociaciones inclusivas entre los diferentes actores de un país: Gobierno, sector privado y sociedad civil (a nivel nacional y local) y situar el programa en el centro de las políticas y actuaciones de todos ellos. Estas alianzas deben construirse sobre los mismos principios y valores y tener objetivos comunes, aportando cada actor su experiencia y conocimientos para contribuir conjuntamente a la consecución de la nueva Agenda de Desarrollo.

Al final, es evidente la enorme relevancia que tienen las alianzas estratégicas entre el Gobierno y el sector privado. Cada uno con sus propias competencias, pero coordinando estrechamente, para movilizar los recursos que hagan falta para, como señala el informe final del Pacto del Bicentenario, “contribuir a enlazar los resultados del diálogo ciudadano con la voluntad de acción colectiva que permita cerrar las brechas identificadas”.