Abogados o policías fiscales de los países ricos

Los abogados desde el principio de la República, hemos sido los arquitectos y constructores de Panamá, como país de servicio. Eso es innegable.

En efecto, hemos sido los abogados quienes hemos mercadeado en todos los rincones del mundo las bondades y virtudes de un sistema de registro abierto de naves (desde 1925); una ley de sociedades anónimas (1927); leyes sobre fideicomiso; Zona Libre; fundaciones; sistema bancario; y así muchos más.

Muchas firmas de abogados han instalado oficinas en diversas partes del mundo y desde esos lugares promueven nuestro sistema de servicio. Otras, como abogados individuales, han viajado a todos los rincones del universo a exponer nuestro favorable sistema de servicio.

Sin embargo, a raíz de la expedición de la nefasta Ley 23 de 2015 y leyes y decretos complementarios, los abogados hemos pasado de ser promotores de nuestro sistema de servicio a convertirnos en agentes fiscales de los países más poderosos y ricos del mundo, que, no pudiendo hoy dar a sus habitantes el estado de bienestar social, pues los impuestos los ahogan, han puesto de rodillas a países Panamá para convertirnos en sus agentes (sin pago alguno) fiscales.

La ley de sociedades anónimas es muy clara, los directores de estas ni los agentes residentes son responsables de los actos que se ejecuten en nombre de cada sociedad. Pretender culpar a una sociedad anónima de los delitos que se pueden cometer a través de ella, es como querer hacer responsable a una empresa fabricante de autos por homicidios, sean dolosos o culposos que se comenten con ellos. Tremendo exabrupto. Sin embargo, por la forma genuflexa y complaciente, no está lejos el día en que se incluya a estas empresas fabricantes en conductas delictivas.

Son pocos los que entienden las figuras de los incorporadores de una sociedad o la del agente residente; sin embargo, lo que es peor es que tampoco quieren aprender. Los incorporadores de una sociedad anónima no son accionistas de estas. Según la ley, su compromiso, al firmar el pacto social, es solo el de suscribir, si fuera el caso, la primera acción que se emita; empero, ese derecho es renunciable.

Y la figura del agente residente es el mejor colaborador que tiene nuestro fisco para cobrar las tasas únicas con las que se graban las sociedades anónimas, pues cada abogado, al enviar las cuentas de renovación (anualidades) de las sociedades, también incluye el pago de la tasa única.

A partir de la nefasta Ley 23, y en la Asamblea hay un proyecto ultrapeor, el Gobierno de Panamá, complaciente y genuflexo ante los organismos internacionales, impone cargos a los abogados que ya hacen muy difícil esta parte del ejercicio de la profesión. Muchos colegas me han dicho que han cerrado sus departamentos corporativos o han reducido drásticamente el personal que labora en los mismos.

Están criminalizando el ejercicio de la abogacía.

Y lo que viene, propuesta del Gobierno de Biden, renta fiscal global, agrava el problema.

Y, por otro lado, el Ministerio Público, convirtiendo en delito el simple hecho de hacer una sociedad anónima, que después, sin conocimiento del abogado, la usan para cometer alguna violación a normas penales. ¿Qué culpa tiene el abogado? No podemos dar esos seguimientos. Por ello, muchos colegas, hoy, prefieren no hacer sociedades anónimas.

Son muchos los casos de abogados detenidos por esta actividad, lo que luego jueces con mayor conocimiento, no les queda otra alternativa que dejarlos en libertad.

Cada vez que hay una situación en que un abogado es detenido, corren a preguntar “¿qué hace el Colegio Nacional de Abogados?”. Sin embargo, tenemos un Colegio en que esos mismos abogados, en no pocas ocasiones, ni siquiera son miembros de este, pero a la hora de la hora piden apoyo y el Colegio no se los ha negado. Otra situación sería si todos los abogados, agremiados en el Colegio Nacional de Abogados, fuéramos una sola fuerza y pudiésemos alzar la voz e impedir estos atropellos contra colegas y la profesión.