Abandono de poder y la crisis minera

Los golpes de Estado, no solo se dan de la manera violenta de copar las instituciones con el uso de la fuerza de las armas para desplazar del poder a gobiernos considerados legítimos dentro de la Constitución y por la comunidad internacional, que es el tradicional golpe de Estado, que históricamente hemos vivido en Hispanoamérica.

El concepto debe ampliarse a muchas otras modalidades, algunas de reciente aparición.

El hecho de que un grupo político acceda al poder con el voto popular, con la intención manifiesta o solapada de deslegitimizar el instrumento ciudadano que los llevó al poder para trastornar el orden constitucional con el propósito de permanecer indefinidamente en él, bajo apariencia de elecciones transparentes, es un golpe de Estado técnico y así debe ser tratado por la comunidad internacional de naciones democráticas en sus relaciones diplomáticas con esos Estados de simulación democrática, algunos de los cuales participan activamente en desestabilizar a aquellos que no están en su concepción ideológica.

De igual forma cuando un gobierno encabezado por el Órgano Ejecutivo a través de un presidente elegido por el pueblo para cumplir con los deberes que la Constitución le demanda; siendo dos de las más importantes: fijar con responsabilidad y transparencia las políticas públicas para el desarrollo económico y mantener el orden público; abandona esas responsabilidades por cualquier causa, permitiendo que la alteración del orden público y los derechos de todos los ciudadanos y la economía del país se vean afectados por ello, puede y debe ser causa para ser considerado un golpe técnico dentro de la categoría de autogolpe atípico contra la Constitución y por ende un golpe de Estado. Estoy consciente de lo subjetiva de esta teoría, pero la considero válida.

Este abandono de poder, autogolpe, invita al incremento de la violencia y caos por minorías que se abrogan deseos de mayorías para justificar estos métodos como los únicos válidos para protestar, y de eso convencen a muchos, lo que abre las puertas a un posible y clásico rompimiento del orden constitucional.

La situación vivida recientemente con el problema minero podría caer en esta categoría. La crisis, cuya raíz es el hartazgo de sucesivos desgobiernos que así percibe la población, además de que el sector de radicalismo verde que hay en todas partes aprovechó la coyuntura de una falta de difusión de los compromisos y realidades de mitigación ecológica que la compañía minera está comprometida y que aplica en el proyecto.

Sobre la verdad y suficiencia o insuficiencia de esto nos enteraremos en el o los juicios arbitrales y no como un derecho difuso de protección a la ecología y salud que establece la Constitución, tesis absurda porque pudiera aplicarse a raja tabla a cualquier contrato o concesión, por ejemplo: una portuaria por el peligro de derrame de combustible, afectación de vida de especies de mar, etc., sin comprobarse previamente los hechos en que se basa la inconstitucionalidad.

De igual forma, la consideración de uso de fondo de mar para las operaciones portuarias es para el propósito operacional del puerto, maniobras de atraque, seguridad, etc. Si fuera por falta de especificar el uso, entonces todos los contratos ley portuarios Hutchinson, Evergreen, Manzanillo y Singapur, mañana podrían ser declarados inconstitucionales, porque el fondo de mar que los acompaña no tiene un listado, número, clausus, de lo que incluye ese fondo de mar.

Así podría seguir comentando muchos de los ‘intringulis’ de este inusual fallo de la Corte Suprema. Inusual por rápido, extenso y bajo, indudable, presión, no solo por los grupos que guardaban vigilia y ya habían demostrado algunos de ellos la capacidad de ejercer violencia; sino por la posición de chivo expiatorio que puso a los magistrados el Órgano Ejecutivo y Legislativo al pasarle la papa caliente de un pésimo manejo del contrato.

Ahora solo queda esperar las consecuencias sobre las cuales nadie puede predecir, pero los ingresos sustitutivos no se repondrán de la noche a la mañana, con dos factores trabajando en contra: el problema de agua en el Canal y la destrucción del sector de economía terciaria, de personas jurídicas en aras de exigencias desiguales y desproporcionadas de GAFI, Unión Europea y OCDE, a las que nuestro presente gobierno obedece cual corderos de manada en contra de los verdaderos intereses nacionales.

El autor es abogado.