Nuestras pensiones en el Pacto Bicentenario

La semana pasada, luego de varias horas de intenso debate, los miembros de la Comisión Nacional de Salud del Pacto Bicentenario, demostrando madurez, alto sentido de responsabilidad y compromiso con la demanda ciudadana por la sostenibilidad del sistema de pensiones, fueron capaces de apartarse de posicionamientos rígidos sobre cuál debe ser el modelo de pensiones a adoptar en Panamá, y generar un acuerdo que, respetando las diferencias, establece las bases para que los jubilados de nuestro país reciban pensiones justas que no sean inferiores al salario mínimo vigente y que sea sostenible en el tiempo.

Para poner en perspectiva este logro de la Comisión de Salud, es necesario conocer la composición de esta. Allí estuvieron presentes y altamente participativos, representantes de la Cámara de Comercio, los gremios de la salud, universidades, y de los trabajadores. Cumpliendo con su deber como comisionados de esta Mesa, interpretaron el clamor de la población y transmitieron su voz como un insumo a la Plataforma Ágora del Pacto Bicentenario, a la mesa del Diálogo por la CSS y al Ejecutivo; de manera que cualquiera que sea el sistema de pensiones que se defina como el apropiado para solventar la crisis que atraviesa el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social, este tome en consideración los puntos contemplados en este acuerdo.

Para comenzar, acordaron los comisionados, que el sistema que se adopte, ya sea el basado en la vuelta al sistema solidario para todos los beneficiarios o, la propuesta basada en un sistema de cuentas de ahorro individuales para todos los beneficiaros, deberá ser acordado de manera tripartita, lo cual garantizará su buena gobernanza. En ese mismo sentido, deberá ser integral, sin descartar ninguno de los planteamientos esgrimidos por los diversos actores de la sociedad y, la propuesta que se elija deberá ser cumplida en su totalidad para lograr el objetivo de la máxima sostenibilidad programada; contemplando el aumento del costo de la vida, con base al porcentaje de inflación anual para el pago de las pensiones.

No menos importante será que, el Estado, a través del Gobierno de turno y subsiguientes, cumpliendo con el principio de subsidiaridad, mantenga la responsabilidad de cumplir con todo lo pactado, como por ejemplo la transferencia anual de fondos gubernamentales al fideicomiso de IVM de la CSS (o cualquiera sea la figura que se defina). En todo caso, la solución a implementar deberá ser innovadora, viable y sostenible financieramente en el tiempo y, exigirá de la imposición de sanciones ejemplares para aquellos que infrinjan las leyes que resulten como consecuencia de la implementación de las acciones definidas por el DNC.

En este sentido, los comisionados manifiestan que, la CSS deberá modernizar sus procesos y sistemas de manera que puedan dar el mejor seguimiento posible a la morosidad, la evasión y la elusión. Desincentivarla, como lo establece el Código Penal y velando porque todos los emolumentos recurrentes sean considerados como salarios; lo cual implica que se combata y penalice la precarización de los salarios.

Por otro lado, los comisionados también consideraron el alarmante incremento de las actividades informales/independientes en nuestro país, recomendando al Gobierno actual la implementación de medidas macroeconómicas y el fortalecimiento de la educación, para incentivar la reactivación económica y el empleo formal. Por su parte, la CSS deberá implementar iniciativas que generen confianza en el cumplimiento de las promesas de atención en salud y pensiones, para atraer a estos emprendedores a la formalidad y así hacerlos parte del sistema de cotizaciones que les corresponda.

En este sentido, el Estado deberá velar porque se cumpla con todo lo establecido en la norma de Seguridad Social, entre esos que se cumpla con que todo trabajador asalariado debe estar afiliado a la CSS, que se garantice la cobertura a la mayor parte de la población (tendiente hacia la Cobertura Universal) y el cumplimiento en la promesa de los servicios de salud a los asegurados. Se subraya la obligatoriedad de tomar las medidas necesarias para promover el aumento de PEA del sector femenino, garantizando equidad de género e igualdad de oportunidades.

También se insistió en que, las autoridades de la CSS garanticen la transparencia en el manejo de su gestión y los bienes de la institución evaluando nuevas opciones para la utilización de sus fondos que generen mejores réditos que los actuales en el BNP y CA; evitando sobrecostos en la compra de insumos y servicios, con fiscalización interna y externa. Por su parte, el Estado deberá comprometerse a acabar con la corrupción, y combatir fuertemente la evasión fiscal.

Relacionado con este asunto de la lucha contra la corrupción, está la erradicación del clientelismo en la contratación de los recursos humanos de la institución. Acordaron los comisionados que, el Estado deberá tomar medidas para que la composición de todo el recurso humano de la CSS esté científica y administrativamente sustentada en su cantidad y calidad, este deberá poseer las competencias para cumplir a cabalidad con sus responsabilidades asignadas, y así evitar la carga financiera que representan los nombramientos políticos en la CSS.