¿Hacia dónde encaminan el proceso electoral?

La Asamblea Nacional sigue demostrando la falta de debate y consulta en torno a las leyes que se aprueban en ese hemiciclo. Hoy, en Comisión, se encuentra el proyecto de ley 544 que reformará el Código Electoral para las elecciones generales del 2024, presentado por los magistrados del Tribunal Electoral (aprobado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, CNRE).

Tal como señalará el Frente Amplio por la Democracia (FAD), “Lo que estamos presenciando en la Asamblea, con el tema de las reformas electorales, no es nada nuevo. El retroceso en materia electoral se ha venido agudizando periodo tras período. Salvo algunos cambios cosméticos y el interés de favorecer candidaturas denominadas “independientes”, pero que responden al poder económico, los partidos tradicionales deciden en función de sus propios intereses y de sus diputados”.

Somos del criterio que el Código Electoral es antidemocrático, así lo planteamos en el 2014, además, las reformas electorales anteriores también han sido antidemocráticas. Siempre los diputados han modificado lo que proviene de la CNRE y legislan en función de sus intereses. Hoy los magistrados deciden retirarse de la discusión, pero le decimos que lo que ocurre hoy es lo mismo que ha ocurrido en el pasado. Una vez más, los diputados se hacen una camisa a su medida.

Por ejemplo, en la aprobación de las últimas reformas electorales en que se basaron las elecciones de 2019, sustentamos que eran: inequitativas, excluyentes, clientelistas, antidemocráticas, inconstitucionales, ilegales, proporcionaban blindaje a políticos corruptos, les permitían evadir rendimiento de cuentas y sanciones, fortalecían la partidocracia, no fomentaban participación real de la mujer ni de la juventud. Igualmente, brindaban cuantiosos recursos de fondos privados a políticos tradicionales, mantenían puertas abiertas al narcotráfico y a empresarios que pasan factura después de las elecciones, permitían a los partidos tradicionales monopolizar el financiamiento público (94 %), promovían el negociado de los dueños de grandes medios de comunicación y publicitarias, asentían la reelección de funcionarios y autoridades corruptas, bloqueaban la participación de candidaturas populares y seguían haciendo de las elecciones una guerra de chequeras y no un debate de ideas.

Hoy, debemos decir que, de aprobarse incluso las reformas emanadas de la CNRE, cuya mayoría la definen los partidos tradicionales y los magistrados del Tribunal Electoral, no se resuelven las situaciones que fueran objetadas por el Frente Amplio por la Democracia (FAD).

No se abordan los temas electorales de fondo: cómo se nombran los magistrados del Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral; cómo se constituye la propia CNRE; el clientelismo; el financiamiento público, tanto pre como poselectoral, este último lo consideramos inconstitucional; el financiamiento privado que no debe existir; el voto en plancha y la forma de distribución de curules por cociente, medio cociente y residuo en favor de los partidos tradicionales; el papel de los medios de comunicación y el tema de las encuestas amañadas para manipular a la opinión pública y la impunidad en torno a ellas; la revocatoria de mandato; la recolección de firmas para los partidos en formación y candidatos por la libre postulación; la “paridad” de género que no brinda aún el papel protagónico que se merecen la mujer y los jóvenes. También, no se abordan las sanciones a candidatos populares que, al no ser debatidas en la CNRE, los magistrados dejaron su decisión en la Asamblea. Ahora pretenden la exclusión del proceso electoral de partidos que no se hayan conformado prácticamente dos años antes de las elecciones.

¿Hacia dónde nos encaminan? ¿A otro fraude electoral anticipado? Al aprobarse las últimas reformas electorales, advertimos sobre el fraude anticipado, y así ocurrió y volverá a suceder. Al FAD, además, se le robó el 2 % para su subsistencia. Todo esto estuvo plenamente documentado en informe presentado a la Fiscalía Electoral hace ya más de dos años sin obtener aún respuesta. Este fraude fue ocultado previo acuerdo entre las cúpulas de los principales partidos tradicionales, el poder económico y el Tribunal Electoral.

Si así fue en 2019, con más razón será en 2024 con unas reformas electorales, cuya decisión final queda en manos de una Asamblea y un Gobierno signados por la corrupción y el desprecio al sentir del pueblo y con una cada vez más notoria introducción de la narcopolítica y de bandas y mafias detrás de partidos, candidatos y autoridades electas.