La Nacionalización de la Fuerza y Luz

El día 31 de mayo de 1972, nueve oficiales de la Policía Secreta y de inteligencia de la Guardia Nacional se presentaron sin previo aviso en las oficinas de la Compañía Panameña de Fuerza y Luz, en el edificio Avesa, de la ´Vía España.

Cuando el personal  de la empresa de servicios de electricidad y telefonía  trató de detenerlos, el líder del grupo de uniformados contestó amenazante: ‘A partir este momento el Gobierno está manejando la compañía'.

Según explicó, hacían cumplir el Decreto Ejecutivo 109 del 29 de mayo, que cedía el control de la Fuerza y Luz al Estado, hasta tanto esta  (a) no emitiera el pago de $2 millones en deudas pendientes a Texaco y Esso Standard Oil (que habían pedido apoyo al Gobierno para cobrar la deuda) y (b) presentara un plan de expansión de los servicios de telefonía y electricidad para los próximos cinco años.

‘Con gusto cancelaremos las deudas pendientes al Gobierno de Panamá tan pronto como este nos pague lo que nos debe', contestaría Menocal. La cuenta era de entre $2 y $3 millones en cuentas atrasadas de electricidad y telefonía.

Pero las disposiciones del decreto eran claras. De no cumplir con sus disposiciones en los próximos 30 días, el Gobierno intervendría la empresa de forma definitiva.

PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL

En tiempos de creciente nacionalismo en América Latina y con la experiencia cubana todavía reciente, los accionistas de la Fuerza y Luz debieron sopesar la situación seriamente.

En los días siguientes, volaron al país tres altos directivos de la compañía Boise Cascade, propietaria del 89% de las acciones. Con ellos venía el mismo presidente corporativo, Robert V. Hansberger, quien recibió las más amables atenciones del entonces jefe del Ejecutivo, Demetrio Lakas.

Según un reporte medio burlón del diario NYT , fechado el 16 de junio, el panameño insistía en llamar al ejecutivo ‘Bobby' y en que este lo reciprocara con el apodo de ‘Jimmy'.

Tal vez lo que pretendía el presidente Lakas era minimizar la apariencia de conflicto entre las partes, en momentos en que las negociaciones eran seguidas atentamente por medio mundo, desde las oficinas del incipiente centro bancario panameño, hasta la ciudad de Washington.

‘No creo que el gobierno pretenda iniciar un programa de nacionalización de la industria', comentó al diario NYT el profesor Víctor Cruz Urrutia, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Gas y Telefonía, nombrada por el gobierno del general Omar Torrijos para dar seguimiento al sector.

Pero Urrutia también reconocería al mismo medio que había ‘muchas y profundas divisiones en el Gobierno panameño con respecto a este punto' y que era ‘imposible predecir' qué pasaría con la Fuerza y Luz o cualquier otra compañía.

A pesar de la amabilidad del gobierno panameño con sus contrapartes, ambos grupos se estancaron en sus respectivas posiciones y después de varios días de conversaciones, los ejecutivos de la Boise Cascade salieron abruptamente del país.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Contrario a como lo presentaban los medios de comunicación estadounidenses al mundo, el forcejeo entre el gobierno panameño y la compañía de Fuerza y Luz no era una ocurrencia de la junta provisional de gobierno, alentada por la infiltración comunista en los círculos cercanos al general Torrijos. Se trataba más bien de un problema que se extendía a más de una década de tensiones.

El tema había llegado a casi punto de ebulllición en la década de los 50, a medida que aumentaba en el país el nacionalismo y la desconfianza hacia los inversionistas extranjeros, a quienes se veía como explotadores y ‘ladrones de divisas'. Desde entonces una parte de la población incluía entre sus consignas el llamado a nacionalizar la compañía que mantenía un monopolio de los servicios en la zona interocéanica.

ORIGEN DE LA FUERZA Y LUZ

El servicio de electricidad en Panamá empezó a funcionar desde la última década del siglo XIX, suplido por plantas de energía de baja generación y capital local y norteamericano, que proporcionaban el servicio en horas del anoche.

Eran empresas relativamente pequeñas hasta que, en diciembre de 1916, llegó al país el norteamericano Henry Whalas Catlin, con deseos de abrir un negocio a gran escala.

En tiempos en que los gobiernos del país cedían ventajosos contratos a compañías extranjeras, Catlin, con la ayuda del subsecretario de Fomento Ramón L. Vallarino, convenció al gobierno de Ramón Maximiliano Valdés de asignarle las mayores ventajas (Contrato No. 2 del 13 de enero de 1917) .

El que con el tiempo sería llamado ‘Concesión Catlin' cedía al concesionario y a sus sucesores los derechos para el suministro y distribución de energía eléctrica y comunicaciones telefónicas. Le permitía usar tierras nacionales y municipales, caminos, calles, plazas y demás lugares públicos para sus instalaciones y aprovechar las aguas corrientes sin tener que pagar impuestos o derechos municipales. El contrato no podría ser modificado ni reformado sin el consentimiento escrito de las partes. Y lo mejor de todo para Catlin: era a perpetuidad.

Sorprendentemente, la empresa de Catlin nunca llegaría a operar. Al tiempo que este ciudadano estadounidense lograba hacerse con su contrato, vendía sus derechos a la Compañía Panameña de Fuerza y Luz, simultáneamente registrada en el estado de Maine, Estados Unidos.

En los próximos años, la ventajosa posición competitiva permitió a la Fuerza y Luz dominar el mercado, a través de la adquisición de las pequeñas empresas de capital panameño y norteamericano que todavía operaban – la Panama American Corporation, la Colon Electric and Ice Supply Company-, consolidándose en un monopolio en las provincias de Panamá y Colón que para 1972 tenía ya 200 mil clientes.

LA PROBLEMÁTICA CONCESIÓN

En las primeras décadas de la República, no se percibía ninguna anomalía alrededor de la Concesión Catlin, un contrato sustentado en la Constitución liberal de 1904, que no atribuía al Estado ninguna obligación de carácter social.

En teoría, la concesión Catlin estaba para proveer rentas al estado, en el orden fiscal y general, y no para suplir obligaciones de servicio publico. Sin embargo, la ley sí reconocía la naturaleza monopolística de este tipo de empresa al imponer un límite de restricción a las ganancias del 8.75% (Víctor Cruz Urrutia, Revista Lotería , julio de 1972).

Todo cambiaría con la adopción de las constituciones de 1941 y 1946. Esta última sobre todo establecía en su artículo 227 que el estado debía intervenir en las empresas privadas para hacer cumplir los fines de ‘justicia social'.

En ese sentido, el Estado tenía el derecho y la obligación de regular las tarifas de los servicios y los precios de los artículos de primera necesidad, exigir eficacia y coordinar servicios y producción

Bajo esta perspectiva, se empezó a ver con preocupación el lento avance de la cobertura de servicio eléctrico en el país.

En 1960, solo el 43% de las viviendas del país tenían alumbrado eléctrico. En Coclé, apenas lo tenía el 15% de las viviendas; el 36%, en la provincia de Chiriquí; 16%, en la provincia de Darién; 18%, en Herrera; 11%, en Los Santos y 8% en la provincia de Veraguas.

SE CREA LA CONISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

A fines del año 1957, el gobierno de Ernesto de la Guardia creó la ‘Comisión Nacional de Energía Eléctrica' con el objeto de regular el sector.

Entre otras cosas, la comisión debía analizar si era viable legislar por encima de la Concesión Catlin.

De acuerdo con el mencionado reporte escrito por Urrutia para la revista Lotería , ‘prestigiosos abogados panameños, formados en la más pura tradición civilista, miraban la Concesión Catlin de 1917 como un contrato civil, de esos que son ley entre las partes y, según ese criterio, el estado no podía intervenir en los negocios de la Fuerza y Luz'.

Sin embargo, la investigación de la propia comisión encontró sustento para una nueva legislación. Desde el siglo XVIII, el derecho anglosajón reconocía la necesidad y derecho del soberano a fijar los precios a las actividades monopolísticas de servicio público, por encima de los contratos.

Por su parte, en los países regidos por el concepto de la norma civil también reconocían, desde fines del Siglo XIX, el derecho del Estado Soberano a regular unilateralmente las tarifas independientemente de la existencia de contratos (Urrutia, 1972).

Bajo esta posición, la Comisión de Energía Eléctrica formada por el presidente de la Guardia emitió el Decreto Ley 3 de 1958, que establecía varias restricciones a la concesión Catlin y buscaba términos más favorablesse para el país, especialmente, cancelar su condición de ‘perpetuidad'.

Pero la situación política y económica del país se complicó tremendamente en los últimos años de gobierno de De la Guardia y su gobierno demoró la aprobación del Reglamento hasta mayo de 1960. Para entonces, el partido gobernante era derrotado por una alianza presidida por el Partido Liberal (Roberto Chiari).

A partir del mismo momento en que se terminaron de contar los votos y se declaró a Chiari presidente electo, la Fuerza y Luz hizo caso omiso de la Comisión, hasta el punto de no contestar las cartas que su director le dirigía.

En 1961, la Fuerza y Luz interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos del Decreto ley 3 de 1958. El fallo fue favorable a la empresa. Seguía la concesión Catlin vigente para la Fuerza y Luz, aunque las compañías de electricidad privadas existentes en otras áreas del país si se regían por el nuevo decreto ley.

En 1964, el gobierno de Roberto Chiari intentó implementar nuevamente el Decreto Ley, pero otra demanda de la empresa impidió que siguiera adelante. Durante el gobierno de Marcos Robles no se adelantó nada sobre el tema.

Los problemas apenas empezaban.