Cambio en ley encenderá el debate sobre el número de cédula como un dato privado

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) llamó a un proceso de consulta de cuatro meses para actualizar la Ley 6 de 2002 sobre transparencia en la gestión pública y la Ley 33 que creó dicha entidad.

La ley de transparencia debe actualizarse tras 18 años de su creación, aseguró la directora de la Antai, Elsa Fernández. La entidad necesita ampliar el número de artículos que supervisa en las otras entidades —actualmente supervisa 24 artículos y la ley le permite un máximo de 30— mientras que otros países supervisan arriba de 80 artículos relativos a la transparencia.

La modificación también atacaría vacíos legales importantes que existen en la ley actual. Y para bien o para mal, también debe adecuarse e integrarse con la Ley 81 de 2019, relativa a la protección de datos.

Uno de esos vacíos legales que augura un polémico debate es el tratamiento del número de cédula en las planillas estatales.

Actualmente la única entidad que publica el número de cédula del funcionario es la Contraloría General. Pero es un dato 'adicional', ya que la Ley 6 de Transparencia no lo exige expresamente. También es un dato clave para la trazabilidad de los funcionarios, sus salarios y una herramienta para denunciar el nepotismo.

Consultada previamente por este medio, la abogada Olga De Obaldía, del capítulo panameño de Transparencia Internacional, reconoció que existe un vacío legal sobre este tema, pero afirmó que “definitivamente sería un retroceso importante (eliminar el número de cédula del funcionario en la planilla estatal), sobre todo cuando existen varios fallos de la Corte Suprema de Justicia que ratifican que el número de cédula del funcionario público es un dato a publicar en las planillas estatales”.

La jurista citó al menos dos fallos de la Corte: uno del 7 julio de 2004 que resolvía una acción de habeas data interpuesta por el abogado Juan Antonio Tejada, ex defensor del Pueblo, contra el Ministerio de Comercio e Industrias.

Y un segundo fallo del 26 de octubre de 2017, que resolvía un habeas data a favor del diario La Prensa, que en ese momento interpuso la acción contra la Asamblea Nacional para acceder a la lista completa, con nombre, cédula y monto de los contratos para funcionarios por servicios profesionales.

Erick Gordón, creador del buscador planillapty.com, que utiliza la base de datos de la Contraloría para procesar información y analizar tendencias sobre la planilla estatal, piensa que esto enviaría un mensaje negativo sobre transparencia de información por parte del Gobierno, al reducir la información y complicar su acceso.

Aseguró que, de ocurrir, adaptaría la plataforma, pero explicó que se compromete el hecho de poder identificar al colaborador de manera puntual al no contar con el número de cédula.

Fernández, rectora de la Antai, adelantó que la próxima semana se reunirá el consejo que reglamentará la Ley de Protección de Datos, cuya aplicación iniciará en 2021. Allí se discutirá el tema porque el número de cédula es una información personal que da trazabilidad directa a cualquier individuo. “Va a ser polémica porque también hay personas que piensan que estamos limitando la transparencia”, aseguró.

El propósito de la consulta de Antai es también para aumentar las sanciones administrativas contra las entidades que no cumplan con los artículos de transparencia, agregar aspectos sobre gobierno abierto y aumentar el número de artículos de la ley de transparencia que pueden monitorear, además de solicitar mayor músculo para hacerlo: hoy lo hacen con 45 funcionarios y un presupuesto anual de $2.2 millones, recalcó la funcionaria.

Lía Hernández, directora ejecutiva de Ipandetec y quien participó de cerca en la ley de protección de datos, explica que para evitar que el número de cédula sea mal utilizado por un tercero, la Antai debe buscar una manera de desasociar o anonimizar el dato, “algo muy técnico, que tomará mucho trabajo y que, definitivamente, será muy controversial”, apuntó.