MEF recorta presupuesto de 2024, el impacto de la crisis en las finanzas públicas

Los efectos de las protestas en contra del contrato ley 406 que suscribió el Estado y Minera Panamá alcanzaron el presupuesto del Estado del próximo año. Ayer, en conferencia de prensa el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, manifestó que reducirá el monto del presupuesto nacional de 2024 que ascendía a $32.754 millones. Si bien la cifra fue calificada como 'abultada' por algunos economistas del patio, la razón por la que el MEF hará modificaciones responde a que por el momento no recibirá las regalías, impuestos y obligaciones de la mina.

Aunque no especificó la cantidad o el porcentaje que reducirá, Alexander indicó que este nuevo presupuesto evalúa diferentes escenarios con respecto a la futura configuración: “le estamos metiendo mucho tiempo y mucho análisis”.

Esto, en función de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está a punto de declararse en sesión permanente para analizar 10 demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406.

En días pasados la empresa canadiense efectuó un pago de $567 millones en regalías e impuestos que corresponde a $395 de 2022, pero que fue congelado por el gobierno a la espera de la decisión de la CSJ debido a que se trata de pagos retroactivos.

Parte de los ingresos que recibiría el gobierno de la mina, $161 millones anuales tenían como destino el aumento a aproximadamente 120.000 jubilados, $350 mensuales como base, no obstante el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau, indicó que no podrá hacer efectivo el incremento programado para este 20 de noviembre ante la ausencia de la fuente de financiamiento para el incremento.

Los recortes al presupuesto, no obstante, no podrán concretarse en todas las instituciones por igual; algunas son autónomas aunque su presupuesto está incluido en la cifra total. Pero en el gobierno central se pueden hacer recortes a la Asamblea Nacional, por ejemplo, que incrementó en $60 millones su estimado para este año, superando los $206 millones.

En otros renglones es casi imposible hacer reducciones. Por ejemplo, el sector educativo por ley debe recibir un 7% del producto interno bruto, lo que representa una cifra superior a $5,7 mil millones, un aumento de $1.300 millones en comparación con el año anterior.

El nuevo presupuesto, por tanto, deberá centrarse en instituciones del gobierno central sin tantas ataduras, ya que la versión original también incluía aumentos en el sector salud y el Órgano Judicial, que por ley debe recibir un 2% del PIB.

La situación que vive el país ha generado criterios encontrados en el Gabinete sobre cómo manejar la crisis, según conoció La Estrella de Panamá de algunas fuentes gubernamentales que solicitaron anonimato.

“Hay división de ideas sobre el futuro del contrato”, indicó la fuente. Se espera el próximo fallo de la Corte, la pregunta es: ¿cuál es el plan B una vez que se pronuncien los magistrados?

Según el sociólogo Enoch Adames, profesor de la Universidad de Panamá, si la CSJ falla a favor de la inconstitucionalidad “podrán ejercer un control de daños”. Para el profesor, la crisis social que vive el país “es de proporciones bíblicas, descomunal, porque ha atravesado a todos los sectores”. De alguna manera, dice, “todos se han involucrado en el tema por distintas razones, en algunos casos hay convergencia de ideas o puntos, en otros no, pero la atención de la mayoría está puesta en el contrato minero”.

Hasta el momento una de las grandes debilidades del gobierno ha sido la falta de liderazgo, estrechar la comunicación con el pueblo y explicar en detalle a qué escenarios se enfrenta el país con cada una de las opciones que pueden emanar de la CSJ. Entre estas, las legales en un casi seguro arbitraje internacional, las sociales y económicas en caso de indemnización.

Si declaran inconstitucional el contrato, tal vez no será suficiente para detener las protestas de los grupos que exigen la derogación. El problema, se preguntó un funcionario de alta jerarquía que conversó con La Estrella de Panamá, es: “¿hacia dónde vamos como país?”. Admite que en el periodo de consulta en la Asamblea Nacional se debió ofrecer más tiempo a la población para exponer su criterio. “Los estándares internacionales no fijan un tiempo determinado”, señaló.

Ante la situación de impasse social que vive el país, se percibe un “ambiente enrarecido”, según algunos empresarios. “Pareciera que ninguna situación jurídica será aceptable si antes no se calman las aguas”, dijo Adames.

La consigna en las calles se centra en el tema minero, pero quienes han profundizado con una mirada más cercana el desgarre social, identifican problemas estructurales que obedecen a reclamos de la sociedad: un hartazgo contra la clase política que parece manejarse de forma impune sin importar la administración de turno, instituciones débiles que han perdido la credibilidad, manipulables, impunidad y corrupción, el juega vivo que prima en casi todos los sectores y la poca o nula atención que los gobiernos de turno, solo por mencionar algunas posiciones que recogió este medio.

La situación ha generado una polarización del concepto de defensa de los intereses de la nación. Por un lado, se levanta una población que exige la apertura de vías al sentirse 'secuestrados' por los grupos de protesta, y por el otro, la solicitud de la derogación de la ley 406 como condición para abrir las calles por parte de grupos indígenas, sindicatos y profesores.

Si el gobierno accede a derogar la ley que encierra el contrato con Minera Panamá, pondría a la República de Panamá en una situación 'difícil' ante un tribunal internacional, considerando que una misma Asamblea Nacional aprobó la ley y semanas después la deroga. “Este tipo de actuaciones parecieran 'caprichosas' ante un tribunal de arbitraje internacional”, señaló previamente a La Estrella de Panamá el especialista en arbitrajes internacionales Carlos Arrue. En el proceso, agrega, “se podría alegar que los diputados no ponderaron algunos puntos que posteriormente fueron evaluados”, comentó Arrue.

Para los juristas es claro que cualquiera que sea la decisión de los magistrados, que entrarán en sesión permanente a partir del 24 de este mes, debe ser de obligatoria ejecución. En este menú de opciones podríamos encontrar que el contrato se declare inconstitucional en su totalidad, o una decisión mixta, es decir, que algunas de las cláusulas riñan con la Constitución, o finalmente que se declare constitucional.

Al sondear la opinión de políticos, abogados y empresarios, la mayoría converge en que la situación por la que atraviesa el país, de cierres y paros constantes, obedece a la ausencia de una política o un canal de comunicación efectivo con la sociedad, la falta de credibilidad y de un interlocutor que converse con los núcleos de conflicto para generar una salida, y el poco o nulo liderazgo que percibe la población para manejar la crisis.

“Una salida que debe emanar del poder, no de funcionarios de menor jerarquía”, apunta el sociólogo enfatizando especialmente que la estructura del poder en nuestro país está jerarquizada, es presidencialista.

“También es evidente que existen grupos con intereses políticos de izquierda que buscan crear caos, sacar provecho de la crisis, para imponer sus propios intereses y tomarse el gobierno”, opinan empresarios.

“La responsabilidad de gobernar y conducir al país en una crisis puede componerse con un cambio de Gabinete y el llamado a un diálogo para salir del atolladero”, indicó el sociólogo Adames. ¿Cuál es el soporte del diálogo? El profesor no lo sabe. Así como tampoco se conoce si hay voluntad de los manifestantes en participar del mismo, “algunos solo están interesados en su propia agenda”, escuchó este medio del empresario.

Sin embargo, para Adames “el diálogo es un valor ético y político al que no se puede renunciar”. Un elemento importante de la “política en términos de la construcción colectiva y de bienestar al que puede recurrir el gobierno de una forma ética para salir de la crisis”, señaló el profesor.

De alguna manera, las consecuencias del paro y cierre de vías han incidido en una situación que, aunque no se puede asegurar que responde a una estrategia económica del gobierno, impacta a los sectores en protesta.

Entre estas contamos, por ejemplo, la reprogramación del Ministerio de Desarrollo Social pospuso la entrega de subsidios en áreas de difícil acceso, como el pago de 120 a los 65, la Red de Oportunidades, Senapan y Ángel Guardián. Esto, según indicó la ministra de la cartera, María Inés Castillo a La Estrella de Panamá, obedece al corte de vías protagonizado por diferentes grupos que impiden el acceso de los camiones blindados que transportan el efectivo, que asciende a un monto de $6 millones. Se trata de aproximadamente “32.000 beneficiarios, en áreas de difícil acceso y comarcales, que recibirán el dinero tan pronto se normalicen las vías”, manifestó la ministra.

Mientras que los subsidios que se realizan por transferencia o sistema clave, que suman $40 millones, están programados para principios de diciembre sin alteraciones al calendario.

Otro impacto de la crisis ha sido la suspensión del programa 'Navidad solidaria' que intentaba ayudar a los productores con 12 millones de piezas de cerdo y pollo por la complicada logística ante el corte de vías.

Por su parte, el Ministerio de Educación (Meduca) hizo el último llamado a los docentes para que retornen a clases, luego de un mes de paro que se cumplió ayer 20 de noviembre. La entidad advirtió que los docentes que no asistan a sus puestos de trabajo podrán enfrentar medidas administrativas, sin especificar que se trata del salario.

Este lunes 20 de noviembre la capital sufrió 39 puntos de cierre a raíz del llamado a un paro nacional por 24 horas, el segundo en menos de una semana. Las carreteras de Panamá, especialmente las que comunican al país con Centro y Norteamérica, han permanecido cerradas desde hace casi un mes por grupos heterogéneos, a veces de forma permanente o intermitente. Tan solo en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, al oriente de la República, se registran al menos 25 bases distintas que mantienen las vías cerradas. Una situación similar ocurre en otras provincias, como Santiago de Veraguas, y más cerca de la capital, en el oeste donde viven más de 600.000 personas, la mayoría no puede llegar a su trabajo.

Los tranques de paso han causado miles de millones de dólares en pérdidas. Han aislado a la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro del resto del país, obligando a abastecerse de combustible del vecino Costa Rica.

Las pérdidas económicas superan los $1.000 millones, según cálculos de los empresarios. Lo que nadie se atreve a apostar es cuánto tiempo más durará esta crisis.