Contrato: Minera Panamá complacida; las protestas se agudizan

Las protestas que se realizan en diversos puntos del país en rechazo a la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que establece el contrato entre el Estado y Minera Panamá, habrían generado pérdidas de entre $60 millones y $90 millones, según informó el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Adolfo Fábrega.

Fábrega manifestó que las pérdidas millonarias son parte de las consecuencias de los cierres masivos de calles en las principales avenidas del país, desde Chiriquí hasta el sector este de la provincia de Panamá. El empresario enfatizó que los más afectados han sido los microempresarios o trabajadores independientes.

“Nos preocupan estos sobresaltos que no permiten que la economía se reactive luego de la pandemia”, sostuvo Fábrega.

Ayer el malestar ciudadano por la aprobación y sanción del contrato entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals por 20 años, con la posibilidad de prórroga por otros 20 años, se tomó vías, calles y avenidas.

En el lado este de la provincia de Panamá, en Pacora, hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes. Desde la madrugada, centenares de personas caminaban para llegar a sus destinos y alejarse del área de los enfrentamientos donde policías lanzaban gases lacrimógenos y los manifestantes (entre ellos, indígenas) respondían con piedras. “Pedían derogar la Ley 406” , que aprueba el contrato.

De igual manera, la vía Interamericana, la principal del país, por donde circulan alimentos y otros enseres, quedó cerrada a la altura de Tolé (Chiriquí) y Santiago (Veraguas). Los manifestantes en la provincia de Veraguas amenazaron con un cierre indefinido de la vía, partir de las 3:00 de la tarde.

Los gremios docentes también se sumaron a las protestas de las dos provincias. Los de Veraguas anunciaron un paro de 48 horas, a partir de hoy martes.

También hubo cierre de vías en Arraiján cabecera, Burunga, Vacamonte. También ocurrió un enfrentamiento entre antimontines y manifestantes en el sector oeste del puente de las Américas. En la ciudad de Panamá se realizaron protestas en la vía Transístmica, en la cinta costera, avenida de los Mártires, vía Centenario, Tumba Muerto, la Cabima y avenida México.

En las manifestaciones participaron diversos sectores, incluyendo el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

También en la 5 de Mayo, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, se realzó una concentración masiva de rechazo al contrato.

Por su parte, la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) se unió a los grupos que se oponen a la Ley 406 y no descarta tomar medidas de fuerza, entre ellas un paro escalonado e indefinido de labores.

Consideran que este contrato es “inconstitucional”, ya que aseguran permite la devastación y catástrofe irremediable en la biodiversidad del Corredor Biológico Mesoamericano, y entrega la soberanía a una nación extranjera.

La empresa Minera Panamá, mediante un comunicado, anunció la entrada en vigencia de este contrato ley.

En el comunicado se cita a Tristán Pascall, director ejecutivo de First Quantum, quien expresó que “nos complace que el contrato revisado establezca las bases para una relación renovada a largo plazo entre Panamá y empresa”.

Añadió que el contrato permitirá tanto la inversión en la mina como su importante contribución a Panamá y a su gente. “Nos comprometemos a cumplir con las obligaciones del contrato y a ejercer una gestión responsable de la mina Cobre Panamá, incluyendo un impacto positivo continuo en nuestra fuerza laboral, las comunidades vecinas y el medio ambiente”, indicó.

A primeras horas de la mañana de ayer y al mismo tiempo que se iniciaban las manifestaciones, empezaron a llegar las demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley 406.

Los abogados Juan Ramón Sevillano, Ernesto Cedeño y Roberto Ruiz Díaz fueron los primeros en accionar legalmente contra este contrato avalado apenas el pasado 20 de octubre.

Sevillano fue uno de los abogados que presentó la demanda en contra del contrato original pactado en 1997, y que en 2017 fue declarado inconstitucional por la CSJ. Susana Serracín, en representación del Centro de Incidencia Ambiental, también demando el contrato de 1997.

A juicio de Cedeño, la Ley 406 viola directamente el artículo 259 de la Constitución, al considerar que la concesión que el Estado hizo a Minera Panamá, “beneficia abruptamente” y le concede privilegios que “no tiene ninguna otra empresa en Panamá que contrate con el Estado”.

De igual manera objeta la parte económica que recibirá el Estado, que establece un pago anual por una suma no menor a $375 millones y que considera como “exigua”.

El abogado Roberto Ruiz Díaz consideró que la Ley 406 viola los artículos 4, 17, 32, 159, 257, 259, 266, 290 de la Constitución y el artículo 7 de la Ley 125 del 4 de febrero de 2020, con el que se aprobó y reconoció el convenio o Acuerdo de Escazú.

Ayer mismo se conoció que la demanda interpuesta por Sevillano tendrá como ponente a la magistrada María Eugenia López; la presentada por Cedeño será tramitada por la magistrada Miriam Cheng, y la interpuesta por Ruiz Díaz le correspondió a la magistrada María Cristina Chen.

Según Ruiz Díaz, de ser admitidas las tres, en un momento se deberían acumular para obtener un solo fallo. “Pero como cada maestro tiene su librito, algunas pueden ser no admitidas y otras si. Veremos”, indicó.

El Ministerio de Educación (Meduca) informó, mediante un comunicado, que las clases presenciales en el sector público continuarán suspendidas hoy martes en las 16 regiones educativas del país.

Sin embargo, el personal docente y administrativo deberá cumplir estrictamente su horario laboral, acudiendo a sus planteles correspondientes para atender sus responsabilidades administrativas y académicas.

Mientras que las escuelas particulares quedan exentas de esta disposición, y sus directivos podrán decidir retomar las clases en el momento que lo determinen.