Comisión de Comercio concluye consultas del contrato ley minero

La comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional concluyó el proceso de consultas ciudadanas al proyecto de ley 1043 que establece el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá.

Esta segunda fase de consultas culminó en el corregimiento de Llano Grande, distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé, en un ambiente de ánimos caldeados y donde la mayoría de los asistentes estaban a favor del proyecto, contrario al algunos grupos que se oponen al mismo. Esta instancia ya había realizado dos reuniones previas, una el pasado lunes en Miguel de la Borda, distrito de Donoso, en Colón, y luego el miércoles en Coclesito, en el distrito Omar Torrijos Herrera, también en Colón, en donde sus moradores pedían devolver el proyecto al Ejecutivo.

Culminado este proceso, la comisión de Comercio deberá entrar de lleno con la discusión en primer debate del proyecto, pero antes se tendrá que elaborar un informe de todo el proceso de consultas. Aún no hay fecha precisa para retomar la discusión del documento.

Frente al pedido de algunos sectores políticos, de la sociedad civil y moradores de las comunidades visitadas durante estas consultas para que el contrato sea rechazado y devuelto al Ejecutivo, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, afirmó que el contrato representa los mejores intereses del país en comparación con lo pactado en el anterior que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

El ministro destacó que el nuevo contrato busca asegurar más de 7.000 plazas de empleo y que contiene normas ambientales que no tenía el anterior.

“Qué vamos a hacer nosotros con esos más de 7.000 empleos en caso de que este contrato se rechace, creo que este contrato representa los mejores intereses del país en comparación con el contrato anterior”, recalcó Alfaro.

El Comité Ecuménico de Panamá, presidido por el obispo Julio Murray, y el Comité Interreligioso de Panamá, presidido por el rabino Gustavo Kraselnik, en un comunicado conjunto cuestionaron el proyecto. La expropiación de tierras, y actividades económicas a potestad discrecional de la concesionaria le otorga de facto los derechos del Estado, señala el comunicado. La tierra no puede pertenecer a una persona o a un grupo para solamente sus intereses económicos, sin considerar el bien común de la comunidad humana.

Ambos entes religiosos exhortaron a las autoridades a declarar una moratoria a la minería metálica y entrar a dialogar el futuro sostenible del país.

Mientras que organizaciones obreras y de la Universidad de Panamá realizaron diversas acciones de protesta y cierres de calle en diversos puntos de la ciudad capital y de Panamá Oeste, en rechazo al proyecto.

De igual manera, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) y el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) intentaron presentar un incidente de desacato ante la Corte Suprema de Justicia, contra el presidente Laurentino Cortizo, ministros de Estado y diputado por supuestamente ignorar el fallo de esta corporación de justicia que declaró inconstitucional el contrato originalmente pactado en 1997.

No obstante, se conoció que este no fue recibido luego que se les informara que no eran parte del proceso.