A debate, contrato ley entre el Estado y Minera Panamá

Luego de que fuera definida la semana pasada la metodología para la discusión en primer debate del proyecto de ley 1043, que aprueba el Contrato de Concesión Minera celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Panamá S.A., la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional tiene previsto iniciar en la tarde de hoy el primer debate de este proyecto.

No obstante, los interesados en participar de este primer debate tendrán hasta el medio día de hoy para inscribirse formalmente a través de la dirección de correo electrónico de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos: ccomercio@asamblea.gob.pa o al teléfono 512-8095, y de manera presencial, en horario de 8:00am a 12:00pm, en el Auditorio Carlos "Titi" Alvarado ubicado en el cuarto piso del edificio nuevo de la Asamblea Nacional.

Una hora después, en este mismo auditorio está convocada la Comisión para darle el primer debate a este provecto.

Definida ya la metodología, salvo que sea presentada alguna propuesta de modificación de la misma, se espera que inicie la intervención de los sectores de la sociedad civil interesados en participar del debate.

“Mañana (hoy) arranca la discusión del contrato minero. Un contrato que permitirá en nuestro país una actividad altamente contaminante de nuestro ambiente. Mañana desde las 8 a.m. acuda a la Asamblea y asegure que su voz sea escuchada”, escribió en su cuenta de tuiter el diputado Juan Diego Vásquez, quien forma parte de esta instancia legislativa.

En tanto, Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de le Empresa Privada (CoNEP) manifestó que la posición del gremio es que el contrato entre Minera Panamá y el Estado debe ser aprobado, y dijo que de ser rechazado el país podría enfrentar demandas internacionales.

“Si hubiese algo que no esté hecho, es mucho más fácil tomar una decisión, pero aquí hay una actividad en funciones, con trabajadores que dependen de esa actividad que genera recursos para el Estado panameño. Parece un poco dramático decir, vamos a rechazar ese contrato porque hay unas consecuencias que surgen de e se rechazo”; indicó.

El abogado Roberto Ruiz Díaz, ripostó a lo planteado por Castillo. “Metiéndole miedo al país con demandas” [...] Lo triste es que sean abogados los que salgan con esa cantaleta, que sabe precisamente como son los temas arbitrales y que el gobierno no incumplió, fue la Corte quien determinó la inconstitucionalidad y le toca al Estado ejecutar”, enfatizó Ruiz Díaz.

Por otro lado, también en materia legislativa, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Adolfo Fábrega García de Paredes mostró su preocupación y rechazó cualquier intento de modificación de la Ley de Transparencia, sin antes agotar y acatar todas las consultas posibles.

El pasado 27 de abril, el ministro de la Presidencia José Simpson Polo, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional, un proyecto que modifica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y que debe ser discutido en los próximos días por a Comisión de Gobierno.

Para Fábrega García de Paredes revisar esta ley y hacerle modificaciones no debería ser objeto de mayor controversia, por lo que, en principio, no se oponen a ello.

No obstante, considera que circunscribir una discusión de esta magnitud a unos pocos, obviando una amplia y extensa consulta ciudadana, con un apuro inexplicable y el hecho de que estamos en medio de un torneo electoral da pie para preocuparnos y rechazar cualquier intento de modificación sin antes agotar y acatar todas las consultas posibles.

"Aunque recibimos con alivio la decisión de la Asamblea Nacional de extender el periodo de consulta en un escenario que permite mayor participación y acceso a la discusión, creemos que la actual coyuntura político-electoral crea condiciones perjudiciales para modificar una ley de tanta importancia, por lo que solicitamos postergar el debate", sostuvo.

Destacó que en cualquier caso, se mantendrán vigilantes si, por lo contrario, la intención final de reformarla es beneficiar el juega vivo, la politiquería y la opacidad; "lo cual es totalmente contrario al espíritu con que se promovió esta innovadora ley hace ya más de 20 años".