Levantarán la confidencialidad de acuerdo judicial en el caso Blue Apple

Los acuerdos de pena de Jorge Ruiz y María Antonia Lee, que se concretaron antes de comenzar el juicio por la causa de Blue Apple, se conocerán durante el desarrollo de la audiencia.

La fiscalía a cargo de la investigación, representada por el fiscal Aurelio Vásquez, no mostró oposición a la solicitud de la defensa para conocer los detalles de los acuerdos.

Lo que se conoce del acuerdo de pena es que se pidió el comiso de $9,2 millones, luego de concretarse el acuerdo de pena.

El fiscal Vásquez informó que llegar a un acuerdo de pena no necesariamente significa que las personas no irán a prisión.

Los acuerdos de pena concretados, alcanzados por 15 personas, incluyen hasta 60 meses de prisión.

En el segundo día de audiencia por el caso Blue Apple, contra 18 imputados por la presunta comisión de los delitos contra la fe pública, la seguridad colectiva, la administración pública y el orden económico, se concluyó con la lectura del auto de llamamiento a juicio.

Además, se presentaron y admitieron pruebas extraordinarias por parte de la fiscalía y los defensores. Al final de la tarde se inició el proceso de evacuación de testimonios.

Entre las pruebas presentadas hay documentación que les remitió la Fiscalía de Asuntos Internacionales y que fueron enviadas desde Suiza, luego de pedir una asistencia internacional.

Esa documentación está relacionada con unas cuentas bancarias que fueron abiertas en Suiza.

También la fiscalía presentó como prueba extraordinaria la solicitud del testimonio de Mauricio Cort García.

Por su parte, Alfredo Vallarino, abogado de César Jaramillo, pidió el testimonio de Federico Barrios.

Vallarino aseguró que “literalmente, Federico Barrios Alaín es Blue Apple, y es un punto de referencia para todas las personas que están aquí imputadas”.

Durante la lectura del auto de llamamiento a juicio para los imputados, donde se destacaron proyectos de construcción a nivel nacional, se giraron cheques de diversas sociedades que se crearon para ir a parar a la cuenta de Blue Apple Services, por altas sumas de dinero y facturas falsas, como parte de sobornos pedidos para ayuda política, detalle brindado por los contratistas del Estado en sus descargos, quienes, además, señalaron a un exministro de Obras Públicas (2009-2011) por solicitar las “ayudas” .

En el auto de llamamiento a juicio se detalló cómo el exministro de Obras Públicas José Federico Suárez, según la investigación, recibió varios pagos por $300.000, $180.000 y depósitos superiores a los $2 millones a través de una sociedad que hicieron empresas que tenían obras con el gobierno.

En el caso de Jaime Ford se reveló que el dinero era identificado como ayuda política y se pedía hasta un 10% del total de los contratos.

También se explicó el sobreseimiento provisional para 18 personas, por el simple hecho de que la fiscalía no logró comprobar los delitos que se les señalaba.

La decisión del tribunal de juicio se debe a que se pudo concretar que las personas no eran los beneficiarias finales y los documentos fueron falsificados y alterados.

Esta investigación comenzó el 30 de octubre de 2017, a través de un informe de inteligencia policial, que hace referencia a la sociedad anónima Blue Apple Services, creada por varias personas (miembros de la administración de gobierno del período 2009-2014) con el propósito de “disfrazar o blanquear dinero”, presuntamente obtenido de coimas o sobornos recibidos por la concesión de varios proyectos de construcción, a nivel nacional, para lo cual utilizaron el sistema bancario local e internacional con el propósito de darle apariencia legítima.

El Ministerio Público logró recuperar $32 millones que fueron malversados del Estado panameño, de los $82 millones que fueron empleados para el blanqueo de capitales a través de sobornos.