MEF y abogados se reunirán para tratar regulación de la ley 254

El Grupo por la Igualdad Financiera Internacional (Gapifi) tiene agendada para este martes una reunión con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander para insistir en la posibilidad de incluir en la reglamentación de la ley 254, que regula los registros contables de las personas jurídicas y naturales, un artículo que exima a los abogados como custodios de los registros contables de sus clientes.

La ley en mención obliga a los agentes residentes a proporcionar, custodiar y guardar facturas, estados de cuenta y demás registros contables de sus clientes. Esto ha causado a los bufetes de abogados un costo adicional - que cargan a sus clientes – y que los pone en desventaja frente a la competencia en otras jurisdicciones.

Como parte de esta iniciativa, en horas de la tarde de ayer tomó posesión la Comisión Especial de Servicios Internacionales en el Colegio Nacional de Abogados, una acción con la que pretenden salir en defensa de Panamá ante su inclusión en diferentes listas grises, como el Grupo de Acción Financiera (Gafi) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

“Las autoridades han complacido a la Gafi y a la OCDE y nos han hecho una copia de una cantidad de regulaciones contradictorias”, insistió Carlos Raúl Moreno, presidente de dicha comisión. De acuerdo con el entrevistado insistirán a Alexander la introducción de un artículo especial, que como ya se dijo, exceptúe al gremio de esta responsabilidad. “El ministro está consciente”, explicó Moreno, sobre las sugerencias que han efectuado. “Sabe los problemas y contradicciones que se dan en las regulaciones de la ley, una de ellas es mantener los asientos contables, un exabrupto”, reiteró Moreno ante la imposibilidad de ejecutar la ley.

Los abogados entregaron al MEF el artículo redactado para que se permita denunciar la fuente de la contabilidad, un acto que debe ser suficiente para proceder una investigación internacional sin que esta obligación se endose a los bufetes de abogados.

La ley impone dos sistemas para proporcionar los datos contables: cuando se declara en dónde se encuentra la contabilidad, esa información se puede regular para entregarla al Estado en caso de una solicitud internacional. La otra forma es que al no se declarar en donde se encuentran los asientos contables, entonces sería el agente residente quien debe responder.

Como parte de las alternativas, los abogados proponen la creación de un registro contable bajo custodia de una institución estatal, así como existe el registro de beneficiarios finales y se tenga la disponibilidad cuando se requiera.

Los cambios no se han efectuado, según Moreno porque las autoridades “tienen miedo” de que esta acción sea un impedimento para salir de la lista Gafi que Panamá está a punto de abandonar.

Sin embargo, mantener los registros contables de los clientes no es una exigencia del Gafi, así como tampoco forma parte de los 15 puntos a los que se comprometió Panamá y que está a punto de cumplir casi en su totalidad. Tampoco es un requisito de la Unión Económica Europea. El miedo, según Moreno,  "es que lo metieron ahí porque una funcionaria del MEF - que conoce mucho la historia – lo incluyó para favorecer a la OCDE, después se fue a trabajar a esta entidad en Europa y se llevó toda la información del MEF en una computadora, en un acto de traición”, calificó. Añadió que cuenta con informes "fidedignos" de que cuando se descubrieron las acciones de la funcionaria, se “planteó iniciar acciones para confiscar la computadora donde están los datos privados del gobierno de Panamá, pero no se tomó ninguna acción”, explicó Moreno. 

De esta forma, el presidente de la Comisión responsabilizó a la funcionaria del dilema en que se debaten los bufetes.

Ellos, el MEF, “están considerando incluir el artículo propuesto, y saben el problema en que se han metido, los abogados no queremos oponernos por no dañar la salida de las listas, pero ya estamos casi al límite”, zanjó el abogado.

Además de lo anterior, la comisión busca ofrecer nuevos servicios jurídicos y crear una secretaría de asuntos internacionales funcional, que propondrán al presidente Laurentino Cortizo. También sugieren la creación de otras actividades como un centro para el manejo de patrimonios familiares, que requiere de una nueva ley que regule la actividad y ofrezca incentivos. Otra idea es tratar de atraer hipotecas navales, un instrumento jurídico efectivo que requiere la contratación de expertos internacionales que abran el panorama hacia otras zonas como Asia y Medio Oriente, para levantar el sector de servicio con nuevas iniciativas.