Panamá saca 48 en ITI

Panamá obtuvo un total de 48 puntos, siendo 100 el más alto, en el Índice de Transparencia en Infraestructura (ITI), lo que la coloca cuatro escaños arriba del promedio internacional en el que se han medido unos nueve países.

Se trata de una medición que sigue estándares internacionales que se concentró en 30 entidades del país, de ellas nueve locales, que tiene su origen con la iniciativa británica CoST elaborada bajo la metodología de gobierno abierto en el que participaron varios actores.

Panamá es uno de los pocos países que “puede medir las fortalezas como país, dónde estamos bien y qué estamos haciendo, pero también va a permitir la oportunidad de mejora tomando en cuenta la medición”, indicó Carmen Montenegro, de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

El índice evalúa cuatro aspectos prioritarios: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, uso de la tecnología, así como la cantidad y calidad de la información a la que puede acceder el público.

30 instituciones, de las 197 que utilizan el portal de Panamá Compra se midieron, de ellas 7 son municipios. Para este estudio se evaluaron 60 proyectos efectuados por estas entidades, tomando en cuenta que los gobiernos locales deben publicar en el portal de contrataciones públicas las licitaciones que superan los $50 mil, mientras que las obras inferiores a este monto deben cumplir un manual de procedimiento de control previo por la Contraloría General de la República en materia de recepción de ofertas.

El ITI muestra que Panamá aún tiene muchas oportunidades para mejorar en el renglón transparencia.

La institución mejor evaluada fue el municipio de La Chorrera que obtuvo 79 puntos, seguido del Metro de Panamá (68); el Ministerio de Seguridad Pública (61); el Tribunal Electoral (59), mientras que el Banco de Panamá logró 43 puntos (ver tabla).

El puntaje nacional arrojó 48%, lo que se interpreta como un resultado medio, que permite identificar puntos de mejora. El ambiente facilitador, otro de los factores que incide en la calificación, generó un 81%, el de capacidades y procesos 33%, mientras que participación ciudadana resultó con un 22% y la divulgación de la información arrojó 54%.

Una de las debilidades identificadas es el concepto que se le brinda a la consulta ciudadana. El consultor de la secretaría internacional de CoSP, David Zamora, expresó que en el sector público “tiende a verse como una traba o como un factor que podría entorpecer los procesos, cuando en realidad podría nutrir con información valiosa los proyectos”. La participación ciudadana resulta un instrumento para entender a las poblaciones que viven en un lugar, además de que puede entenderse como una capacidad para que las personas monitoreen los proyectos y reporten las fallas. “Debe ser visto como un recurso potente que puede apreciarse, pero que está menospreciado. Una tendencia general en los países y Panamá no fue la excepción”, añadió el consultor.

El secreto del municipio de La Chorrera, como mencionó el alcalde Tomás Velásquez, es que se compone de todos los integrantes, “es una motivación, pues todos los lunes nos reunimos para informarles cuán importante es sentarse con los concejales del distrito. Antes de la ley, nosotros ya hacíamos consultas ciudadanas”, indicó. Añadió que trabajan según la necesidad de la población, “siempre enmarcamos en varios conceptos, turismo, salud, recreación y deporte, y buscamos las prioridades de la población para llevarlo a la descentralización y concretarlo en proyectos”, manifestó a La Estrella de Panamá el alcalde Velásquez.

En otro aspecto, lo relacionado a información sobre el proyecto, como los datos de construcción, estudios, diseño, materiales, es factible conseguirlo en el portal de Panamá Compra. No obstante, en materia de divulgación la obra pública solo se alimenta de los datos que se extraen de los procesos de contratación. No hay otras fuentes, según el informe.

A los evaluadores tampoco les fue posible identificar, para ninguno de los 60 proyectos, el presupuesto total de la obra más allá de la contratación principal. Solo uno del total tenía un estudio de impacto sobre tierra y asentamientos humanos, y dos de los 60 tenían estudio de impacto ambiental.

En 16 proyectos se especificó cómo se manejó la supervisión del proyecto fuera de la contratación o por la misma entidad. En realidad, según el estudio, notaron que no existe una organización o entidad fuera de la que efectúa el proyecto que supervise las obras. La misma entidad no supo responder cómo se supervisa o qué método emplean para tal efecto.

En cuanto al ambiente facilitador, el estudio arrojó que Panamá cuenta con un marco regulatorio de acceso a la información pública robusto, sin embargo, es posible mejorar en dos aspectos. El primero corresponde a la información de contrataciones para la etapa de implementación, y el segundo se refiere a la entidad a cargo del cumplimiento del estándar de datos de infraestructura.

Por otra parte, en materia de capacidades y procesos, la evaluación concluyó que hay limitaciones en este aspecto.

Un dato curioso es que solo nueve de las 30 entidades conocen que existe un estándar de datos, y de ellas, dos dominan su propio nivel de adopción. En procedimientos, 17 instituciones reconocieron no tener un procedimiento para la publicación proactiva de información.

Además, solo dos entidades de las 30 tienen un plan para mitigar las limitaciones a la transparencia. En control sobre la divulgación, ninguna entidad pudo decir cuánto de su presupuesto de obras está siendo transparentado.

CoST es un organismo internacional que trabaja con los gobiernos, sector privado y la sociedad civil para promover la divulgación, validación e interpretación de los datos de los proyectos de infraestructura, lo que se traduce en ciudadanos informados y empoderados que trabajan de manera colaborativa en la toma de decisiones en este sector. La labor ha generado reformas para reducir deficiencias en la gestión de los gobiernos, riesgos de corrupción y mala calidad en obras gubernamentales. El estudio fue financiado por la Embajada Británica en Panamá.