Seguridad jurídica, tarea pendiente de la comunidad LGTBIQ+

El matrimonio igualitario es la principal tarea pendiente que tiene la comunidad LGTBIQ+ en Panamá esta es la principal conclusión del panel de expertos que participó en el  foro ‘Balance sobre los derechos humanos LGTBIQ+ en Panamá’ realizado este miércoles 14 de junio en el Hotel JW Marriott, de la ciudad de Panamá.

La relatora sobre los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex y relatora especial de Panamá de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Roberta Clarke, recordó que las personas de la comunidad  LGTBIQ+ tienen el derecho a tener una familia.

También del derecho que tienen los hijos de las parejas del mismo sexo a estar blindados por el Estado a través de una ley que los proteja. Las pocas protecciones que puedan tener es un retroceso para la comunidad, al igual que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que se ven vulnerados, enfatizó la relatora.

Sobre esto misma correlación, Elida Caballero, directora senior de Comunicaciones y Programas de Incidencia, enfatizó que tanto las mujeres como las personas de la comunidad LGTBIQ+ se les violenta la autonomía sobre sus cuerpos.

“Cada persona tiene derecho sobre sus propios cuerpos, el tema del aborto y las problemáticas de las personas la comunidad LGTBIQ+ están intrínsecamente conectados. Han habido retrocesos que afectan a ambos movimientos”, afirmó Caballero durante la conferencia.

El principal reto que tiene la comunidad en Panamá es poder comunicar todas las vulneraciones que sufren y hacer que la sociedad pueda entender que todos tienen los mismos derechos, como elegir su orientación sexual y decidir sobre sus propios cuerpos, enfatizó durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

Por su lado, Iván Chanis, de la Fundación Iguales, remarcó que el principal reto es el reconocimiento del matrimonio igualitario en Panamá. 

“El Estado tiene que hacer su trabajo, que es proteger la dignidad de todas las personas (...) Lo digo en base a estadísticas, hay más panameños que tienen una opinión positiva hacia la población LGTBIQ+, pero el Estado es el gran freno, como fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el matrimonio [igualitario]”, recordó Chanis.

El 1 de marzo, la Corte Suprema de Justicia de Panamá comunicó una sentencia del 16 de febrero, por medio de la cual declaró constitucionalidad las normas del Código de la Familia y del Código de Derecho Internacional Privado que limitan los matrimonios civiles solamente aquellos conformados por personas de sexo opuesto. 

Tras ese fallo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó la decisión y exhortó a Panamá “a garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de las familias diversas conforme a los estándares interamericanos”.