La divisa emblemática de la universidad

En algunos sectores hay una permanente conspiración contra la universidad oficial. Sin ningún instrumento de medición, se viene arrastrando la tesis, más que tesis, consigna, de que la universidad es deficiente. Ese juicio ha sido patentado con tanto éxito, que la Universidad de Panamá aparece en las encuestas en posiciones secundarias en cuanto a la calidad académica de sus cursos. Esta impresión tan perniciosa ha servido de aval a sus críticos para demandar su clausura. Se le considera no como una inversión o como una obligación del Estado, sino como un gasto improductivo.

Los entendidos en la materia advierten que esta visión negativa se repite en América Latina con relación a sus universidades oficiales. Es decir, que hay vasos comunicantes en ciertos sectores sociales para disparar sus dardos exclusivamente contra las universidades estatales, dejando en puertos intocables a las universidades privadas. Se podría afirmar, por tanto, que la existencia de las universidades públicas se ha convertido en un problema ideológico. Es tan ideológico que el mismo empeño de aniquilamiento se observa en el servicio de la seguridad social en manos del gobierno. Hay un viejo y persistente programa dedicado a desprestigiar el servicio público social, y la privatización de los hospitales y clínicas estatales es bandera de algunos que desean lucrar con la salud del pueblo. Lo que corresponde, en consecuencia, es discutir sobre la validez de ambos sistemas.

Si proceden las universidades estatales y los servicios públicos de seguridad social, los partidarios del servicio público no tienen entre sus objetivos la clausura de los hospitales y clínicas privadas. Se les aprecia como una necesidad o como fruto del pensamiento liberal que procura la libertad de empresa. Pero los fundamentalistas de la gestión privada sueñan con dar sepultura a las universidades oficiales y a la seguridad social en manos del Estado.

En la discusión sobre la validez de ambos sistemas, nada impide que sigan funcionando las universidades privadas o estatales y los servicios de seguridad públicos y privados. Lo que no puede ser es que los servicios privados surjan y prosperen a costa del desprestigio premeditado del servicio oficial.

Este mismo problema lo confronta la democracia en el tratamiento que se le dispensa a los partidos políticos. Las fuerzas totalitarias desean la abolición de los partidos políticos. Pero se presta a confusión el hecho de que la sociedad civil mantiene en operaciones una artillería pesada contra la conducta de los partidos. La artillería de los totalitarios, civiles o militares, está dirigida a eliminar todo intermediario entre el pueblo y el poder. Las embestidas de la sociedad civil procuran la depuración de la clase política y de sus instrumentos de poder.

El péndulo oscila entre la clausura y la depuración. La clausura, por razones ideológicas, busca el predominio y satisfacción de otros intereses; la depuración persigue el fortalecimiento del sistema.

Esta acción pendular traducida al fenómeno universitario aclara el panorama. La clausura de la universidad, postulada, repito, por los fundamentalistas nativos de la globalización, robustecería el espíritu de lucro o de gula del sector privado. La depuración que reclama toda política educativa a nivel superior, fortalecería la misión de la universidad.

En la misión depuradora universitaria es menester diferenciar la acción académica de las políticas administrativas. Ambas acciones responden a realidades distintas. La acción académica es función esencial del cuerpo docente e investigador y dicho cuerpo debe cumplir su misión sin supeditarse a la política administrativa bajo la dirección rectoral. La maquinaria docente trabaja en función de la excelencia académica y debe descansar en la idoneidad profesional y moral de dichos educadores.

Los actos administrativos son paralelos a los actos propios de la misión académica. Ambos son autónomos en sus deberes como cuerpos, pero deben responder en sus respectivas esferas a los fines sociales o superiores de la universidad. El error consiste en trasladar las controversias administrativas –las luchas por el poder– al campo de la labor académica. Sería tanto como subestimar la libertad de cátedra o como entender que el docente no cumple con plena libertad su obligación de desarrollar los programas y planes de estudio. La universidad solo agoniza cuando el espíritu académico no se fundamenta en la libertad de cátedra.

En síntesis, si la misión académica descansa en la libertad de cátedra y en la idoneidad moral y profesional de los maestros, no tiene por qué ser confundida con el comportamiento del cuerpo administrativo.

La imagen controvertida que se da en la lucha por el poder universitario se mitigaría o desaparecería si se prohíbe la reelección inmediata del rector y se establece un periodo de gobierno no mayor de cinco años. La reelección puede llegar a ser una tentación anti-universitaria porque suele incorporar la politiquería y el clientelismo en los afanes universitarios, práctica que, de producirse, iría en desmedro de la vigilancia académica como función indeclinable y principalísima del rector. Son bienaventuradas las universidades cuyos rectores guardan fidelidad a la ley.

El objetivo universitario es acentuar la política académica como la divisa emblemática de la vida universitaria y como antídoto eficaz contra el veneno privatizador. Ese objetivo ha entregado y entregará a la sociedad hombres cultos y excelentes profesionales.

Publicado originalmente el 18 de diciembre de 2004

Un vencedor en el campo de los ideales de libertad:

Nombre completo: Carlos Iván Zúñiga Guardia

Nacimiento: 1 de enero de 1926 Penonomé, Coclé

Fallecimiento: 14 de noviembre de 2008, ciudad de Panamá

Ocupación: Abogado, periodista, docente y político

Creencias religiosas: Católico

Viuda: Sydia Candanedo de Zúñiga

Resumen de su carrera: En 1947 inició su vida política como un líder estudiantil que rechazó el acuerdo de bases Filós-Hines. Ocupó los cargos de ministro, diputado, presidente del Partido Acción Popular en 1981 y dirigente de la Cruzada Civilista Nacional. Fue reconocido por sus múltiples defensas penales y por su excelente oratoria. De 1991 a 1994 fue rector de la Universidad de Panamá. Ha recibido la Orden Manuel Amador Guerrero, la Justo Arosemena y la Orden del Sol de Perú.