Tribunal otorgó oro a diputada por pago de servicios

Zulay Rodríguez, diputada, salió a defenderse de las acusaciones de “robo” de láminas de oro y asesinato de uno de sus clientes.

Rodríguez fue notificada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la existencia de una denuncia que cumple con el formalismo para que sea investigada por hurto agravado y blanqueo de capitales de 63.5 kilogramos (kg) de oro (una onza de oro equivale a $2,235.2 actualmente). “Nunca nos robamos absolutamente nada”, dijo tajante a este diario.

Desde 2011, Rodríguez, abogada de profesión, mantenía una relación laboral con el ciudadano mexicano José Luis Penagos.

El 9 de septiembre de 2011, el mexicano le otorgó un poder especial para que lo representara en un proceso penal y civil relacionado con la retención de las láminas de oro en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá. Sin embargo, en 2012 el poder le fue revocado.

Más adelante, el 21 de mayo de 2013, el socio de Penagos concedió a la abogada un poder general, que le otorgaba amplios poderes para representarlo en los procesos que se adelantaban para la retención del oro, que permanecía en aduana.

Un poder general que representaba una garantía para el cumplimiento de los acuerdos entre la abogada y sus clientes. “No es como dice el procurador (Javier Caraballo), que en dos meses hice acuerdos y los estafé”, aclaró la diputada, haciendo referencia a la existencia de una relación laboral de siete años.

En un principio, la abogada pactó honorarios por $450 mil/500 mil. Pero, con el pasar de los años, y las diligencias efectuadas dentro de los procesos, los honorarios fueron en aumento, según explicó Rodríguez.

Pero ante la indiferencia de los clientes en el cumplimiento de los honorarios pactados, la abogada recurrió a los tribunales de justicia. El 20 de febrero de 2018, el Juzgado Tercero Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá comunicó al administrador regional de aduanas, que aprobó la transacción suscrita entre las partes del proceso ejecutivo, promovido por Zulay Rodríguez contra sus clientes, en el que se ordenó la entrega a título de dación en pago (entrega de bienes por el pago de un servicio) de 42 kg de oro. “Todo fue hecho dentro del marco de lo legal”, recalcó.

El 30 de abril de 2018, Yuseth Córdoba H., en su calidad de administradora regional de aduanas, informó que el valor de los 63,5 kg de la mercancía descrita como “láminas de oro” era de $1,4 millón.

Rodríguez, a través del abogado sustituto, canceló los impuestos de importación, por un monto de $77.113,30. Así consta en la factura N°5248134, emitida el 11 de julio de 2018.

“Yo me gané 42 (kg) en concepto de honorarios. Y, el resto queda en custodia”, insistió.

El 14 de enero de 2020, el Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá decretó el secuestro de todo tipo de crédito o cuentas por cobrar (incluyendo las láminas de oro) de José Luis Penados por $454.510,70, dentro del proceso instaurado por la diputada por difamación.

Penados murió a los 58 años debido a una insuficiencia cardíaca aguda, probable SARS-CoV-2, como establece el acta de defunción del 5 de febrero de 2021, a la que tuvo acceso La Estrella de Panamá.

En febrero de 2022, la viuda de Penagos, Diana Clementina Ríos Cardona, en compañía de Juan David Penagos, concurrió a la Secretaría de la Procuraduría General de la Nación para interponer denuncia penal contra ella por hurto, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y prevaricato. La viuda manifestó que su esposo había sido asesinado en México y atribuyó el crimen a la abogada. Y, además, reclamó el oro.

El despacho remitió la carpeta al pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y bajo la ponencia de María Cristina Chen Stanziola, se dispuso no admitir y devolver lo actuado a la Procuraduría, el 7 de abril de 2022. Después de realizar actos de investigación, el despacho de instrucción de expedientes decidió remitir, por segunda ocasión, la denuncia al pleno de la Corte para su evaluación.

El 15 de diciembre de 2022, el pleno de la Corte, actuando como tribunal de única instancia, dispuso admitir la denuncia promovida por Juan David Penagos Ríos. La resolución fue notificada el 28 de abril de 2023.

Por su investidura de diputada, Rodríguez solo puede ser investigada por el más alto tribunal de justicia del país. Pero se queja de que lo hizo el procurador. “Hubo un acto de audiencia donde el subsecretario –Azael Martínez– señaló que me estaban investigando. Ellos han violado todos mis derechos”, denunció.

Y teme que las actuaciones de la oficina de instrucción de expedientes estén relacionadas con un pase de factura. Recuerda que votó en contra de la ratificación del procurador y que le ha interpuesto dos denuncias. Es una “enemiga” declarada del funcionario, reconoce.

Rodríguez ha interpuesto un recurso de reconsideración de su caso para que se revoque la decisión del 15 de diciembre de 2022, del pleno de la Corte Suprema de Justicia, que admite la denuncia en su contra. Y solicita que quede sin efecto la admisión de la denuncia de Juan David Penagos Ríos.

La diputada cree que este proceso tiene intereses ocultos. En su opinión, están buscando desviarla de sus aspiraciones políticas. “Me entretienen en el proceso mientras busco las pruebas (en plena recolección de firmas). Lo que quieren es inhabilitarme”, concluyó.