Democracia sin inversionistas: por un financiamiento 100% público de las campañas electorales

Los problemas que afrontan nuestras democracias son múltiples y complejos. El objetivo del análisis en las ciencias políticas modernas, por ende, debe ser el de separar las partes de un problema con el fin de poder encontrar posibles soluciones a un problema real, dentro de un espacio social que comparte ciertos elementos y características.

En cuanto al problema de la democracia, el llamado desencanto de la democracia constituye un dilema, no para el sistema democrático, sino para el país, ya que la democracia cuando es fuerte, tiene la capacidad de afrontar las crisis sociales y económicas y seguir avanzando, pero cuando es débil, a la primera crisis profunda, el país y sus instituciones entran en zona de riesgo y zozobra.

La democracia es determinante en la formación de una cultura institucional que permita que surjan canales de diálogo necesarios para que las distintas visiones puedan entrar en un espacio de deliberación social.

En todo país que tiene planificado salir del subdesarrollo, el problema de la democracia es percibido como un tema esencial en esa ruta, al menos es así en occidente donde el autoritarismo no es considerado como una opción, o al menos no debería serlo.

Es por ello que la regulación de la financiación de campañas políticas sobresale entre las más importantes reformas políticas en América Latina, durante las últimas décadas.

El financiamiento de campañas políticas se distingue entre el público, cuando proviene del Estado; el privado, cuando proviene de personas naturales o entidades privadas, y mixto cuando existen ambas vías de financiación.

En Panamá existe el modelo mixto que es el denominador de la región, pero históricamente tuvimos un modelo de financiamiento privado altamente permisivo. El valor del voto en Panamá llegó a ser de los más altos de la región, superando los $30 por voto en las elecciones de 2014.

Parte esencial de los problemas de la democracia provienen del financiamiento privado, por lo cual la ciudadanía consciente debe exigir que el dinero privado sea completamente excluido de la política, y poner fin a las donaciones privadas y a las inversiones especulativas dentro del sistema de elecciones y campañas electorales.

En Panamá se han logrado ciertos avances en el tema, exigiendo la bancarización de los fondos, pero aún así persiste, al igual que en países del área, la enorme percepción de que los candidatos están recibiendo fondos privados que no son bancarizados ni transparentados. En algunos casos estas percepciones han sido ampliamente reconocidas, o han sido hechas públicas por medio de investigaciones periodísticas.

El funcionamiento de la democracia tiene un costo, pero en el caso de las campañas electorales este costo debe ser mínimo y debe ser 100% de carácter público y así poner fin a la comercialización de la democracia.

Consideramos que este es uno de los ejes de reforma que nos ayudarán a fortalecer el sistema electoral panameño, que en conjunto con el sistema educativo conforman el corazón de la democracia (Barber 1992), por lo cual exponemos ante ustedes y para del debate, las siguientes argumentaciones.

Es difícil rastrear los orígenes del financiamiento privado. En la actualidad existe un drama continuo alrededor de la figura del representante de Nueva York ante el Congreso de Estados Unidos, George Santos.

Resulta que los medios han descubierto que el actual representante del partido Repulicano, Santos, ha mentido de forma sistemática en casi todos los aspectos que destacó en su campaña. Inverosímil o no, incluso su nombre no es George Santos; hasta hace cuatro años se presentaba como Anthony Devolder. Santos hizo la afirmación falsa de que sus abuelos maternos escaparon del Holocausto. De hecho, nacieron en Brasil. También mintió sobre sus estudios universitarios, y otros aspectos de su pasado, ocultando el hecho de que fue transformista, su verdadero nombre, la educación que recibió y sobre todo, lo más importante: Quiénes fueron sus donantes y cómo invirtió esos fondos de campaña.

Esta última pregunta resulta fundamental, ya que es la respuesta a la pregunta de raíz. ¿Quién ejerce influencia sobre Santos?

El dilema radica en que, por diversas razones, resulta muy difícil rastrear los orígenes del financiamiento privado.

Frida Ghitis, exproductora de CNN (el segundo canal de noticias más visto en Estados Unidos), plantea al respecto lo siguiente: “El hecho de que sea tan difícil rastrear la fuente de apoyo de este fantasioso político, reafirma algo que los expertos en financiamiento de la democracia nos han estado diciendo durante años: los jugadores corruptos están sacando ventaja de la forma en que se financia la democracia en Estados Unidos. Los candidatos necesitan mucho dinero y es demasiado fácil ocultar el origen de las donaciones. En los últimos años, personas de otros países con agendas nefastas han sido condenadas por financiar campañas de forma ilegal a nivel estatal y federal, pero el problema no se ha resuelto”.

El narcodinero penetra la democracia y desde ahí, los gobiernos, subgobiernos y órganos del Estado. Las actividades del crimen transnacional como del narcotráfico, la trata de personas, y otras redes ilícitas impactan las esferas de la institucionalidad democrática y derivan en impunidad, permisibidad y aumento significativo de la inseguridad.

“El narcotráfico, el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero tienen una creciente incidencia en algunos países de la región. El grado extremo de influencia del dinero ilícito en la política es la cooptación del Estado con acuerdos entre dirigentes políticos y el crimen organizado. La presencia de organizaciones armadas de manera más o menos desembozada, consolida dicha cooptación y establece un marco de poder que decanta hacia una situación endémica en la que la fuerza tiene que ser utilizada cada vez menos dado el dominio sobre grupos poblacionales”. (Duncan 2016).

Según el reconocido politólogo y jurista Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional):

“La posibilidad de recaudar fondos privados para financiar actividades políticas abre un abanico de riesgos considerable. El primero y más serio de ellos es la posibilidad de utilizar para fines políticos dinero originado en actividades delictivas o ilegales. En América Latina, el mayor peligro es que el narcotráfico –y el crimen organizado en general– penetre las instancias políticas para comprar impunidad mediante el financiamiento de campañas. No se trata en absoluto de una posibilidad teórica. Los casos de Jaime Paz Zamora en Bolivia, Ernesto Samper en Colombia y Ernesto Pérez Balladares en Panamá, todos ocurridos durante la década anterior, son tan solo algunos de los más notables ejemplos de la penetración del narcotráfico en las campañas. (Casas Zamora y Zovatto 2010).

El dinero ilícito dentro de las campañas electorales es el espacio que ha encontrado el crimen organizado para tener incidencia en el devenir del Estado, sus leyes, toma de decisiones, fallos judiciales, entre otros aspectos.

El fenómeno de la impunidad está estrechamente relacionado con el financiamiento privado de campañas. Por otro lado, cuando los diputados, jueces o figuras importantes del ejecutivo están ligados al narcodinero, la inseguridad se dispara tanto en las cárceles como en las calles.

Es urgente poner un candado para impedir que el dinero ilícito corrompa a nuestros candidatos, autoridades e instituciones, esto lo podemos lograr poniendo fin al financiamiento privado de campañas electorales.

Desequilibrio de oportunidades de ser escogido como servidor elegido. Existen miles de genuinos líderes naturales que trabajan en diversos aspectos de interés social, como temas ambientales y sanitarios, deporte y cultura, educación cívica, derechos humanos y sociales, protección de los animales, etc, que sirven a sus comunidades de forma desinteresada y actúan públicamente bajo los principios de honradez y amor genuino al prójimo y no al dinero.

Sin embargo, estos miles de líderes que no aparecen en los noticieros ni en las revistas sociales ni son entrevistados por los canales de televisión, nunca podrán competir por un puesto de elección debido a que la influencia del dinero privado hace imposible una campaña equilibrada entre estos y un político con estrechas relaciones con grupos económicos, lícitos e (o) ilícitos.

Las asimetrías económicas entre los candidatos a puestos de elección popular han generado condiciones de inequidad y es necesario equilibrar las oportunidades.

Los panameños nos vemos cada cinco años escogiendo entre guatemala y guatepeor, debido a que la oferta electoral está monetarizada y comercializada. En una ocasión escuché a un excandidato a diputado decir públicamente que se había gastado “un palo” (es decir, un millón de dólares), en su campaña como candidato a diputado. Este dinero obviamente no provenía de sus fuentes.

¿Quién puede competir en semejantes condiciones de asimetría electoral?

Evidentemente los verdaderos y honestos líderes comunitarios, no.

Si decidimos poner fin al financiamiento privado de las campañas electorales, abonaremos el camino para que surja una nueva estirpe de líderes panameños comprometidos con los más altos valores éticos y con las causas relacionadas a la justicia social, al cuidado del ambiente y los recursos naturales.

Ellos están ahí, en sus comunidades, trabajando día a día, no los conocemos, pero ahí están, esperando una oportunidad para servir a su país con todo el deseo de transformar la realidad actual, pero el sistema electoral –debido al financiamiento electoral privado– los tiene en modo invisible, por el enorme gasto electoral en que incurren los candidatos del actual statu quo.

La idea central es que los ciudadanos conscientes exijamos que el financiamiento de campañas electorales sea público para garantizar la transparencia y la equidad publicitaria, poner fin a la compra de votos, entre otras cosas.

Influencia de los donantes sobre las autoridades elegidas: Los procesos de recaudación de fondos ofrecen la oportunidad ideal para el intercambio entre los donantes privados y los tomadores de decisiones públicas.

En palabras del doctor Zovatto: “Aun en los casos en que los recursos para la actividad partidaria y electoral no provienen de fuentes cuestionables ni son obtenidos por vías ilegales, pueden comprometer el interés público y, en casos extremos, «privatizar» la toma de decisiones por parte de los funcionarios. Eso dependerá, entre otros factores, de la cuantía de las contribuciones, de la transparencia con que se manejen y del grado de discrecionalidad con que operen quienes toman las decisiones”.

Mientras haya financiamiento privado de campañas políticas, el gran capital se movilizará durante las campañas para garantizar que sus intereses primen por encima del bien común, como ocurre en numerosos casos donde las autoridades abiertamente protegen los intereses de sus donantes a toda costa y bajo esos criterios orientan su gestión.

Es tiempo de que los panameños nos unamos para exigir poner fin a la comercialización de la democracia y de las campañas electorales.

La comercialización de la democracia es la falsa creencia de que las campañas tienen donantes. Las campañas tienen inversionistas.

Las campañas políticas en Panamá deben convertirse en actividades de reflexión austera, y dejar de ser ferias de manipulación.