Jueza Marquínez niega incidencias en audiencia de caso Odebrecht

La audiencia preliminar alterna en el caso Odebrecht comenzó este lunes 12 de septiembre con una lista de incidencias presentadas por los abogados de los imputados, entre las que se alegó la prescripción del delito de corrupción de funcionarios y que eximió a tres exfuncionarios de ser juzgados por este delito: Frank De Lima, exministro de Economía y Finanzas durante la administración del presidente Ricardo Martinelli; a Jaime Ford, exministro de Obras Públicas, y a Jimmy Papadimitriu, exministro de la Presidencia, todos de la misma administración.

Además, los abogados presentaron un Habeas corpus preventivo a nivel colectivo mediante el cual se impedía la continuación de la audiencia al Juzgado Tercero Liquidador a cargo de la jueza Baloisa Marquínez. No obstante, la jueza indicó que no había recibido notificación al respecto y declaró un receso porque se acercaba la hora del almuerzo.

La celebración de esta audiencia preliminar pone a prueba a la justicia panameña para lograr condenas en uno de los mayores retos de su historia judicial. En el salón estaban presentes los imputados Alejandro Stanziola, José Domingo Arias (excandidato presidencial de Cambio Democrático), Demetrio Jimmy Papadimitri (exministro de la Presidencia), Federico Suárez (exministro de Obras Públicas), Jaime Ford Castro (exministro de Obras Públicas), Frank De Lima (exministro de Economía y Finanzas), Roberto Brin, la abogada Evelyn Vargas y José Portas.

Panamá es uno de los pocos países de Latinoamérica que aún no ha celebrado juicio en el caso del esquema de corrupción más complejo y escandaloso de la región, protagonizado por la constructora.

La audiencia preliminar alterna, estipulada en julio pasado luego de ser suspendido un primer intento debido a la ausencia de varios defensores, se desarrolló en el salón del Segundo Tribunal del Palacio Gil Ponce, y pretende determinar la responsabilidad de 50 personas y de la empresa Ricamar, S.A., imputada por blanqueo de capitales, en dicho esquema de sobornos.

Entre los imputados hay dos expresidentes de la república, Juan Carlos Varela (2014-2019) y Ricardo Martinelli (2009-2014), además de exministros de ambas administraciones. Ninguno de los dos asistió físicamente a la audiencia, la ley no lo requiere, pero estuvieron representados por sus abogados. Los hijos de este último, presos en Nueva York, Estados Unidos, fueron representados desde ese país por su abogada, quien solicitó permiso a la jueza Marquínez para no estar presente en la audiencia; esta lo concedió.

Los hermanos Martinelli Linares fueron sentenciados a 36 meses de prisión en mayo pasado tras haber admitido su culpabilidad por su papel como intermediarios del pago de $28 millones en sobornos realizados por orden de la constructora a un funcionario gubernamental de alto rango, pariente cercano de los acusados, de conspiración para cometer lavado de dinero. Durante la audiencia de sentencia, la defensa de los hermanos Martinelli Linares calificó de injusto que sus clientes fueran juzgados en Panamá por el mismo caso.

“Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por la misma causa, es evidente que los hechos son los mismos, ¿cómo pueden estar siendo juzgados por hechos que ya fueron juzgados en otro país?”, se preguntó el abogado Luis Eduardo Camacho González.

La audiencia empezó a las 10:30 a.m. con una hora y media de retraso. Tan solo en las primeras horas se habían presentado nueve incidencias, entre las que se solicitaba la nulidad del proceso, recusaciones a la jueza, nulidades por falta de imputación, por prescripción, entre otras.

Entre los alegatos presentados se señalaba que el Juzgado Tercero Liquidador no tenía competencia en el caso porque fue creado en 2016, mientras que los hechos ocurrieron en fechas anteriores. También indicaron la ausencia de notificación de uno de los imputados y que se le diera tiempo para conocer la totalidad del expediente.

Todas fueron negadas por la jueza luego de que la fiscal superior Anticorrupción, Ruth Morcillo, recordara a los presentes que ya habían sido resueltas en fechas previas.

El abogado Roniel Ortíz, apoderado del expresidente Martinelli, alegó sobre el principio de especialidad que ampara a su cliente. “Martinelli no renuncia al principio de especialidad del que goza, ya que no se ha solicitado la excepción de principio de especialidad”, manifestó el jurista.

Ortíz añadió que en este proceso no se incluyó en la petición de extradición para Ricardo Martinelli, “él no ha retornado a Estados Unidos por lo que debe permanecer el principio de especialidad, hacerlo violaría el tratado de extradición”, dijo.

Por su parte la fiscal Morcillo respondió que esta figura legal no es permanente, “sino que se supedita a una protección temporal que finaliza cuando el caso es juzgado”. Agregó que los pronunciamientos jurisdiccionales han sostenido que no aplica la excepción en el numeral 8 del tratado de extradición y complementó su argumento con dos pronunciamientos de tribunales que han emitido el mismo criterio negando que aplica el principio de especialidad en los cuales se especifican las razones por las que se configuran las excepciones.

La mayor parte de las incidencias fueron resueltas casi de inmediato por la jueza Baloisa Marquínez. Sin embargo, seguían las peticiones. Luego el abogado Alfredo Vallarino, apoderado de Aurora Mudaráz, imputada por blanqueo de capitales, indicó que se había presentado un Habeas corpus preventivo de forma colectiva ante el Tribunal Superior de Liquidación, que impedía a la jueza continuar con la audiencia debido a que los imputados se encontraban a órdenes de otro despacho.

Marquínez contestó que hasta ese momento no había sido notificada del recurso, pero raspando la 1:00 de la tarde declaró un receso de una hora para el almuerzo y verificar la situación.

Más tarde, al finalizar la sesión, la jueza indicó que había sido notificada por parte del tribunal en mención que solicitó poner a disposición de ese despacho a las personas detenidas, no obstante en este caso no existen personas en esa condición.

Al reiniciar la audiencia, la jueza ordenó la lectura de la vista fiscal que consta de mil fojas. De forma tajante cerró el periodo de incidencias a pesar de las peticiones de los defensores: no más incidencias, el periodo está cerrado.

Enseguida ordenó la lectura de la vista fiscal que contiene un poco más de 900 fojas, por lo que se espera que su lectura tome unos dos días.

La vista fiscal solicitó sobreseimiento definitivo para ocho personas, entre las que se encuentran los exejecutivos de Odebrecht. Logró sentencia condenatoria con imposición de multas y devolución de fondos procedentes del delito de André Rabello, director superintendente de la empresa Odebrecht en Panamá y con la Constructora Norberto Odebrecht a quien se le impuso una multa de $220 millones.

En mayo pasado, el juez de Cumplimiento Héctor Zarzavilla Pérez decretó la morosidad por el incumplimiento del pago de la multa correspondiente al 31 de diciembre de 2021, más el 5%, y ordenó en un plazo de tres meses la retención en cualquier cuenta o retenido contractual que tengan a su favor las sociedades investigadas, siendo la suma de $41,6 millones el total de la orden de retención.

Frente a la jueza había un patio de papeles apilados, los 2.194 tomos que suman casi un millón de fojas en las que se explica la cadena de hechos. Estos contienen indagatorias de los imputados, asistencias judiciales internacionales, acuerdos de colaboración, declaraciones de testigos protegidos, y entre otros documentos, los acuerdos de delación obtenidos de los directivos de Odebrecht. Entre ellos figuran los de André Rabello, el encargado de la oficina de Odebrecht en Panamá, que publicó este diario de forma íntegra en marzo de 2021.

El Ministerio Público también cuenta con el relato del hombre que se ocupó de los libros secretos de la constructora, Hilberto Mascarenhas. Un ejecutivo que laboró por 40 años en la empresa y que conoce al dedillo los movimientos de la constructora. Mascarenhas era el responsable del Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) desde el segundo semestre de 2006 hasta junio de 2015, cuando se jubiló. El DOE empleaba un mecanismo encriptado que identificaba a los beneficiarios con apodos para hacer llegar las coimas de la constructora de los contratos que habían obtenido en diferentes países de Latinoamérica y África. Pagos ordenados por Marcelo Odebrecht, fundador de la constructora que se ingenió para abrirse paso con los políticos de los países donde le interesaba ganar contratos millonarios para obras de infraestructura. A cambio, apoyaba financieramente a los partidos que tenían probabilidad de ganar las elecciones y hacía pagos paralelos a funcionarios para garantizar la presencia de la empresa en el país en cuestión.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, Macarenhas explicó al Ministerio Público la forma en que operaba la empresa, la compartimentación que prevalecía para evitar que se filtrara la información entre un departamento y otro. También habló sobre la compra de offshores para uso de la empresa. Explicó, de acuerdo con la fuente que solicitó no ser nombrada, que parte del mecanismo empleado para hacer llegar los pagos consistía en que el receptor abriera una cuenta en el mismo banco que tenía la empresa para recibir el dinero. Así los retiros podrían ser más sencillos y hacer las transferencias dentro del banco, porque lo aceptaba de cualquier forma. Una vez efectuada la transacción el beneficiario podía transferir el dinero, de esa manera evitaban pasar por el filtro de cumplimiento de la entidad bancaria.

El Ministerio Público obtuvo también las delaciones de Luiz Eduardo da Rocha, otro ejecutivo del DOE, quien entre otras cosas cuidaba el montaje de operaciones para pagos altos. A su vez, las delaciones de Olivio Rodríguez, encargado de las cuentas bancarias mediante las cuales se hacían transferencias a los beneficiarios, y la de Fernando Migliaccio, quien también formó parte del DOE y describió al dedillo el funcionamiento del software Drousys, un programa encriptado que permitía a los miembros del DOE conectarse entre sí de forma segura.

El contenido de estas delaciones se mantiene en reserva. Lo que forma parte de los reclamos de los abogados de la defensa, quienes consideran que esto va en contra del derecho de sus representados.

Los hechos enmarcados en este caso ocurrieron entre 2009-2012, la investigación se efectuó en los años subsiguientes. Diez años más tarde ha prescrito uno de los delitos, momento en que se efectúa la primera audiencia preliminar alterna en el caso. Panamá es uno de los pocos países que no ha logrado condenas en este caso, y por lo que dicta el desarrollo del primer día de audiencia, es muy posible que transcurra más del tiempo programado por el Órgano Judicial, que consideró un plazo de dos semanas antes de que culmine la audiencia.