Alcaldes y representantes de corregimiento insisten en ajustes a la Ley de Descentralización

Autoridades locales de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) y de la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento (CONARE), se reunieron una vez más con el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, ante el cual insistieron en la necesidad de modificar la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública.

En la reunión, los ediles y alcaldes se refirieron al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional la licencia con sueldo que muchas de estas autoridades recibían por estar laborando en una entidad estatal desde antes de ser electos en sus cargos por votación popular.

El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea, Javier Sucre manifestó que se están viendo diferentes leyes para el mejoramiento y crecimiento económico del país, donde los representantes y alcaldes juegan un papel importante para que las mejoras puedan llegar el desarrollo a los pueblos.

Mientras que la representante del corregimiento de El Muñoz, de la ciudad de Las Tablas, provincia de los Santos, Ericka González, presentó una propuesta para que sea debatida la Ley de Descentralización, que esté acorde con la realidad económica y las necesidades de cada comunidad.

Al respecto, el presidente del Legislativo, Crispiano Adames, planteó que revisarán la Ley 37 para hacerla más dinámica, más operativa, más autónoma, con mayor control, robusta y que permita a la población panameña adueñarse de su propio proceso de desarrollo.

“La limitante de la actual Ley 37 es que se propicia el aporte a los gobiernos locales de los ingresos provenientes del impuesto de inmueble, que han demostrado no ser suficientes”, señaló.

Adames propuso llevar a un profundo análisis dicha ley para dirigir esos recursos a los gobiernos locales, que se destine un porcentaje de los ingresos no tributarios del Presupuesto General del Estado como forma de atacar la desigualdad social.

Destacó que la lucha contra la desigualdad exige, de parte del Ejecutivo, poner en ejecución, de forma inmediata, el funcionamiento del Instituto de Planificación, de manera que la realidad económica haga posible que todas las provincias participen en la planificación estratégica del aprovisionamiento de los recursos para las inversiones que necesitan.