Blanqueo de capitales y 'hackeo', los grandes riesgos de las criptomonedas

El recién creado sistema de comercialización y uso de criptomonedas aumentaría los ingresos en materia de recaudaciones de impuestos.

Las ganancias obtenidas por la venta de las criptomonedas estarán sujetas a un impuesto del 4%.

“Para calcular el impuesto sobre la renta en el caso de la venta de criptoactivos con valor subyacente, el contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital y, en consecuencia, calculará el impuesto sobre la renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del 4%”, establece el nuevo proyecto de ley 697 que regula la actividad y que espera la sanción o el veto presidencial.

Ernesto Bazán, economista, reconoce que la actividad puede generar negocios y empleos, pero tiene riesgos que enfrentar. El primero de ellos es el lavado de dinero, considerando que las criptomonedas son activos.

Existe, además, un riesgo cibernético por la evolución de los hackers, que incluso han logrado acceder ilegalmente a intermediarios y claves criptográficas, lo que genera desconfianza.

“Por ese lado los retos son grandes y la regulación tiene que ser muy fuerte para mitigarlos”, advirtió el economista.

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), a través de la Dirección General de Empresas Financieras, definirá las mejores prácticas para las entidades de valor digital redimible que ostenten criptoactivos fungibles o bienes físicos. La dirección será la encargada de fiscalizar y vigilar las entidades.

Las criptomonedas son un producto muy poco conocido que necesita una rigurosa fiscalización.

Bazán pronostica que de no contarse con una regulación eficiente, las consecuencias pueden ser graves.

“Si hay escándalos, malos manejos, fraudes y estafas que puedan afectar la reputación (del sistema), se va a terminar afectando la confianza del país”, agregó el experto.

El economista está convencido de que la entidad adscrita al Mici, que regulará las empresas que operarán las emisiones, ventas e intercambios de criptoactivos, no cuenta con la capacidad técnica ni la autonomía.

“Vamos a tener un problema. La dirección depende de un ministro, que está sujeto a un Gabinete y a un presidente”, señaló.

A su juicio, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) es la que debe asumir el rol de regulación y fiscalización, porque puede intervenir y asumir medidas puntuales cuando es necesario.

Además, recomienda que las criptomonedas se incorporen al sistema de bancos como un producto adicional. Pero, en su análisis, no deben convertirse en una competencia para los bancos.

Felipe Argote, docente de la cátedra de economía, no tiene dudas del riesgo que representan las criptomonedas.

Argote compara la actividad con una pirámide en donde los ahorradores ponen dinero para volverse millonarios. “La gente arriesga y pierde su número”, apuntó el docente.

Agregó que las criptomonedas no es un proceso productivo porque está basado en la especulación.

Es –según el economista– lo más parecido a un casino o una lotería, pero con la diferencia de que no se puede reclamar si te hacen trampa.

“Cambian dólares por puntos de la computadora. Hay que regular este juego que se llama criptomonedas para garantizar que a la gente no le roben su plata”, concluyó el docente.

Otros, sin embargo, consideran importante tener un país conectado a la economía digital.

“Si queremos vivir en un país de primer mundo necesitamos que las personas que viven en Panamá estén conectadas a la economía digital”, dijo el emprendedor tecnológico Felipe Echandi en una entrevista para Radar.

El proyecto de ley contempla la inclusión de la tecnología blockchain en la agenda digital del país, los pagos tributarios con criptomonedas, la emisión de valores digitales y la tokenización de bienes, como los metales preciosos.

A través de esta ley, las personas naturales y jurídicas podrán usar los criptoactivos (bitcoin, ethereum, litecoin, XDC Network, elrond, stellar y algorand) como medio de pago para cualquier operación civil o comercial. Los órganos y entes del país también podrán recibir pagos de impuestos, tasas u otras obligaciones tributarias de forma directa o a través de agentes. Además, podrán ser usadas en el mercado de valores y bienes.

Las empresas que cumplan con los requisitos exigidos por una entidad autorizada para emitir valor digital redimible podrán crear y emitir “security tokens” en el mercado nacional e internacional.

“Los emisores de valores podrán utilizar tecnología de libro mayor distribuido (distributed ledger), blockchain, o criptoactivos como forma de representar valores y cualesquiera otros bienes, incluyendo sin limitación metales preciosos y bienes raíces en plena equivalencia funcional, con cualquier otra forma de emisión o representación de dichos valores o bienes”, cita el nuevo proyecto de ley, al que tuvo acceso La Estrella de Panamá.