Segunda denuncia contra estructura paralela que operó desde el CSN

Una segunda denuncia en contra de varios fiscales y exfuncionarios de alto perfil de la administración de Juan Carlos Varela, que abarca varios supuestos delitos como peculado, usurpación de funciones públicas y otros, fue presentada este miércoles en la oficina del procurador encargado Javier Caraballo por quien se desempeñó como viceministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, (1 de julio de 2009 - 30 de septiembre 2011).

El escrito incluye entre las partes querelladas al bufete de abogados Saltarín, Arias y Asociados, que firmó un contrato por espacio de 18 meses con el Ministerio de la Presidencia de la República, mediante el cual se le adjudicaron funciones exclusivas del Ministerio Público.

Dicho contrato, mediante el cual la firma recibió $385,200 por sus servicios profesionales, fue publicado –como aún lo está– en la nota titulada: “El contrato del abogado del presidente” que formó parte de una investigación periodística de La Estrella de Panamá, “La mano paralela de la justicia”, difundida entre 1 al 5 de octubre de 2018.

De Lima conectó una relación de hechos que a su criterio se encasillan en varios delitos penales por haber violado los procedimientos enmarcados en la ley, que se ajustan a la tipificación del Código Penal, entre los que señala las formas de peculado, en que el servidor público y una persona jurídica supuestamente malversaron fondos del Estado por montos que superan los $100 mil para fines ilícitos como es asumir funciones reservadas exclusivamente para el Ministerio Público, como es preparar, ofrecer y presentar testigos protegidos a los procesos penales. Conductas delictivas que superan 10 años de prisión.

Los siguientes delitos que enmarca la denuncia se refieren a corrupción de servidores públicos, delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos, así como usurpación de funciones públicas.

En este sentido, explica la denuncia, que el abogado en mención presenció una reunión en la Presidencia de la República con el testigo protegido Euro 14, sin que el contrato firmado entre las partes (Ministerio de la Presidencia y el bufete de abogados), hubiera entrado en vigencia, ya que se suscribió el 14 de noviembre de 2014.

Esto se sabe, y así se basa la querella, por las declaraciones efectuadas por el testigo protegido, Abraham Williams, conocido como Euro 14, vertidas durante la audiencia preliminar del caso de compras irregulares del Programa de Ayuda Nacional (PAN), del caso Granos, que se celebró el 16 de noviembre pasado.

Euro 14 narró cómo el 9 de noviembre de 2014 fue trasladado a la Presidencia de la República y fue atendido en un salón en el que se encontraban presentes Rolando López (director del Consejo de Seguridad, CSN, 2014-2019), Kenia Porcell, entonces subdirectora y asesora legal del CSN y en enero de 2015 procuradora de la nación), el abogado penalista Rogelio Saltarín, de la firma Saltarín, Arias y Asociados, y el fiscal Nahaniel Murgas, entre otras personas, que le hicieron ofrecimientos por su colaboración como protección, enviarlo con un cargo diplomático al exterior y mantenerlo en calidad de protegido.

Dicha fecha es de importancia para el denunciante al narrar la relación de hechos sobre cómo se efectuaron las investigaciones de alto perfil, específicamente en el caso Granos, en el que existe una denuncia del testigo Euro 14 quien, como se ha publicado, manifestó haber sido presionado para mencionar los nombres de funcionarios de alto perfil de la administración de Ricardo Martinelli para vincularlos a la investigación. Saltarín, no obstante, rubricó el contrato seis días después (14 de noviembre) de haber presenciado la reunión con el testigo protegido. Dicho encuentro también se encuentra consignado en el informe de gestión del penalista como parte de las tareas efectuadas en el mes de noviembre de 2014.

El contrato no había sido aprobado, señala De Lima en la denuncia, y tampoco “existía un sustento que acreditara la urgencia o necesidad de dichas asesorías y menos la necesidad de una contratación directa, obviando los procedimientos de la Ley de Contrataciones Públicas, además de ser un hecho contrario y alejado de los servicios de consultoría que se pueden solicitar con fundamento en el artículo 92 de la mencionada ley, en el que se basó dicha relación contractual”.

En el caso de los fiscales y exfiscales del Ministerio Público, Nahaniel Murgas, Lisset Chevalier, Tania Sterling, Zuleyka Moore, Adecio Mojica y Ruth Morcillo, así como Porcell, los miembros del CSN y Eric Estrada, entonces director del Sistema de Protección Institucional (también identificado por Euro 14 en la reunión de la Presidencia), fueron querellados por los presuntos delitos de corrupción de servidores públicos, abuso de autoridad e infracción de deberes de servicios públicos, delito de falsedad ideológica, delitos contra la administración de justicia en la modalidad de simulación de hechos punibles y calumnia en actuaciones judiciales.

De Lima denuncia que ambos, Saltarín y Porcell, “intervinieron desde el CSN y el Ministerio de la Presidencia en la preparación, elaboración de expedientes penales en contra de exfuncionarios de la administración Martinelli, y que estos casos posteriormente pasaron al equipo de fiscales bajo la dirección de Porcell en calidad de procuradora”.

Todos ellos, se lee en la querella, participaron de forma activa en la estructura paralela que se implementó desde el Consejo de Seguridad, coordinando investigaciones contra exfuncionarios por instrucciones de personas ajenas al Ministerio Público, coaccionando a testigos para que involucraran a quienes no tenían nada que ver con los casos y aplicando detenciones provisionales para amedrentar, coaccionar, arrancar confesiones a testigos y de esa forma justificar la persecución contra exfuncionarios, objetivos establecidos de los que mi nombre formó parte”.

Ahí es donde Frank De Lima entra en escena. Reclama que su nombre nunca fue mencionado, señalado o identificado en este caso por el testigo protegido, pero habiendo vencido el plazo de investigación, sin informe de auditoría de la Contraloría que motive su vinculación, el Ministerio Público ordenó indagatoria y posterior detención provisional en su contra.

El testigo Euro 14 detalló, durante la audiencia, el manejo que le dieron a sus declaraciones en el edificio Avesa frente a los fiscales Anticorrupción, las visitas a la DIJ que realizaron algunos de ellos a cambio de exonerarlo de las investigaciones y un cargo diplomático en una embajada.

Para De Lima, “no hay duda” de que todos los involucrados en la fabricación de casos penales operaban desde el Ministerio de la Presidencia, el CSN y el Ministerio Público, y su brazo ejecutor era la Fiscalía Anticorrupción de Descarga durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela.

A raíz de lo anterior, en virtud del contrato firmado con la firma de Saltarín, se “trató de disfrazar de legitimidad una asesoría legal y administrativa que empezó a funcionar meses antes de aprobar el contrato”, sin un sustento de por medio, describe en el escrito.

Cinco fiscales se encuentran de vacaciones por órdenes de Caraballo, quien manifestó en entrevista previa a este diario, que él mismo encabezará las investigaciones que involucren a los fiscales. Con respecto al resto de los denunciados, podrían quedar en manos de la Fiscalía Anticorrupción, bajo su supervisión.