Regulador bancario califica como 'dudosos e irrecuperables' el 25% de los créditos modificados

Aproximadamente un 25% de los créditos modificados durante la pandemia está considerado por la Superintendencia de Bancos como créditos “modificados dudosos e irrecuperables”. En números esto equivale a $3,200 millones, según cifras preliminares proporcionadas por el regulador hasta el 30 de septiembre pasado.

Desde enero de 2021, una vez venció el término de moratoria bancaria establecida en la Ley 156 de 2020, la Superintendencia de Bancos ha trabajado bajo regulaciones bancarias con las que pretende establecer acuerdos con sus clientes para iniciar los pagos de los préstamos.

La cifra de créditos modificados hasta la fecha citada totalizaron $12,843 millones, de los cuales se desprenden los $3,200 millones que caen en la clasificación de “créditos modificados dudosos” (19% del total) que se refiere a clientes que al 30 de junio de 2021 se han contactado con el banco y su actual condición financiera no les permite cumplir con las características para ser sujeto de una reestructuración, y a los créditos “modificados irrecuperables” que son los clientes que al 1 de julio de 2021 hayan incumplido total o parcialmente los nuevos términos y condiciones pactados en su última modificación. En esta categoría entran también quienes al 30 de junio de 2021 no se han contactado con la entidad bancaria para establecer un acuerdo de pago (ver tabla).

El regulador ha clasificado los créditos modificables en cinco categorías, las últimas dos son las mencionadas arriba. La más sana, por llamarla de alguna manera, corresponde a los “créditos modificados normales”, que ocupan un 37% de la cartera, en la que entran los deudores que se hallan en cumplimiento de sus nuevos términos y condiciones sin lograr haber sido restablecidos aún a las disposiciones del Acuerdo Bancario No. 4-2013.

A esta le sigue la de los “créditos modificados mención especial” en la que se ubica un 16% de los créditos sobre los cuales el banco ha pactado periodos de gracia a capital, intereses u otros, y que a la entrada en vigor del Acuerdo Bancario No. 2-2021 se encuentran en cumplimiento de dicho período de gracia.

La tercera clasificación, el 22%, corresponde a los “créditos modificados subnormal” sobre los cuales el banco ha logrado pactar nuevos términos y condiciones (reestructurados formalmente) durante el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021.

De ese monto, la Superintendencia informó que alrededor de un 51% está colocado en créditos personales, siendo los más sensibles los préstamos hipotecarios, mientras que el 49% restante son corporativos o comerciales. El único elemento importante para los bancos es que los préstamos hipotecarios residenciales tienen la garantía, que es la casa.

Es la gran pregunta. Si bien hay un contrato entre el banco y el cliente, la casa funciona como una garantía en caso de no pago. Pero en la otra cara de la moneda están las familias en las que uno o los dos cónyuges perdieron su empleo y aunque tengan la intención de pagar, no tienen con qué.

Sobre este renglón, Amauri Castillo, superintendente de Bancos, adelanta la “posibilidad de crear un fondo para tratar de gestionar las viviendas que el deudor no pueda pagar por un periodo”.

Una idea que para el economista Ernesto Bazán es una gran “imprudencia”. Sobre todo porque en este momento la relación deuda-producto interno bruto (PIB) “está en 70% y que el Estado gestione más deuda para satisfacer los intereses de las entidades bancarias con el dinero de la sociedad es una gran imprudencia”, recalcó Bazán.

Lo que debe hacer el Estado, según el economista, “es impedir que las casas se ejecuten al igual que lo hizo en la moratoria, pero no regalar plata a los banqueros”.

Bazán añade que la primera responsabilidad de los bancos debiera ser admitir que hicieron un mal negocio, pero la sociedad no tiene por qué salir al rescate de un asunto entre particulares.

Lo normal es que los bancos ejecuten la hipoteca como ha existido en toda la historia de la banca, como seguramente las habrá, pero hay alternativas. “Una es un lease back que consiste en que los bancos compran la casa y se la alquilan al deudor en un precio más bajo que la letra de hipoteca”, sugiere Bazán.

Pero en el caso de los préstamos personales y tarjetas de crédito en los que no existe garantía, los bancos tendrán que asumir las pérdidas que conlleven. “En este sector vemos una probabilidad más alta de incumplimiento”, determina Castillo.

El regulador de los bancos, no obstante, mira con pinzas las ejecuciones de garantía que ocupan un 60% del pastel de créditos irrecuperables.

Volviendo a los porcentajes de créditos reestructurados, ¿que tan preocupante es este 25% de los préstamos que caen en créditos dudosos e irrecuperables?

El superintendente de Bancos observa el monto como un “gran desafío”, pero “manejable”. “En estos momentos, con los números expresados no es nada que pueda generar un sobresalto pero hay que gestionarlos”, señaló el regulador.

Lo primero es analizar ese 6% para determinar una cifra de provisiones una vez que se determine la suma definitiva. En adición a las normas internacionales de información financiera (NIF), los bancos tendrán que aplicar las reservas que establezcan sus sistemas o metodologías para calcular la pérdida esperada, y establecer sus provisiones contables.

Las NIF determinan tres estadios para calificar los créditos. El primero es la cartera normal prácticamente sin riesgo. El segundo lo conforman los créditos que reflejan un nivel de deterioro o de incremento significativo, de riesgo de crédito para los cuales hay reglas muy bien establecidas sobre las provisiones de garantía. El tercer estadio es donde cae la cartera de crédito con altas probabilidades de incumplimiento. En esta tercera categoría están los $820 millones de crédito irrecuperable, aunque según Castillo, es un tema dinámico porque la cifra puede variar a recuperado dudoso, así como también podría ser que un porcentaje de ese 19% de los créditos dudosos se mueva para mejor o a la bolsa de irrecuperable.

El 25% de los créditos modificados, para una banca que regularmente recupera el 95% de sus préstamos, es un porcentaje considerable.

Este escenario para Castillo indica que es “momento de gestionar un riesgo ocasionado por la pandemia y sobre todo por un cierre tan prolongado de la actividad comercial”. Aunque se trata de más de $3 mil millones, Castillo la califica como “manejable” para la banca.

La banca de licencia general mantiene una cartera de valores locales por un monto de USD 9,505 millones, donde el 30% es tenencia de instrumentos estatales y un 70% es posiciones del sector privado distribuidas en bonos y otros títulos, la mayoría en mercados organizados.

En el caso de los instrumentos estatales, la mayoría es bonos y notas del tesoro, y por el lado del sector privado, la mayor parte es bonos corporativos.

Por lo tanto, el rendimiento de estas inversiones privadas, a juicio de Adolfo Quintero, economista, tiene mucha seguridad debido a las precauciones que ha adoptado la banca. No ve mayor peligro o significativo riesgo ya que los bancos están incrementando sus reservas por los préstamos incobrables. Sus inversiones han sido sólidas, con riesgos medidos, señala Quintero.

En cuanto a la inversión de bonos internacionales, el Estado panameño, como otros países, emite bonos en el mercado internacional que son de rápida adquisición. En el caso de Panamá la oferta es menor que la demanda que genera. Es decir, se venden rápido y son atractivos. “Sumando ambas carteras no veo mayor peligro, al contrario, hay seguridad de recuperación de la economía y una condición estable en ese tipo de recuperación”, considera Quintero.

En caso dado que Panamá pierda el grado de inversión, la tasa de interés sería más alta por el riesgo que conlleva. Como consecuencia la adquisición de dinero es más cara. Un peligro puede representar que a Panamá lo trasladen de la lista gris a la lista negra de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Eso, a juicio de Quintero, generaría un impacto importante en la economía panameña “por el aviso a sus nacionales de no hacer transacciones, lo que repercute en el sistema bancario y la economía local considerando que Panamá es un mercado internacional atractivo”.

Los bancos apuestan por una recuperación de la economía para aclarar el panorama y lo más importante: materializar la generación de empleo para que la gente tenga capacidad de ingreso y de pago.

Pero esto no ocurrirá sin dos cosas clave, a juicio de Bazán: la primera, un serio plan de austeridad –que duda que ocurra–, y la segunda, un programa agresivo de inversión en infraestructura por parte del gobierno. Una receta antigua conocida en Europa como el plan Marshall que aplicaron varios países para salir de la crisis económica que dejó la Segunda Guerra Mundial.

La planilla estatal del mes de agosto pasado, según datos de la Contraloría General de la Nación, es de 250,410 funcionarios, 15 mil más que el mismo mes del año 2020.

Lo que proponen los economistas es inyectar el gasto público en obras de infraestructura, más que en una planilla abultada, para generar empleos asalariados, bajar la informalidad que roza el 70%, y para bajar la tasa de desempleo que calculan en un 20% al cerrar el año a pesar de que se han recuperado muchas actividades económicas.