Mayday, informe alerta sobre deficiente seguridad en aeropuertos

La seguridad de los principales aeropuertos del país –Internacional de Tocumen, Marcos A. Gelabert (Albrook) y Enrique A. Jimenez (Colón)– no cuentan con los elementos adecuados para combatir actividades ilícitas. Así lo plasma un informe elaborado por el exdirector de Seguridad de la Aviación Civil Internacional de Aeronáutica Civil Emilio Pesantez, quien entregó el documento a un asesor presidencial en junio pasado.

El escrito señala cómo en Albrook, por ejemplo, personal de aduanas y migración atiende a los pasajeros en hangares privados, en vez de hacerlo en la plataforma; cuestiona la efectividad de la seguridad privada que brinda servicios al aeropuerto de Tocumen o un control laxo sobre las personas que realizan trabajos en Albrook.

Sobre el aeropuerto de Tocumen, se advierte “la limitada presencia del personal del Servicio Nacional Aeronaval y de la Policía Nacional en la seguridad perimetral, portones de acceso hacia las aeronaves estacionadas durante las operaciones de carga y descarga de equipaje”.

Lo mismo ocurre con los vehículos que transportan la carga o la calle vehicular que procede de la terminal de carga hacia la de los pasajeros. En esa zona, señala el documento, se “han encontrado cajas o maletas lanzadas a un lado de la calle vehicular, especialmente de noche, para posteriormente ser recogidas y facilitar el trasiego de drogas hacia las aeronaves en plataforma”.

Las unidades policiales parecen no estar conscientes del riesgo que esto significa. Con la expansión de la terminal se incrementan los desafíos. Pesantez asegura que han permanecido puntos ciegos sin control de la seguridad, y alerta sobre la interferencia de carga ilícita que puede multiplicarse debido a la falta de personal para cubrir la infraestructura, o cámaras para monitorear la plataforma.

El robo de aproximadamente 10 bolsas de dinero de descarte que debía retornar a Estados Unidos y que se encontraba en el hangar de la empresa DHL, evidenció la vulnerabilidad de la zona de carga del aeropuerto y la falta de equipo tecnológico en puntos estratégicos para evitar este tipo de delitos. Esto último es un tema tan viejo como el dinero robado.

Las autoridades han mostrado resultados incipientes en la averiguación de este hecho a cargo de la Fiscalía de Atención Primaria, a pesar de que el hecho ocurrió el 6 de octubre pasado. No se conoce oficialmente la cuantía robada, quiénes participaron o son cómplices del delito, y hasta el cierre de la edición no había detenidos.

Preguntado sobre las futuras medidas al respecto, el ministro de Seguridad, Juan Pino, indicó que “la empresa de transporte de valores, las de transporte aéreo y las autoridades de seguridad del Estado retomarán los procedimientos de seguridad que garanticen la movilidad del dinero desde el punto de recogida hasta la salida de este del país, y viceversa”. De esta forma, según Pino, se logra una cápsula de seguridad para garantizar el desplazamiento completo “que se hacía desde el año 2006, pero que fue suspendido en 2014 en circunstancias irregulares”. Finalmente añadió que se está restableciendo el método para evitar que nuevos incidentes se vuelvan a repetir.

Pesantez sugirió al Ministerio de Seguridad y al Consejo de Seguridad tomar acción e instalar una comisión de estudio para la creación de una policía aeroportuaria eficaz que pueda tener acción en todos los aeropuertos internacionales del país, como ocurre en otros lados con buenos resultados.

La idea es evitar amiguismos y la “galopante corrupción que en muchas ocasiones protege a funcionarios para que no sean sancionados o despedidos”. El autor del informe no comparte la idea de que una compañía de seguridad privada sea la responsable de esta tarea o tenga injerencia en algunas decisiones que se toman dentro del aeropuerto. En cambio, debe ser el Estado quien supla personal operativo que conozca sobre las debilidades y sus subsanaciones. La gerencia de Seguridad de Tocumen tiene pocas personas comprometidas con el trabajo, “pero existen temas de fuertes intereses económicos que son puntos donde la seguridad es prácticamente negociada, que a la larga será una carga negativa para el país”, se lee en el documento.

Entre las deficiencias que destaca el informe del aeropuerto Marcos A. Gelabert, conocido como el aeropuerto de Albrook, resalta cómo personal de migración y aduanas atiende la llegada y salida de aeronaves en los hangares privados, lo que contrasta contra todo precepto de los procedimientos aeroportuarios internacionales que dictan que estos controles deben efectuarse en la plataforma principal de la terminal aérea y los pasajeros deben presentarse ante los agentes correspondientes.

Además, Pesantez detectó la presencia de personal de todo tipo, estudiantes de aviación, mecánicos, pintores, chapisteros de aeronaves, estibadores, conductores de vehículos instructores de diferentes ramas de la aviación, vendedores, secretarias, consultores, que en muchas ocasiones no portan permisos migratorios ni permisos de trabajo para laborar que garantice que puedan permanecer en los hangares de las escuelas de aviación del aeropuerto.

A pesar de haber solicitado un pie de fuerza más amplio, “solamente nos han dado pobremente algún personal que en la actualidad se ha mejorado en algunas posiciones, pero el resto no cumple con sus obligaciones de forma satisfactoria para realizar un control adecuado y minimizar los riesgos de la terminal en sufrir algún acto de interferencia ilícita”, cita Pesantez.

El edificio de control de radar de navegación aérea y sistema de radar de la Autoridad Aeronáutica no escapa de la misma falta de personal. Cuando inició operaciones se solicitó un pie de fuerza de 91 personas para vigilar las áreas o controles de acceso como revisión de equipaje y la seguridad del edificio, pero se recibieron de 15 a 18 agentes de un total de 27 que se habían aprobado. De esta forma, según Pesantez, se pone en riesgo “que alguna organización terrorista pudiese poner nuestro sistema en una situación caótica que lamentar. No se le ha dado la seriedad que se merece a nivel nacional”, asegura el autor.

Resalta que personas que en el pasado han estado vinculadas a actos de corrupción, ajenas a la dirección, ingresan sin restricciones, sin intenciones de poner un alto.

En la enseñanza y preparación de las unidades de las agencias de seguridad privada había un “tremendo negociado, a tal punto que se emitían certificados de operadores en los niveles 1, y 2 sin tomar los cursos o sin culminarlos, o había personas que se encontraban en las pantallas de los equipos de rayos X sin saber lo que estaban viendo, lo que podría permitir la introducción de armas, explosivos u otros artefactos capaces de cometer un atentado contra una aeronave”, relata el exdirector de seguridad de Aeronáutica Civil, aunque en este punto se ha mejorado la preparación.

Las agencias de seguridad privadas brindan servicio a líneas aéreas y bodegas de carga. Un trabajo “mal remunerado que haciendo historia se ha prestado para cosas ilegales, como la introducción de sustancias prohibidas como drogas”.

Como parte de las estrategias para obtener notas positivas del servicio que brindan las agencias privadas, Pesantez dice que invitan a las unidades del aeropuerto a viajes de playa para evitar deficiencias en las evaluaciones del servicio que brindan, lo que pone en peligro la seguridad de aeronaves. Además, “colaboradores y personas ajenas al sistema han dado reportes de situaciones de corrupción que aún no han sido comprobadas”, explica.

La seguridad de aviación civil es la encargada de vigilar y evitar que el crimen organizado emplee la infraestructura para cometer actos ilícitos, o ser objeto de ataques terroristas. Tocumen debe pasar auditorías periódicas de las agencias Organización de Aviación Civil Internacional y la Agencia de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. En evaluaciones pasadas se determinaron hallazgos de no cumplimiento a los procedimientos internacionales de seguridad y como consecuencia se impusieron condiciones por tres hallazgos puntuales que hasta la fecha siguen siendo el talón de Aquiles del aeropuerto, entre ellos, la mezcla de pasajeros de entrada y de salida, el equipaje de mano y de bodega en tránsito.

No obstante lo anterior, las autoridades han realizado esfuerzos importantes para superar las deficiencias con la instalación de tecnología de punta, preparación del personal y permanencia con vigilancia continua a la seguridad.

A partir de septiembre 11 de 2001, las medidas de seguridad civil cambiaron por completo. El mundo enfrenta nuevos retos en la aviación civil internacional. Diferentes foros de la Aviación Civil Internacional lo han plasmado en innumerables conferencias para alertar a los países acerca de explosivos improvisados, que siguen siendo el arma preferida para atacar la aviación civil y la infraestructura aeroportuaria.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI por sus siglas en inglés) advierte sobre el uso de armas químicas, biológicas y radiológicas tras la tentativa frustrada en julio de 2017 de introducir explosivos improvisados en una aeronave al ser sorprendidos por autoridades australianas para dispersar agentes químicos. En ese orden de ideas, la industria debe adoptar medidas eficaces que puedan atenuar las amenazas mencionadas.

Los grupos terroristas han producido una expansión de tácticas, técnicas y procedimientos hacia armas menos sofisticadas contra blancos más vulnerables y de fácil acceso como áreas públicas de las terminales aeroportuarias. Ha ocurrido en Bélgica en marzo 2016; en Turquía en junio del mismo año y en Estados Unidos en 2017.

Las carencias mencionadas en el informe de gestión entregado a la administración Cortizo en 2019, y después una actualización meses atrás, evidencian la limitación de personal de seguridad en todos los aeropuertos del país. Aunado a esto, se dejan ver las discrepancias personales y de rangos entre miembros del Senan y de la Policía Nacional, lo que desemboca en un “apoyo no efectivo al personal de seguridad del aeropuerto en punto de control de acceso y hacia el área restringida”.

La integridad de los puntos de control de seguridad se ve socavada cuando el personal es capaz de eludirlos sin ser inspeccionado y sometido a controles de seguridad. De no atenderse este aspecto, puede producirse un desplazamiento de la amenaza y minar los esfuerzos de las autoridades en mantener un control. Estos conceptos están plasmados en la Declaración del contexto mundial de riesgo para la seguridad de la aviación de la OACI, que rige los estándares de seguridad en los aeropuertos internacionales del país, como Tocumen, Marcos A. Gelabert (Albrook) y el de Colón.

Con la radicalización de células alrededor del mundo, la amenaza a la aviación civil se ha extendido hacia zonas del mundo que quizá no hayan sufrido este tipo de ataques antes. Los terroristas han demostrado su capacidad de concebir ataques en una vasta geografía, incluso a través del reclutamiento de combatientes extranjeros. Panamá fue blanco del terrorismo en el vuelo de Alas Chiricanas entre ciudad de Panamá y Colón en 1994, un atentado en el que murieron 18 miembros de la comunidad hebrea de Panamá. En 2017 el primer ministro israelí Benjamín Netayahu informó al presidente Juan Carlos Varela que el grupo Hezbollah había estado detrás del atentado.