Advierten presunta operación irregular de Sea Energy documentos expedidos por la AMP

Actualizado
  • 03/09/2021 00:00
Creado
  • 03/09/2021 00:00
“Estos temas no pueden quedar impunes y que por la falta de transparencia se estén ocultando posibles faltas administrativas e incluso delitos tipificados en el Código Penal, contra la fe pública”, afirmó el abogado Harry Mitchell.

“Estos temas no pueden quedar impunes y que por la falta de transparencia se estén ocultando posibles faltas administrativas e incluso delitos tipificados en el Código Penal, contra la fe pública”, afirmó el abogado Harry Mitchell.

La presencia de un buque potencialmente contaminante dentro de las costas panameñas y que opera presuntamente de manera irregular, ha puesto en alerta a sectores ambientalistas, quienes denunciaron que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), está ocultado información sobre el registro de estas naves en nuestro país.

El abogado ambientalista, aseguró que tiene información de que hay un buque con antecedentes contaminantes en aguas panameñas, por lo que solicitaron información a la AMP, sin embargo, esta evadió la solicitud argumentando que esos datos son de acceso restringido.

Mitchell aclaró que la Ley 6 del 2002 de transparencia internacional y acceso a la información en su artículo 14 establece la lista de todos los aspectos de acceso restringido y ese tema no está clasificado en el documento, y es muy delicado que se esté ocultando información, pues la AMP tiene que comprender que es una entidad de naturaleza ambiental y tiene la responsabilidad de ejecutar lo que dictamina la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar en Panamá y otros convenios de Seguridad de Vida Humana en el mar y contaminación, por causa de buques.

Sea Energy cuenta con el socio internacional Península Petroleum, que es la empresa origen de la nave GI Búnker, que estaría violando los reglamentos en aguas panameñas.

“Estos temas no pueden quedar impunes y que por la falta de transparencia se estén ocultando posibles faltas administrativas e incluso delitos tipificados en el Código Penal, contra la fe pública”, afirmó el abogado ambientalista.

En el 2020, la Barcaza Sea Lion, propiedad de la empresa Sea Energy provocó un derrame de 250,000 galones de combustible en la entrada del Canal de Panamá, en el Pacífico. Un año después, la misma nave fue señalada como la responsable de un nuevo derrame de combustible marino que causó fuertes daños ambientales y económicos, en un área cerca a la Isla Taboga.

Mitchel indicó que se le está dando seguimiento a estas empresas y, por ello, se pidió información a la AMP, ya que cuando se verificó la patente del buque antes mencionado estaba llena de asteriscos y no le colocaron ninguna fecha, pese a que este es uno de los requisitos principales para que faenara y pudiera distribuir combustible, una actividad que todos los conocedores del tema saben que es millonaria.

Señaló que esperan que estas grandes empresas que están detrás de estos buques no estén buscando aprovecharse de la debilidad y falta de transparencia de las autoridades panameñas para poder traer barcos defectuosos de salida a nuestras aguas sin importar las consecuencias. “Quien se aprovecha de infracciones administrativas como la alteración de un documento público, también se aprovechará de la debilidad ambiental que tenemos en Panamá”, acotó.

El jurista recordó que el que dirige la Junta Directiva de la AMP, es el vicepresidente de la república, Gabriel Carrizo, por lo que hizo un llamado a que se le dé seguimiento y respuesta a los procesos, pues se han colocado varias quejas y hasta el momento no ha habido ninguna respuesta.

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