Juristas tildan de “inconstitucionales” las declaraciones de la Policía panameña sobre homólogos en Colombia

La aparición de un video en el que se aprecia a miembros de la Policía Nacional de Panamá, expresando su “solidaridad” con la fuerza pública en Colombia —esta última, envuelta en escándalos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones realizadas en el país sudamericano— ha levantado preocupación en diferentes sectores del país por tratarse de declaraciones contrarias a la constitución.

"En nombre de los hombres y las mujeres que integramos la Policía Nacional de Panamá, deseamos extender a los colegas de Colombia un mensaje de solidaridad en este momento tan difícil que atraviesa nuestra hermana República", dice A. Perez, uno de los uniformados que aparece en el video de poco más de un minuto y donde se ve participando a varios uniformados dentro de las instalaciones de la institución.

Para el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, se está ante un claro acto de violación de la Constitución de Panamá, dado que son declaraciones políticas que la fuerza pública tiene prohibido hacer.

“La Policía no es deliberante, eso es una norma que tiene la Constitución. Desde ese puntos de vista, no hay la menor duda que la Policía no está para estar apoyando o mostrando en desacuerdo con las medidas que se tomen de ninguna clase (…) definitivamente se está violando la norma constitucional”, subraya el jurista.

El artículo 311 de Carta Magna señala que los servicios de policía no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva. Igualmente tienen vetado su intervención en la política partidista, salvo la emisión del voto. El desacato a la presente norma será sancionado con la destitución inmediata del cargo, además de las sanciones que establezca la norma.

En opinión del exmagistrado, tanto el ministro de Seguridad como el Presidente de la República, les corresponde esclarecer mediante una investigación sobre estas declaraciones para determinar si el mismo se produjo por orden de un superior dentro de la institución. En tal caso, debe darse sanciones.

Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, sostiene que este tipo de vocerías deben ser llevadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"La Policía debe comprender que su actuar debe estar reglamentado en todo momento y debe existir protocolos de conductas (….) la Policía debe guardar distancia de estos mensajes que podría ser motivo de convulsión adicional de lo que se vive", sostiene Araúz.

"Lo que acontece en Colombia excede a la institucionalidad de dos instituciones que cumplen el mismo rol. (Lo que pasa en Colombia) es un conflicto social que entraña al engranaje público en Colombia. Y ese engranaje público depende de instrucciones desde el Ejecutivo colombiano", destaca Araúz.

“Es necesario que el Ejecutivo alinee con la Policía todo lo que tiene que ver con estricta legalidad y competencia. El Jefe de la Policía Nacional es el presidente de la República", agrega el presidente del CNA, luego de ver el video que se difunde en redes sociales.

Los cuestionamientos no solo van en el plano legal –administrativo, sino también sobre el rol que debe tener la fuerza pública panameña como garante de las instituciones democráticas y el Estado de derechos.

Para el abogado constitucionalista, Ernesto Cedeño, este tipo de comportamientos en una institución como la Policía, generan resquemores y es “peligroso” porque pudieran entenderse que el cuerpo policial panameño estaría respaldando las acciones de sus homólogos en Colombia, hoy sujetos de investigaciones por violación a los derechos humanos.

“Cuanto se estableció la no beligerancia de la Policía en la Constitución era porque veníamos antes de acciones que eran beligerantes, prácticamente (los militares) mandaban en Panamá en un pasado no muy lejano (…) mucho menos que la auparan en Panamá o en el extranjero. Eso podría interpretarse como un espaldarazo a ese tipo de comportamientos en Colombia y que podrían trasladarse a la República de Panamá en violación presunta de los derechos humanos”, subrayó el abogado.

Organismos internacionales como Human Right Watch y Amnistía Internacional han reportado varios casos de abusos policiales en Colombia en medio de las protestas contra el gobierno de Iván Duque, incluyendo uso excesivo de la fuerza, amedrentamiento a la prensa, asesinatos y delitos sexuales contra manifestantes.

De acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia durante los últimos 23 días de protestas en el país, se han reportado unos 42 muertos, más de mil herido, por lo menos un centenar de desaparecidos y 140 quejas de abusos de autoridad.