Corte no admite amparo de garantías de Varela

El expresidente Juan Carlos Varela sufrió un revés en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ayer se discutió el amparo de garantías que interpuso su defensa para anular la orden de indagatoria que giró en su contra la Fiscalía Especializada Anticorrupción por las contribuciones que recibió de la constructora Odebrecht, y que su caso pasara a la Fiscalía Electoral.

La CSJ no admitió el recurso de la defensa de Varela. Hubo ocho votos a favor y una abstención del suplente de Olmedo Arrocha, según reveló una fuente a La Estrella de Panamá.

La defensa del exmandatario presentó el amparo de garantías constitucionales por considerar que su caso es un tema netamente electoral, al haber recibido dinero de la constructora Odebrecht para el colectivo panameñista, y no a título personal.

El recurso alegaba que la resolución que ordenó la indagatoria no era materia de investigación de la fiscalía, sino que debe debatirse en el Tribunal Electoral, ya que el dinero de la constructora ingresó a la campaña política del entonces candidato a vicepresidente de la República (2009) y luego como candidato presidencial (2014).

El documento establece que el caso del expresidente ocurrió cuando Odebrecht era considerado un donante limpio. Por tanto, bajo el criterio del equipo legal del expresidente, se trata de un aporte de campaña y debe ser debatido como materia electoral, y no penal.

De acuerdo con las investigaciones, Odebrecht transfirió $6,7 millones a cuentas relacionadas con el Partido Panameñista o a miembros del colectivo a través del médico y excónsul Jaime Lasso, quien fungió como colector de fondos para las campañas de 2009, cuando en alianza con Cambio Democrático (CD) Varela alcanzó la vicepresidencia del país.

Para las elecciones de mayo de 2014, cuando Varela ganó la presidencia, la empresa se encargó de pagar a algunos proveedores de artículos promocionales que emplearon los candidatos a puestos de elección popular.

Odebrecht, la mayor investigación de corrupción en la historia de Panamá, expuso cómo políticos y funcionarios recibían sobornos a cambio de obras públicas.

Durante cinco años y dos semanas, el Ministerio Público investigó la trama que concluyó con un expediente de 1,067 tomos con un promedio de 500 páginas cada uno.

En total fueron 102 los imputados por este caso, entre ellos, dos expresidentes panameños. Además, se solicitaron 127 asistencias judiciales y los defensores interpusieron 210 incidentes.