'La corrupción está en todo el Órgano Judicial': exfiscal Carlos A. Herrera

Diversos cuestionamientos y sugerencias al sistema judicial, por parte de juristas y representantes de gremios de abogados del país, han surgido luego de que un testigo protegido revelara la existencia de supuestos actos de corrupción con la compra y venta de fallos por parte de magistrados y jueces del Órgano Judicial.

El testigo protegido en diversas entrevistas reveló ante el fiscal de circuito Juan Domingo Cano, de la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, una serie de supuestos actos irregulares en los que habrían incurrido algunos magistrados y jueces en una disputa entre Emilia Estévez de Vásquez versus Gustavo Vásquez, propietario de una mueblería y una financiera de la localidad.

En las declaraciones del testigo también se menciona a un hijo del exmagistrado Oydén Ortega, a quien José Félix Estribí, mano derecha de Gustavo Vásquez, le habría entregado $75 mil, en un acuerdo que involucraba el pago de $150 mil para que se diese una decisión judicial en la cual presuntamente influiría el entonces magistrado Ortega.

El exfiscal auxiliar Carlos Augusto Herrera, al ser consultado sobre estas denuncias del testigo protegido y de los supuestos actos de corrupción en el sistema judicial, calificó al Órgano Judicial como un “potrero lleno de garrapatas”. “Eso es en todo el Órgano Judicial, aquí no se salva nadie”, afirmó

Herrera manifestó que el problema fundamental aquí son los favores rogados, más que la corrupción que involucra dinero.

“Lo más perverso de la corrupción está en los favores rogados, eso de que pobrecito... que el tío... que el otro, que el amigo de aquel; es que eso es indigno, pero bueno nadie ha podido contra eso. Los favores rogados son lo peor de todas las corrupciones”, señaló.

Herrera es el abogado defensor del empresario chiricano César Alvarado Taylor, quien acusó a Oydén Ortega Collado, hijo del exmagistrado Oydén Ortega de haberle solicitado dinero en 2012 a cambio de la admisión en la Corte de un recurso de casación relacionado con un pleito por la venta de ocho fincas.

Justamente por este caso, a las 2:00 de la tarde de hoy en las oficinas del Sistema Penal Acusatorio en plaza Ágora, se tiene previsto realizar una audiencia a Ortega Collado y a Claudia Purcait, exsecretaria del exmagistrado Ortega Durán, a quienes ya se les imputó cargos por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.

En este caso, dijo Herrera, el juez de garantías va a ver la posibilidad de calificar los cargos. “Le van a hacer cargos a la secretaria y al hijo del magistrado, ellos ya están imputados, pero van a hacer la calificación para pasarlo a audiencia”, detalló Herrera.

Por su parte, el expresidente y miembro del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) Raúl Rodríguez expresó que sin el ánimo de defender a nadie hay que buscar la verdad, ya que el sistema de administración de justicia se debe fundamentar en pruebas y hechos ciertos y concretos.

“Yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que investigar y condenar cualquier acto de corrupción y, sobre todo, que se sesgue un fallo en la administración de justicia”, enfatizó.

Según Rodríguez, hay algunos casos de supuesta corrupción en el Órgano Judicial que ameritan una investigación y una condena, porque hay casos que son bastante evidentes, pero también, asegura, hay casos que no son más que meras campañas para tratar de hacer daño y buscar intereses ocultos.

Abogó porque se fortalezca el Consejo Judicial, que era el organismo que velaba por la administración de justicia y que, señala, ha desaparecido de manera no jurídica y han venido ausentándose en el tiempo quienes deben velar por los intereses jurídicos.

En tanto, Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), manifestó que hay una tarea pendiente en la administración de justicia, que es la de establecer los mecanismos institucionales para disipar dudas en el sistema.

Indicó que si son percepción o realidad los señalamientos de compra y venta de fallos en el Órgano Judicial, “nunca se va a saber”, porque si no existen mecanismos institucionales para determinar la realidad del señalamiento, se vivirá según la apreciación de las partes, y en esa apreciación, dijo, nadie tendría legitimidad para disiparla o para disminuirla.

Sostuvo que cuando una persona tiene un señalamiento sobre la justicia y a lo interno del Órgano Judicial falta la integración del Tribunal de Ética y Transparencia –que fue lo que creó la Ley de Carrera Judicial–, permanece una deficiencia institucional en el lugar donde esos señalamientos tenían que dirimirse.

“Eso es una debilidad institucional porque, a pesar de existir en la Ley de Carrera Judicial un Tribunal de Ética y Transparencia que es el llamado a disipar dudas, todavía no ha podido ser implementado”, enfatizó.