Acuerdo de Escazú, un avance para la democracia y protección ambiental

Que el Gobierno convirtiera en Ley de la República el Acuerdo de Escazú -que trata temas sobre la participación pública, el acceso a la justicia y la información en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe- y presentara su ratificación ante la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU), demuestra, según los ambientalistas, la responsabilidad que el país  asume sobre la preservación de los recursos naturales.

El Ministerio de Ambiente (Miambiente) detalló en una entrevista con La Estrella de Panamá que la implementación del texto se estuvo trabajando antes de que fuera aprobado por Ley, a través del lanzamiento de la plataforma Prefasia y el Sistema Nacional de Información Ambiental, donde se brinda mayor acceso a todo el contenido de la institución.

"Desde que entr´ó la Ley 6 del 2002 sobre transparencia, cualquier persona puede acceder de forma gratuita a información ambiental y expedientes administrativos que reposen en nuestra institución, siempre y cuando el documento no contenga información de tipo confidencial o de acceso restringido, de conformidad con lo establecido en la Ley”, dijo Miambiente.

Sonia Montenegro, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (Ciam), criticó que entidades como el Ministerio de Comercio e Industrias, la Autoridad Marítima de Panamá y otras, fundamentales para los casos ambientales, no crean las cooperaciones necesarias para dar accesibilidad a los datos, como las que ejecuta Miambiente.

Rita Spadafora, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), percibe que la información existe, pero dispersa y muchas veces no se encuentra disponible a nivel local. Recomendó hacer una mayor inversión para transformar los documentos en formatos que permitan la interacción con usuarios del sector financiero y la ciudadanía en general, ya que así se lograría una mayor discusión de las decisiones en cuanto a aspectos ambientales y sociales.

El acuerdo es considerado como el primero que trata los asuntos ambientales de la región y en el mundo. Además, en contener disposiciones específicas respecto a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, informo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

El pacto de Escazú en su artículo 9 establece tres tipos de protecciones otorgadas a los defensores ambientales, dígase abogados, científicos o personas que se dediquen a la defensa del medioambiente, subrayó Miambiente.

La directora ejecutiva Ciam manifestó que es importante este punto, debido a que los defensores constantemente se enfrentan a carencias relacionadas a conflictos de intereses de los políticos frente a temas ambientales; falta de conocimiento jurídico y técnico de muchas autoridades, poco acceso a recursos económicos y donaciones nacionales e internacionales. 

"El alto nivel de ingreso de Panamá ha castigado a las ONG, porque les ha cerrado puertas en el exterior y el miedo a represalias políticas o económicas disuaden a los donantes locales. Además, las leyes existentes en el país no protegen a los defensores ambientales ni a los activistas de derechos humanos, por eso es muy importante el Acuerdo de Escazú", resaltó Montenegro. 

Mi ambiente, también acotó que ante el gran número de competencias y facultades que poseen a nivel nacional, es necesario que cuenten con un mayor presupuesto para cumplir a cabalidad las múltiples competencias que tienen y de las cuales deben garantizar la protección del derecho a un ambiente sano a la población.

El Acuerdo de Escazú fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, requiere de once ratificaciones para entrar en vigor a nivel internacional, hasta el momento solo ocho países han realizado el proceso: Bolivia, Jamaica, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Panamá, Colombia y Costa Rica. Chile es el único que ha mostrado su rechazo al proyecto.