La corrupción le cuesta a Panamá $520 millones al año

El 1% de PIB ($520 millones) se pierde anualmente por culpa de la corrupción, reveló ayer el director regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra el delito, Amado Philip de Andrés, en un conversatorio en la Casa Amarilla de la Presidencia de la República.

Sin embargo, según De Andrés, el país puede albergar esperanza de cambio, ya que aunque ‘la impunidad ha jugado un papel muy importante en esta fuga' de dinero, es inevitable decir que estamos viendo ‘una primavera' contra la corrupción, agregó.

El director regional se refería a la docena de casos que actualmente investiga el Ministerio Público, todos ellos altos funcionarios de la administración del expresidente Ricardo Martinelli. Aun más, el propio expresidente es investigado por la Corte Suprema de Justicia.

Estos funcionarios fueron acusados de enriquecimiento ilícito, pago de sobornos y mal uso de fondos públicos.

La lucha de Panamá contra la corrupción es endémica. Durante los últimos cinco años, el país ha ocupado el puesto de quinto más corrupto de la región centroamericana, incluyendo México, y el número 94 del mundo, en las listas anuales de Transparencia Internacional.

Además, los esfuerzos y logros que se atribuye el gobierno de Juan Carlos Varela en transparencia y combate a la impunidad parecen no ser suficientes para salir de la percepción generalizada de corrupción del país.

Aunque, por ahora, no existe ninguna denuncia judicial contra los servidores de la administración Varela, las quejas administrativas presentadas ante la Autoridad Nacional de Transparencia (Antai) son cuatro veces más numerosas que las que hubo durante el gobierno anterior, demostrando que algunas cosas continúan fallando.

LA ANTAI INVESTIGA

La directora de la Antai, Agélica Maytín, criticada por haber realizado en su primer año de gestión cinco viajes al extranjero, se ha atribuido la destitución de una veintena de funcionarios del gobierno Varela por prácticas de nepotismo y el cobro de salarios sin asistir a su puesto de trabajo.

‘Hemos recibido las denuncias, investigado y señalado las infracciones al código de ética y allí tenemos los resultados', afirmó Maytín.

Así las cosas, el talón de Aquiles del gobierno actual parece ser ahora el acceso a la información pública.

La entidad se ha visto forzada a nombrar 96 nuevos funcionarios dedicados a fiscalizar que los ministerios e instituciones entreguen a la ciudadanía la información necesaria de su gestión.

En marzo de este año, cuando la Antai inspeccionó las secciones de transparencia de 96 instituciones del Estado, descubrió que solo dos cumplían en un 100% con lo indicado en la Ley 6 del 22 de enero de 2002 sobre acceso a información. Ocho meses después, la cifra aumentó a 27 entidades.

El resto continúa incumpliendo la norma.

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DECLARACIÓN

El sueño de auditar el patrimonio

La Academia Regional Anticorrupción (Arac) y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) preparan un anteproyecto de ley que busca subrogar la Ley 59 de 1999 que hace referencia las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.

A juicio de ambas instituciones, una reforma que permita el áudito de los bienes que declaran los funcionarios antes y después de entregar su cargo marcaría un precedente en la disminución de los índices de corrupción.

La vicepresidenta de la República apoya la idea de estas dos entidades. ‘La transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción', dijo Isabel de Saint Malo de Alvarado.

El borrador del proyecto de reforma debe ser presentado, según la Antai, al inicio de la próxima legislatura, el año entrante.

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TRANSPARENCIA VS. IMPUNIDAD

El 1% del PIB nacional se pierde por la corrupción y su impunidad.