Soberanía iliberal y la trampa comercial

El 14 de julio, el Partido Comunista de China (PCC) y gobiernos de América Latina y el Caribe sostuvieron el Segundo Foro Celac-China, para abordar los desafíos de la región con el fin de lograr la reducción de pobreza y desarrollo sostenible. Según la Celac, alrededor de 5 millones de latinoamericanos cayeron en pobreza desde 2020, aumentando la cifra total a cerca de 13 millones de personas (2,2 millones en extrema pobreza).

Cada vez son más comunes los encuentros diplomáticos entre gobiernos latinoamericanos y el PCC para abordar temas económicos y sociales. Y es que, desde 2001 al presente, China pasó de ser un país que representaba menos del 3% de la inversión extranjera directa (IED) en Latinoamérica a ser el principal socio comercial de los 35 países de la región. El PCC ha avanzado, paso a paso, una agenda de dominación comercial global, para garantizar su soberanía nacional iliberal. En los últimos 20 años, China aumentó por un factor de 18 su extracción de recursos naturales de la región; garantizó su acceso y control de los mercados latinoamericanos, a través de la captura de élites y autocensura política; y se está perfilando exitosa en desplegar una arquitectura digital de control social en toda Latinoamérica.

En 2001, luego de que China ingresara a la Organización Mundial de Comercio, el PCC inició una fase de expansión de su influencia comercial a nivel mundial. Entre 2001 y 2010, el balance comercial entre China y los países de la región aumentó un promedio de 40% anualmente, de $18 mil millones en 2001 a más de $100 mil millones en 2010. Más del 70% de las importaciones chinas provenientes de América Latina, durante este período, fueron recursos naturales.

Por ejemplo, de las importaciones de Argentina, 30% era en productos de soya para alimentar el ganado en China y 15% fue importaciones de petróleo. 77% del comercio con Perú fue en la compra de cobre. 89% del comercio con Ecuador estaba centrado en la importación de petróleo. Mientras que los países de América Latina importaban productos manufacturados de China. Esta relación comercial es la clásica relación comercial que la región ha tenido con grandes potencias. La agresiva explotación de recursos naturales en América Latina por parte del China fue necesaria para los objetivos de crecimiento económico del PCC. Fue el cobre de Perú y Chile el que permitió la electrificación de la China rural (el cobre es necesario para el cableado). Fue la soya de Brasil y Argentina la que alimentó el ganado chino e impulso una revolución en la dieta de la población del gigante asiático (el consumo anual de carnes en China ha aumentado más del 33% anualmente desde 2010). Y fue el petróleo de Ecuador y Venezuela el que alimentó los grandes parques industriales de China.

Al igual que se denunció en el pasado con compañías norteamericanas y europeas, el impacto de políticas económicas extractivas puede resultar en la violación de derechos humanos y la degradación del medio ambiente. Por ejemplo: en la mina de litio Cauchari-Olaroz, en Jujuy, Argentina, no se realizaron los estudios ambientales y el agua potable de seis poblaciones indígenas se vio contaminada por las operaciones mineras. La planta hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en Ecuador, tampoco contó con los estudios apropiados, y la erosión provocada por la construcción de la planta, generadora de 1.500 megavatios, provocó el colapso de la cascada San Rafael y cambió el flujo de varios ríos. El caso más grotesco se vive en Venezuela, en donde no existe información sobre los proyectos mineros de compañías chinas en la Amazonia venezolana. Poblaciones locales reciben la información de reubicación obligatoria el mismo día que llegan las excavadoras.

El modelo de desarrollo económico del PCC fue bastante pragmático y rudimentario durante las dos primeras décadas del siglo XXI. Es un modelo económico que ha sido dañino para América Latina en el pasado y lo está siendo nuevamente hoy. Es un modelo de extracción de recursos insostenible para el PCC y para la sociedad latinoamericana.

Tras la crisis financiera de 2008, el PCC, a través de sus compañías estatales, inició una nueva fase de intervención económica en América Latina. La relación comercial se transformó de una relación meramente de extracción de recursos naturales a una de fusión y adquisición de compañías latinoamericanas por compañías estatales chinas. La compra y/o establecimiento de presencia de personal chino en la región se especializó en el control y construcción de infraestructura critica de doble uso.

A nivel global esta iniciativa es conocida como “Belt and Road Initiative” o la nueva ruta de la seda. Ya son 21 países, de los 35 de la región, que han firmado y participado de este esquema global de inversiones en proyectos de infraestructura de doble uso. En 2014, el propio Xi Jinping realizó una gira diplomática por América Latina. Durante 10 días, Xi personalmente se reunió con más de 20 jefes de Estado, participó de 70 eventos multilaterales, firmó 150 contratos de proyectos de infraestructura y comprometió $70 mil millones en inversiones. Desde 2015, China conformó tres fondos regionales para impulsar los objetivos económico-militares del PCC. Más de $30 mil millones fueron destinados a la creación del Fondo de Inversión para la Cooperación Industrial China-América Latina (CLAI); $10 mil millones para el Fondo de Cooperación China-América Latina; y, $20 mil millones para un fondo especial de préstamos de infraestructura China-América. Estas reuniones, sin embargo, también estuvieron acompañadas por más de 215 visitas del alto mando militar del PCC para reunirse con sus homólogos regionales.

Durante la mayor parte de la última década, la elite política y económica en América Latina encontró lucros sin igual en las supuestas oportunidades de comercio con China. Y podemos imaginar que el lucro desproporcionado tiene algo que ver con que cerca del 80% de la IED de China hacia la región fue tramitada a través de paraísos fiscales, como las islas Caimanes y otras jurisdicciones en el Caribe. Más de $4,5 mil millones anualmente que fueron traspasados a través de la cortina de humo que son las compañías offshore. País por país, el PCC invitó personalmente a delegaciones de líderes empresariales y periodistas de la región a Pekín, en paralelo a las reuniones diplomáticas entre gobiernos. La gestión de poder blando del PCC compró la autocensura de los medios y la clase política de América Latina, que prefirió lucrar y callar a confrontar las agresiones del PCC en el escenario internacional y la corrupción en las relaciones comerciales.

Hoy son compañías chinas las que construyen el metro de Bogotá. El megapuerto de Chancay, en Perú, que tendrá un costo total de $3 mil millones, también es una obra de compañías al servicio del PCC. El Gobierno argentino ya prometió alrededor de $8 mil millones a la China National Nuclear Corporation, para la construcción de la planta nuclear Atucha III. China Merchant Ports opera la terminal portuaria de Paranaguá en Brasil, la terminal más grande de la región. Todas estas compañías están sujetas a la Ley de Seguridad Nacional de 2017, implantada por Xi Jinping. Es decir, que todas las compañías chinas deben compartir la información/data que manejan en China y sus subsidiarias a nivel global, en el caso de una amenaza a la seguridad nacional. Amenazas que el PCC, en sus ambiciones de poder, ve cada vez más frecuentemente en el actuar soberano de demás naciones.

Estas dinámicas de control extranjero no son únicas del PCC. EE.UU. y la Unión Europea hicieron y deshicieron en la región entera, a través de sus actividades comerciales extractivas, e influenciaron a gobiernos, a diestra y siniestra, durante el siglo XIX y XX. Son parte de prácticas político-económicas iliberales que generan dependencias entre el polo de poder y el modelo económico impuesto sobre la región. Estás practicas iliberales pretenden garantizar la soberanía y hegemonía del polo de poder. A través de crecimiento económico infinito se garantiza la paz social internamente, y a través de la captura de elites se garantiza la subordinación de las dependencias económicas que proveen los recursos naturales.

El PCC, sin embargo, está innovando y promocionando un nuevo modelo de control de las dependencias económicas (es decir, las naciones de América Latina), sobrepasando a las potencias de occidente en sus capacidades de control social a nivel mundial.

Durante la segunda reunión del foro Celac-China del pasado 14 de julio, el PCC asomó que iniciará una nueva fase de inversiones agresivas en infraestructura digital. Hoy, Huawei participa en los sistemas de telecomunicaciones de 20 países de la región. En cuatro de ellos controla más del 20% del mercado. En Brasil controla 50% de todos los equipos de telecomunicaciones. No solo a nombre propio, sino también ofreciendo equipos a otros proveedores de servicios como son Claro, Movistar y Tigo, entre otros. En 2022, por ejemplo, la empresa china Hikivision compró la compañía de home-security más grande de México, Syscom. Son compañías chinas las que instalaron los sistemas de videovigilancia en la ciudad de México (México), en Colón (Panamá), Jujuy (Argentina) y varias ciudades venezolanas. En México, además, la competencia de Uber, Didi, controla la mayor parte del mercado del país. Es decir, que si mañana el PCC solicita información a todas estas compañías, podrían controlar la seguridad de la casa de un político, los datos biométricos de un empresario, las rutas de viaje de un general. Más allá de la explotación del consumidor por parte del ecosistema empresarial de grandes oligopolios, el PCC tiene ya acceso a toda la información de estas compañías.

La anterior exposición no es una condena en particular del PCC ni un indulto a la influencia, hoy limitada, de compañías americanas y europeas en la región. Es un llamado de atención a la clase política y económica regional que hoy se enfrenta a estallidos sociales en cada esquina. La trampa comercial del aparente lucro rápido y protegido de hacer negocios con compañías al servicio del PCC puede traer la muerte de la soberanía nacional. La respuesta a la amenaza de influencia extranjera es la misma que la respuesta necesaria a las crisis internas: transparencia y un orden basado en reglas que permita la competencia y el balance de poder.