Perú y Ecuador, síntomas de una región fragmentada

Rodeado de su Gabinete y con evidente disgusto, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció hace pocos días que el Parlamento ecuatoriano sería disuelto. Una decisión que ocurrió cuando el gobernante enfrentaba un juicio político, por su supuesta participación en el delito de peculado.

Seis meses antes, el expresidente de Perú Pedro Castillo declaró en cadena nacional sus intenciones de establecer un gobierno de excepción, que disolvía temporalmente el Congreso de la República e instauraba un gobierno de emergencia excepcional.

Dos acontecimientos que evidencian el nivel de crisis por la que atraviesan ambas naciones. “Los contextos en términos de crisis son muy semejantes en ambos países”, analiza Briseida Allard, docente de relaciones internacionales en la Universidad de Panamá.

“En ambos casos encontramos serias ilegalidades, pues ninguno de los dos mandatarios respetó las reglas constitucionales de sus países para enfrentar lo que estaba sucediendo”, añade Allard.

Esto no significa que la situación interna de ambos países sea igual, o que las causas de las crisis por las que atraviesan tengan un mismo origen, aclara la catedrática. “Ecuador es un país asediado por una ola importante de grupos delincuenciales (...), que han sido el punto fundamental del problema que hay y que impacta los tres órganos del poder político”, relata.

En abril de 2022, el presidente Lasso emitió un comunicado en el que decretaba un estado de excepción en las provincias de Guatas, Manabí y Esmeraldas, a la par de desplegar 9.000 agentes de la policía y el ejército, con el fin de combatir a los “delincuentes hasta el mismo territorio donde intentan ocultarse”, una medida que se autorizó en el marco de un conflicto entre los grupos delincuenciales que están presentes en las cárceles y que venía acompañada de otras acciones a lo largo de los meses, para intentar reducir el actuar de las pandillas.

Una realidad bastante diferente a la que pasa en Perú, dónde, según la docente, la crisis fue ocasionada por la “poca capacidad y experiencia política de Pedro Castillo”, considera Allard.

“Castillo era alguien que venía del interior del país y pasó a liderar la primera magistratura de la nación, en donde tuvo que pasar por grandes obstáculos para poder cumplir con sus promesas de campaña”, dice la profesora.

Durante su intento de disolución del Parlamento, Castillo aseguraba que los “adversarios políticos más extremos se estaban uniendo para hacer fracasar su gobierno”, una situación que el exgobernante atribuía a los “congresistas identificados con intereses racistas y sociales”.

Para Allard, el hecho de que Castillo haya provenido de grupos campesinos obstaculizó que el también profesor de colegio no pudiese “acomodarse” dentro del Órgano Ejecutivo, pues su forma de administrar la nación generó rechazó en múltiples actores de la sociedad peruana, quienes no coincidían con su visión de los problemas por los que atravesaba la nación.

Perú y Ecuador no son las únicas naciones que han atravesado por escenarios de enfrentamiento entre los diversos poderes del Estado, pues a principios de mayo el líder del Gobierno colombiano, Gustavo Petro, fue protagonista de un conflicto con el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa.

Petro, durante una visita oficial a España, dijo a los medios que “él era el jefe del Estado y, por lo tanto, el jefe de él”. Declaraciones que mantienen abierto un debate entre los órganos Ejecutivo y Judicial colombianos.

“Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del estado de derecho”, lamentó Barbosa, en conversaciones con la revista Semana.

“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes”, agregó.

A esto hay que sumarle lo ocurrido en el Parlamento salvadoreño, en febrero de 2020, cuando el presidente Nayib Bukele ingresó al Palacio Legislativo, acompañado de militares armados y amenazó con disolverla en una semana, si esa Asamblea no autorizaba la negociación de un préstamo de $109 millones.

Otro caso muy sonado es la ruptura de las relaciones entre el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a finales del año pasado, lo que ocasionó la renuncia de múltiples integrantes del Gabinete de Alberto Fernández.

“América Latina requiere mayor movilización social”, afirma Allard, quien piensa que los movimientos sociales han tenido una baja en el continente. Una realidad que responde a los cambios que han experimentado los países en los últimos años y que hace necesario el surgimiento de “liderazgos populares”, que generen cambios en las poblaciones más necesitadas.

Pese a esto, la docente plantea que sí existen nuevos liderazgos, solo que estos no se concentran en el Ejecutivo. “Nuestra región sí tiene líderes, pero muchos de ellos se mantienen en esquemas más locales y no muestran interés por llegar a la Presidencia”, pondera.

“El problema es que generar un liderazgo que unifique a los que piensan diferente es difícil”, considera la docente, quien plantea que los desacuerdos son parte de la democracia.