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Actualizado
- 10/08/2022 07:54
Creado
- 10/08/2022 07:54
Estas medidas del Gobierno español, de izquierda, buscan una reducción del consumo eléctrico que a su vez contribuya a rebajar la dependencia del gas
El aire acondicionado no debe estar por debajo de los 27 grados en muchos espacios públicos y en la noche habrá que apagar los escaparates del comercio, entre otras medidas en vigor desde este miércoles en España para cumplir los objetivos de ahorro energético marcados en la Unión Europea.
Estas medidas del Gobierno español, de izquierda, buscan una reducción del consumo eléctrico que a su vez contribuya a rebajar la dependencia del gas, que se usa también para producir electricidad, en el marco del ahorro establecido en Europa en el contexto de la invasión rusa en Ucrania.
Aunque comienzan a ser de obligado cumplimiento entre el desacuerdo de regiones gobernadas por la derecha y las dudas de cómo sancionar a quienes incumplan el denominado "Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización".
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, avanzó el martes que antes de multar habrá un margen para exigir que se cumplan limitaciones como que el aire acondicionado no esté por debajo de los 27 grados en verano ni la calefacción supere los 19 en invierno.
Algo obligado en edificios públicos, comercios, teatros, cines, locales de ocio, estaciones de tren y autobús, y aeropuertos, entre otros, pero no en colegios y universidades, guarderías, centros sanitarios o gimnasios, ni en las habitaciones de hoteles al ser espacios privados.
El apagado a las 22.00 hora local del alumbrado de escaparates y edificios públicos que estén desocupados, salvo la iluminación ornamental de monumentos, es cuestionado por quienes advierten de que reducirá la seguridad en las calles, perjudicará al comercio y España será el único país que lo aplique.
El Gobierno de coalición que integran el socialista PSOE y la formación de izquierdas Unidas Podemos defiende estas medidas puestas en marcha mediante un decreto, que requiere una posterior convalidación parlamentaria y que rechazan principalmente regiones gobernadas por el conservador Partido Popular, principal fuerza de oposición en el Parlamento español.
La región de Madrid ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional estas medidas, que se enmarcan en el compromiso con Bruselas para reducir en un 7 por ciento el consumo de gas ante el temor de que Rusia corte el suministro a Europa el próximo invierno y los precios suban aún más en el contexto de la guerra en Ucrania.
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