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- 17/12/2013 01:00
- 17/12/2013 01:00
Artur Mas, presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, anunció hace unos días las dos preguntas que su Gobierno quiere hacer en el referéndum. El Gobierno de Cataluña, una de las regiones más prósperas y dinámicas de España, encabezado por el partido nacionalista, Convergencia i Unio (CiU), y apoyado por el independentista, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), desea preguntar a la ciudadanía si ¿quiere que Cataluña sea un Estado? y, en caso afirmativo, ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente?
La Constitución española, como el resto de constituciones de los países democráticos, impide la secesión unilateral de una parte de su territorio y no contempla el derecho de autodeterminación. Según la Constitución de 1978, la soberanía pertenece al conjunto del pueblo español y por lo tanto, los ciudadanos de Cataluña no pueden decidir por sí solos sobre su independencia. Del mismo, la capacidad para convocar un referéndum compete el Gobierno de España, previa aprobación del Congreso de los Diputados, razón por la cual el referéndum nunca podrá llegar a celebrarse legalmente, porque los dos grandes partidos españoles, PP y PSOE, ya han mostrado su oposición firme al mismo.
Parece claro que el Señor Mas, su partido y quienes le apoyan son conscientes de la situación y de los insalvables impedimentos. A pesar de ello, el Gobierno de Cataluña se ha embarcado en una operación que va a producir una enorme frustración en una ciudadanía que, según las encuestas, en estos momentos sí desea tener un Estado propio. Las razones de esa opinión mayoritaria son múltiples, pero una de ellas es que los catalanes están convencidos de que su Comunidad Autónoma podría afrontar mucho mejor la grave crisis económica que le afecta si fuese un Estado, porque además, según ellos, el marco constitucional de relaciones y la actual financiación perjudican a Cataluña.
Por ahora las espadas seguirán en alto, porque frente a la huida a ninguna parte del Gobierno de Cataluña, el presidente español Mariano Rajoy y su partido no se han mostrado dispuestos a abrir un debate sobre un nuevo modelo territorial para España. Por su parte, el PSOE, principal partido de la oposición, si es partidario de iniciar un proceso de reforma constitucional de signo federal que permita a las diferentes regiones sentirse más cómodas y reconocidas dentro del Estado español.
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