C. de Europa advierte a Dinamarca, R. Checa y Polonia por falta de medidas anticorrupción

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa advirtió hoy a tres países de la UE, Dinamarca, República Checa y Polonia, por no haber adoptado las recomendaciones necesarias para prevenir la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales.

En un informe que recapitula la situación de los 50 miembros de Greco correspondiente durante el año de 2022, seis países están sujetos "a un procedimiento de incumplimiento" que no implica sanciones económicas pero sí una mayor presión diplomática.

Junto a Dinamarca, República Checa y Polonia, figuran como países advertidos Bosnia y Herzegovina, Moldavia y Turquía a fecha de 15 de junio.

En un comentario sobre el informe anual difundido hoy, el presidente de Greco, el juez croata Marin Mrčela, mostró además su inquietud por la falta de garantías para el acceso a la información pública dentro de los países miembros.

"Cualquier excepción a la regla de divulgación pública debe ser limitarse al mínimo y estar debidamente justificado. Cuando se trata específicamente de la contratación pública, el escrutinio público y el acceso a los documentos oficiales son claves para prevenir la corrupción de manera efectiva", refirió Mrčela.

Respecto a España, el documento recopila lo ya publicado en dos informes de Greco (diciembre de 2022 y marzo de 2023) y recuerda que está pendiente de mejora la prevención de la corrupción en los puestos ejecutivos del Gobierno central y en los cuerpos policiales nacionales.

Asimismo, avisa de que sigue pendiente "una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de sus efectos en la independencia real y percibida de este órgano de cualquier influencia indebida".

Las autoridades españolas tienen hasta el 31 de diciembre de 2023 para informar a Greco sobre las medidas adoptadas acerca de las recomendaciones pendientes.

El informe de 2022 también destaca los progresos de ciertos países en la adopción de medidas contra la corrupción, entre ellos España, que aplicó el 75% de las recomendaciones del Greco en lo referente a la prevención de prácticas ilícitas por parte de los parlamentarios.