Régimen de excepción salvadoreño, entre aciertos y críticas

“La ola de asesinatos que expulsó a los Cuerpos de Paz estadounidenses de El Salvador”, con estas palabras la BBC titulaba que la organización estadounidense abandonaba el país, en enero de 2016, tras más de cinco décadas de trabajo.

Esta semana, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador anunció que los Cuerpos de Paz retornarían al país centroamericano, para seguir trabajando en pro del desarrollo de la paz y amistad.

La noticia se da casi ocho años después de que los 55 miembros que formaban la organización, en 2016, salieran del país tras confirmarse que 2015 había sido el año más violento de El Salvador, desde el fin de la guerra civil de 1993.

Datos del Instituto de Medicina Legal salvadoreño puntualizan que en ese año hubo un incremento del 70% en los asesinatos, en comparación con el año anterior. En concreto, el país contabilizó 6.081 víctimas, lo que se traduce en un promedio de 106,82 asesinatos, por cada 100.000 habitantes, consolidando al país como el que tenía la mayor tasa de homicidios en el mundo.

“En 2016 los Cuerpos de Paz  tuvieron que abandonar nuestro país debido al aumento de la inseguridad.  Ahora regresan al país más seguro de América Latina para ayudarnos con el desarrollo económico, comunitario, la educación y las iniciativas juveniles”, dijo el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tras darse a conocer la noticia.

Se trata de una afirmación que el gobernante sustenta en la reducción de la tasa de homicidios que registran las autoridades oficiales.

Datos de la Policía Nacional Civil (PNC) salvadoreña plantean que, en 2022, el país concretó el año con menos homicidios de la década, con 8 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Estos resultados se dan en el contexto del régimen de excepción que el gobierno decidió extender por  décimo octava vez, esta semana, tras confirmarse la detención de 72.600 presuntos pandilleros, en la conocida 'guerra contra las pandillas' que Bukele anunció hace cerca de dos años.

Mauricio Arriaza, director de la PNC, explicó ante el Congreso de los Diputados que esta extensión se debe a que  “Las estructuras criminales no han desaparecido en su totalidad”, pero que sí experimentan una “degradación del 70%”.

La diputada opositora Claudia Ortiz cuestionó la decisión de extender una medida que se ha encargado de “capturar primero e investigar después”, pues el propio Bukele reconoció, a principios de año, que se había liberado a cerca de 3.000 personas por ser “inocentes”.

Estas no han sido las únicas personas liberadas, pues el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, reconoció a finales de agosto que cerca de 7.000 ciudadanos “inocentes” fueron liberados.

A esto hay que sumar las denuncias de personas que supuestamente murieron en la cárcel al ser detenidos durante el régimen. Amnistía Internacional emitió un comunicado, en abril de este año, en el que planteó que se dieron más de 66.000 detenciones “arbitrarias”, en las que los aprehendidos fueron sometidos a “malos tratos, torturas, violaciones flagrantes al debido proceso y desapariciones forzadas”.

Sobre los fallecidos, la entidad asegura que 132 personas perdieron la vida. Un número que, según la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, en realidad asciende a 300, de las que “el 92% era inocente”.

Esta última también alega que en realidad el número de personas “inocentes” detenidas es superior a 13.000. “Miles de estas personas ya cuentan con sus cartas de liberación, emitidas por la Dirección de Centros Penales, pero se les ignora y se les prolonga el sufrimiento”.