Denuncia a magistrados recrudece pulso de Morales, el Constitucional y Cicig

a solicitud de antejuicio (desafuero) contra 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad ha recrudecido el pulso entre el presidente Jimmy Morales y el máximo tribunal del país, que, por mayoría, ha defendido a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Horas después de la denuncia de la Procuraduría General de la Nación (PGN) contra los magistrados titulares del Constitucional Francisco de Mata, Boanerge Mejía y Gloria Porras, por supuesto prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias y abuso de autoridad, generó rechazo en la sociedad civil, organizaciones y hasta del procurador de los Derechos Humanos.

Coinciden que la medida es un intento de "rompimiento constitucional" y también se han referido a la denuncia como un "Golpe de Estado", como lo hicieron la tarde de este jueves frente a la Casa Presidencial, el despacho-hogar de Morales, unas 60 personas que se manifestaron en apoyo a los magistrados.

Con una manta de más de tres metros de alto con la cara de Morales en lo alto y el lema "los títeres del payaso", decenas de personas lanzaron consignas contra el Gobierno, señalando al presidente de "traidor" por su "afán" de "minar la lucha anticorrupción", encabezada por la Cicig.

También se pronunciaron diversas entidades, como las Autoridades Ancestrales Maya, Garífuna y Xinka, quienes solicitaron a la Fiscalía que también investigue al presidente Morales, así como a la canciller Sandra Jovel y al titular de la PGN, Jorge Luis Donado, por supuestamente estar "tratando de frenar la lucha contra la corrupción y la impunidad".

Además, exigieron a la Corte Suprema de Justicia, encargada de decidir si procede o no la denuncia contra los tres magistrados del poder Constitucional, "velar por los intereses del Estado Plurinacional de Guatemala".

Pidieron a la Corte Suprema que no se ponga "al servicio de los sectores paralelos y oscuros de poder que se oponen a dejar de disfrutar los privilegios que les favorecen".

Por su parte, el ombudsman Jordan Rodas advirtió que el ataque y la desobediencia a la Corte de Constitucionalidad "atenta contra la base republicana del sistema democrático", en un segundo posicionamiento hecho este jueves.

Antes, la noche del miércoles ya había lamentado que el Gobierno haya utilizado "al órgano asesor del Estado, la PGN, frente a la decisión del Constitucional de otorgar amparos provisionales a personal de la Cicig".

El procurador Donado, por su parte, le explicó a Efe el miércoles que, si bien fueron revisadas y analizadas varias resoluciones de los magistrados denunciados por amparar en diversas ocasiones a la Cicig, "sería precipitado" emitir una decisión al respecto de las visas de los funcionarios internacionales.

Aunque admitió que fueron analizadas "un conjunto de resoluciones judiciales" del Constitucional, dictámenes que "tienden atribuirse facultades que no les corresponden" pues "coartan facultades constitucionales otorgadas directamente al presidente", Jimmy Morales, como avalar amparos que evitaron decisiones del mandatario en contra de Cicig, como la prohibición de ingresar al país al comisionado de dicha entidad, el colombiano Iván Velásquez.

La exfiscal Thelma Aldana, aliada a la Cicig y con miras a participar en la elección de 2019, advirtió desde su cuenta de Twitter que "las redes político económicas ilícitas que se resisten a desaparecer del Estado presentan acciones legales espurias en su desesperación por mantener la impunidad y su estatus quo".

Mientras que la exmagistrada Claudia Escobar aseguró que la PGN realizó "una aberración jurídica en su máxima expresión" con la solicitud de desafuero a los magistrados y, permitir que prospere, "sería el primer paso a que Guatemala se convierta en Estado Fallido".

Además, la congresista estadounidense de origen guatemalteco del distrito 35 del Estado de California, Norma Torres, afirmó que "cualquier persona preocupada por lo que está sucediendo en Guatemala" debe preocuparse de que "un Gobierno corrupto está tratando de eliminar jueces independientes de la más alta Corte".

Y mencionó que "si no defendemos el Estado de Derecho en Guatemala, veremos las consecuencias en nuestra frontera", en referencia a la crisis migratoria.

Será la Corte Suprema de Justicia la que determinará si la solicitud de antejuicio a los magistrados es viable y, de serlo así, pasará al Congreso -con una mayoría aliada al oficialismo- para que decida si se retira la inmunidad a De Mata, Mejía y Porras o no.