Perú, un bicentenario con derechos pendientes para sus poblaciones excluidas

Dos siglos después de que los anhelos de equidad y soberanía impulsaran su independencia, la desigualdad y la exclusión siguen sin desterrarse de Perú, donde la discriminación sigue para mujeres, indígenas, afrodescendientes y LGTBIQ, entre otros grupos que no ven garantizados todos sus derechos.

Si Perú fue el último país de Suramérica en independizarse, también va camino de ser el más reticente a reconocer derechos sociales como la despenalización del aborto o el matrimonio igualitario, mientras los episodios de racismo y violencia machista se repiten con frecuencia.

"No llegamos al bicentenario en una situación para estar contentos. La sensación es que la discriminación sigue generando ciudadanos de segunda clase. Somos un país con un grave problema de racismo, clasismo, xenofobia y, por supuesto, también homofobia y transfobia", afirma a Efe el congresista Alberto De Belaunde.

El parlamentario del liberal y centrista Partido Morado ha sido en estos últimos cinco años uno de los principales promotores de leyes en favor de la comunidad LGTBIQ, con pequeños pero notables éxitos, como cuando en 2017 se modificó el código penal para incluir los crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género.

Sin embargo, las parejas homosexuales siguen sin ser reconocidas por el Estado y tampoco la identidad de las personas trans.

Para De Belaunde es vital una ley de matrimonio igualitario o, en su defecto, de unión civil; una ley de identidad de género y otra que prohíba las "terapias" de conversión, además de incluir a la población LGTBIQ en la estadística oficial, lo que sería "un gesto muy importante" del nuevo presidente, Pedro Castillo.

"Somos la única población vulnerable que no existe para el Estado. (...) ¿Cómo vas a poder garantizar derechos cuando no tienes idea de la situación de ese grupo?", se pregunta De Belaunde.

Precisamente en 2017 fue la primera vez que el censo nacional incluyó la variante de autoidentificación étnica, lo que permitió conocer que más de 5,7 millones de peruanos, casi el 20 % de la población del país, se considera indígena.

Son los indígenas, tanto andinos como amazónicos, los más desprotegidos en el país, al carecer en muchos casos de la propiedad de sus territorios y sufrir una gran dificultad para acceder a servicios básicos como salud y educación, pues en ocasiones el centro sanitario más cercano está a varias horas de viaje.

"Es fundamental que no nos vean solamente en videos que promocionan el turismo muy exóticamente, porque en realidad necesitamos un territorio, oportunidades para crecer y salud en su propio contexto", indica a Efe la presidenta del Centro de Culturas Indígenas del Perú (Chirapaq), Tarcila Rivera.

Incluso los indígenas emigrados a la ciudad integran grandes barriadas de pobreza, que con la pandemia del covid-19 ha ascendido hasta el 30 % de la población nacional, mientras que un 4 % de los hogares peruanos carece de electricidad, el 9 % no cuenta acceso a la red de agua potable y el 25 % tampoco a la red de desagüe.

Las recientes elecciones presidenciales han exacerbado esa profunda división entre las clases altas y adineradas, la mayoría descendientes de europeos asentados en Lima, y las clases medias y pobres.

"Lo que ahora ha salido a la luz es justamente las actitudes tremendamente heredadas del colonialismo. Hay un gran sector de la sociedad descendiente de colonizadores que todavía tienen mentalidades colonizadas", apunta Rivera.

"También los pueblos indígenas han internalizado que no somos de la misma calidad que los que están en un estatus que consideramos mayor", reconoce.

Aunque la situación parece irreconciliable, Rivera es optimista de superarla con diálogo y con educación para fortalecer la autoestima y entender que "no somos una sola cultura o una sola lengua".

A las mujeres de toda condición se suma la violencia machista, pues el 54,8 % afirma haber sufrido violencia de género, según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), mientras que los feminicidios no descienden y en 2020 fueron 132 pese a haberse endurecido las penas.

La presencia de la mujer en cargos públicos de poder solo se ha incrementado recientemente, con éxito.

Hoy, los seis cargos más importantes del Estado por debajo del presidente son ocupados por mujeres.

También los últimos Gobiernos han sido paritarios y recientemente se introdujo la paridad en las listas de candidatos al Congreso, pero para la periodista y activista afroperuana Sofía Carrillo, esto también debería suceder con las poblaciones excluidas como los afrodescendientes, para reparar el "abuso histórico" vivido.

"Sé que esta discusión podría resultar demasiado para algunas personas, pero creo que es necesario, porque de lo contrario no vamos a trabajar para realmente eliminar estas desigualdades y combatir las consecuencias de este racismo estructural y discriminación generalizada", comenta a Efe Carrillo.

La comunicadora recordó que la población afroperuana sufre el doble de pobreza urbana (30 %) que el resto de la población.

"Necesitamos una sociedad que cuestione este racismo estructural y este Estado patriarcal, y en cómo interseccionan las causas de vulneración y opresión, donde sexismo, invisibilización, prejuicio y estereotipo atraviesan nuestras vidas", concluye Carrillo.

Por: Fernando Gimeno