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Actualizado
- 20/04/2019 20:51
Creado
- 20/04/2019 20:51
Las autoridades de aquí quieren callar, tapar todo lo que pasó y que uno como familiar no hable, no ponga denuncia
Familiares de los manifestantes antigubernamentales que murieron hace un año en Nicaragua en el marco de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega clamaron este sábado justicia para las víctimas.
La Asociación Madres de Abril (AMA) demandó transparencia para las víctimas que han dejado las protestas contra el Ejecutivo, entre ellos los 21 que fallecieron hace hoy un año, y sostuvo que los casos de sus familiares no quedarán en la impunidad.
"Un año que no tenemos justicia. No hay ninguna persona detenida en el caso del asesinato de mi hijo", dijo a periodistas Francisca Valdivia, madre del universitario Franco Valdivia, quien murió de un disparo hace un año en la ciudad de Estelí (norte).
Aseguró que seguirá en la "lucha" hasta obtener justicia por su hijo, que estudiaba tercer año de derecho y dejó en la orfandad a una niña de cinco años.
La madre contó que el padre y la hermana del universitario se marcharon al exilio tras recibir amenazas de muerte, al igual que los familiares de otro universitario asesinado ese mismo día en Estelí, Orlando Pérez Corrales.
"Las autoridades de aquí quieren callar, tapar todo lo que pasó y que uno como familiar no hable, no ponga denuncia", lamentó.
Por su lado, la opositora Alianza Cívica, que es la contraparte del Gobierno en una mesa de negociación que se encuentran suspendida desde el pasado 3 de abril, recordó que un día como hoy, hace un año, fue el tercer día de protesta contra Ortega y dejó un saldo de 21 muertos, entre ellos el adolescente Álvaro Conrado.
Conrado, de 15 años, fue asesinado cerca de la estatal Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en Managua, y junto a otros heridos, se les negó atención médica en diversos hospitales públicos por "órdenes superiores", recordó esa coalición en una declaración.
El caso de "Alvarito", como se le conoce en Nicaragua, es emblemático porque resume las escenas violentas desde el estallido social del 18 de abril de 2018, con cientos de muertos en protestas que iniciaron de forma pacífica y ningún funcionario procesado.
Álvaro Conrado Avendaño, padre del adolescente, dijo a periodistas que continuará en la "lucha" hasta que se esclarezca la muerte de su hijo y se haga justicia.
El menor decidió repartir agua entre otros universitarios que protestaban contra Ortega, cuando recibió un balazo en la garganta que, según los testigos, fue ejecutado por un francotirador de la Policía Nacional, y, aunque sobrevivió al impacto, murió porque no se le permitió ingresar a dos hospitales.
Desde entonces, sus últimas palabras, "me duele respirar", se convirtieron en un grito de reclamo de los manifestantes autoconvocados.
La familia del joven, que era un estudiante y atleta destacado de secundaria, ha señalado como responsable del fallecimiento a la ministra de Salud, Sonia Castro, además del que le disparó.
Por su lado, la presidenta de la Asociación Madres de Abril (AMA), Francys Valdivia, declaró que Dios pedirá "cuenta por la sangre derramada, se acuerda de los oprimidos y no olvida su clamor".
Como Asociación, agregó, no olvidarán a sus parientes y seguirán "luchando con el ejemplo de nuestros familiares" hasta conseguir justicia.
Ricardo Pérez, hermano del universitario Orlando Pérez, asesinado también hace un año, dijo que "la justicia de Dios vendrá, yo se que sí".
El Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia culminaron el pasado 3 de abril una negociación para superar la crisis, sin acuerdos en temas de justicia y democratización, aunque dejaron la puerta abierta para seguir las conversaciones.
Los delegados del Ejecutivo pidieron un tiempo para reflexionar sobre los puntos de verdad, justicia, reparación y no repetición, además de democratización y reformas electorales.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
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