Maduro y su búsqueda desesperada de legitimidad

La realidad venezolana es una preocupación permanente para el equilibrio político del continente americano. Desde 1999 ha habido un cambio trascendental en cuanto a identidad, intereses y percepciones de la democracia venezolana, que fue de un proceso de democracia representativa liberal (que permaneció desde la caída de la dictadura de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958) hasta 1999, cuando llegó a la Presidencia Hugo Chávez Frías, dando comienzo a la era de la 'revolución bolivariana'.

Desde ese momento comienza lo que autores de las ciencias políticas, como Juan Linz, llaman una “democracia iliberal”, o lo que Levitsky y Way denominan un “autoritarismo competitivo”: se trata de un régimen que llega por voto universal, directo y secreto, con lo que consigue la legitimidad de origen, pero ya una vez en el poder, comienza a asumir comportamientos y conductas crecientemente autoritarios, que se expresan a través de cuatro arenas que son: 1. Arena legislativa; 2. Arena judicial; 3. Arena electoral y 4. Arena de los medios de comunicación.

Hugo Chávez, haciendo uso de su liderazgo carismático y de su populismo, a la par de las transformaciones que se fueron generando paulatinamente en el sistema político, ganó por lo menos 20 procesos electorales, siendo la excepción el referendo aprobatorio de la reforma a la Constitución, cosa que nunca puso en entredicho ante la sociedad internacional su legitimidad tanto de origen como de ejercicio (esta última sustentada en la sensación de bienestar y de bonanza gracias a unos precios del petróleo que sobrepasaban los US$100 por barril).

Luego del fallecimiento de Chávez, en 2013, llega a la Presidencia Nicolás Maduro Moros, quien le gana las elecciones por estrecho margen al entonces candidato de la Alternativa Democrática venezolana, Henrique Capriles Radonski y quien tenía la obligación, no solo de darle continuidad a la gestión de Hugo Chávez, sino que le tocaba poner en práctica el llamado 'Plan de la patria', que rezaba, siguiendo las consignas de Antonio Gramsci: “Que ya la revolución había pasado su punto de no retorno, por lo que su objetivo estratégico debía ser la consolidación y definitivo establecimiento del estado socialista-comunal”.

Empero, las circunstancias no eran las mismas ni las más favorables para Maduro, quien obviamente no contaba ni con el carisma ni las aptitudes populistas de su predecesor, y además tuvo que hacer frente a la caída de los precios del petróleo, que generaron una contracción en las políticas sociales distributivas aplicadas por la 'revolución bolivariana'.

En este orden de cosas, Maduro pierde las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, perdiendo también la hegemonía que requiere cualquier autoritarismo competitivo para mantenerse estable en el poder: la arena legislativa.

Ahora, la alternativa democrática alcanzaba la mayoría absoluta de 112 diputados a lo interno, mientras que en el continente se produce el llamado 'Giro hacia la derecha en América Latina', con lo que desde la Organización de Estados Americanos (OEA) y desde diversas latitudes de América Latina, se comienza a hablar del régimen venezolano como un gobierno forajido.

De allí en adelante las percepciones fueron cada vez más negativas: en 2017 se produce un conjunto de manifestaciones populares que, de marzo a julio de ese año, generaron agitación civil, y con ello, violaciones a los derechos humanos.

Al mismo tiempo, Maduro convocó a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, que si bien tenía el mandato de producir una nueva Constitución, lo que realmente procuró fue invisibilizar a la Asamblea Nacional opositora y tratar de ejercer dominio de nueva cuenta sobre la mesa legislativa.

En 2018, específicamente en el mes de mayo, se convocan elecciones presidenciales que no son reconocidas por gran parte de la comunidad internacional, al tiempo que se desata toda una emergencia humanitaria compleja que hace que se produzca un gran éxodo de personas buscando huir del declive de las condiciones de vida en términos de seguridad, deterioro de los sistemas de salud, infraestructura, servicios públicos y falta de oportunidades.

Todo este escenario quedó ratificado en enero de 2019, momento en el que se considera que Maduro pierde, tanto su legitimidad de origen como de ejercicio y es declarada su usurpación por parte de la Asamblea Nacional, asumiendo de manera interina la Presidencia de la República, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, de acuerdo con los artículos 233, 236, 333 y 350 de la Constitución vigente.

A la fecha, 58 países más la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo reconocen a Guaidó como presidente interino, al tiempo que Maduro sufre los avatares de sanciones individuales por parte de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza, entre otros, lo cual abarca a casi la totalidad del mundo occidental. Un escenario en el que Maduro precisa lavarse la cara ante el mundo si quiere cumplir con el objetivo estratégico de permanecer y perpetuarse en el poder, retomar el control hegemónico del país sumado al dominio territorial que le ofrece la Fuerza Armada Bolivariana, y así cerrar el círculo totalitario de dominación.

Desde finales del mes de mayo de 2020 se ha llevado adelante un proceso de cooptación del poder electoral y de las reglas y condiciones electorales a su favor, siguiendo la premisa de que la 'revolución' no iría a ninguna otra elección que no fuera capaz de ganar.

Maduro y su régimen han decidido acelerar su línea totalitaria para el control del país y la definitiva instauración de la 'revolución bolivariana', a través de la arena judicial para ir “¡al abordaje!” primero, a través de la violación de lo previsto de los artículos 295 y 296 de la Constitución vigente, que le otorga únicamente a la Asamblea Nacional, a través de su Comité de Postulaciones, la escogencia de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE); haciendo que por una “supuesta omisión legislativa” se rompa uno de los principios de cualquier democracia, como lo es la división, autonomía y equilibrio de los poderes públicos, al designar el TSJ o Poder Judicial, dichas autoridades comiciales.

Subsecuentemente, y de la mano de líderes políticos y de diputados opositores cooptados por la vía del soborno, se procede al robo de las tarjetas, símbolos y siglas de los principales partidos políticos de Venezuela para crear una “ficción de plena concurrencia de los partidos a las elecciones parlamentarias”, siendo afectados Acción Democrática (AD) principal partido histórico de Venezuela, Primero Justicia (PJ) y más recientemente, este martes 7 de Julio, Voluntad Popular (VP).

Para finalizar este recuento de hechos y análisis de la situación venezolana, hay que decir que la nueva presidenta del CNE, Indira Alfonzo, anunció la convocatoria a elecciones parlamentarias para este próximo 6 de diciembre de 2020, con una cantidad de novedades que llaman poderosamente la atención:

El número de escaños a elegir en el próximo parlamento unicameral del país, tradicionalmente de 167 bancadas, pasará a tener 227 diputados, lo cual representa un incremento de 66% del número de representantes, supuestamente para “adecuar la representación a los cambios demográficos del país desde 2015 a la fecha”.

Resulta sumamente curioso que se realice este cambio en línea con un supuesto incremento demográfico, cuando la emergencia humanitaria compleja ha hecho que por lo menos 5,5 millones de personas salgan de Venezuela desde 2018.

Todos estos cambios y nuevas disposiciones legales las efectúa el Poder Electoral autorizado por el Tribunal Supremo de Justicia, que en la sentencia de nombramiento de los rectores, los dotó de capacidades y cualidades legislativas.

Aquí se cambian las reglas del juego en lo que respecta al número de parlamentarios a elegir y sus mecanismos de adjudicación en lo que se refiere a los seleccionados por lista, los parlamentarios uninominales, y los diputados nacionales y regionales. Específicamente, 48 de ellos serán electos por una lista nacional de “representación proporcional”, mientras que se mantendrán las 87 circunscripciones electorales.

Esto sin duda es un nuevo atropello en la deriva totalitaria del régimen que viola de nueva cuenta la Constitución y el sistema de partidos políticos en Venezuela, en el intento de tratar de promover una elección no-competitiva con su propia “oposición”, para tratar de influir en la sociedad internacional en función de obtener legitimidad.

Aunado a lo anterior, y dada la situación de censura, de cerco y bloqueo al derecho a informar que impone el régimen a los medios de comunicación en Venezuela, además de la salida de Directv del país, la 'revolución' podría estar jugando a confundir a los electores para que sigan votando por AD, PJ o VP creyendo que siguen siendo partidos contrarios a Maduro, cuando en realidad, son estructuras al servicio de la tiranía.

Tal y como sucedió a partir de 1810 con la gesta independentista que inició en Caracas, lo que suceda en adelante en Venezuela, dependerá en gran medida los acontecimientos en el resto de América Latina, su democracia y su estabilidad.

El autor es internacionalista y especialista en derecho y política internacionales. En la actualidad es candidato a doctor en ciencias políticas.