Una población invisible: la realidad LGBTI en Venezuela

A ntes de Chile, Argentina y Uruguay, fue Venezuela el primer país en América Latina en reconocer la identidad de las personas transgénero. En 1977, el juez Alirio Abreu Burelli emitió una sentencia que permitiría este reconocimiento por vía judicial. Este mismo jurista sería más tarde magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde 1995 hasta 2006.

Hasta 150 identidades trans fueron reconocidas, aunque bajo requerimientos discriminatorios: las mujeres podían acceder a este beneficio sólo a través de operaciones genitales y los hombres tenían que hacerse una mastectomía, sin ser necesaria la construcción de un pene.

Tamara Adrián no alcanzó a hacerse este reconocimiento.

Cuando logró su reasignación sexual el 2002 en Tailandia, los jueces nuevos asignados por Hugo Chávez habían parado hacía cuatro años de reconocer identidades trans. Esta medida no se ha vuelto a aplicar. Esto, sin embargo, no fue deterrente para Tamara, quien se convirtió en 2015 en la primera diputada trans de América Latina.

A pesar de más de 20 años de Revolución Bolivariana, el gobierno chavista no ha sido capaz de detener la ola de discriminación, enfermedad y muerte que asedia a la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales), población que ahora está más vulnerable frente a la hiperinflación.

La lucha de Tamara es la misma que la del puñado de ONG venezolanas que han sobrevivido al éxodo de más 4 millones de personas: una lucha por dignidad.

Nacida en 1954, Tamara supo desde los tres años que estaba en un cuerpo que no la identificaba. Sin embargo, no fue sino como adulta que tomó la decisión de transitar. Egresó con honores de la Universidad Católica Andrés Bello en 1976, donde más tarde ejerció como docente. ‘Alumnos y profesores empezaron con una guerra para tratar de sacarme a la calle,' recuerda. En ese entonces, Tamara, quien no contemplaba convertirse en activista, se vio obligada a caminar esa senda: ‘Había que convertirse en activista a la fuerza'.

Los planteles universitarios son un lugar recurrente de discriminación en Venezuela. La defensora de Derechos Humanos, Quiteria Franco, recuerda un episodio similar a inicios de 2000 en la Universidad Simón Bolívar, donde era profesora de inglés. Una vez que se supo que era lesbiana, ‘mi vida en la universidad comenzó a ser incómoda para mucha gente. Mis ascensos ya no eran tan frecuentes, a pesar de que intenté concursar varias veces'. Tras una investigación, Quiteria comprobó frente a una comisión que había sido discriminada: ‘Por ser gay, por mi edad, por mujer, por negra, por todo'. Esta misma universidad negó el registro formal de su Grupo de Diversidad Sexual como una agrupación estudiantil.

Tamara realizó un doctorado en Derecho Comercial en la Université Panthéon-Assas, de París. Izquierdista de origen, apoyó el gobierno socialista de François Mitterrand, el cual protagonizó nacionalizaciones masivas de industrias y medidas sociales como aumento de pensiones, salarios, vacaciones y reducción de las horas laborales. Durante ese tiempo, Tamara visitó la Unión Soviética y, posteriormente Cuba, cuyas aplicaciones del socialismo terminaron por moderar sus ideas. Es por eso que Tamara se opuso a Hugo Chávez desde su primera candidatura. ‘Todo militar y toda bota huele feo,' sentencia. ‘Siempre lo critiqué y, desafortunadamente nunca estuve equivocada'.

LGBTI en Revolución

Ana Margarita Rojas, cofundadora y directora de proyectos de la Fundación Reflejos de Venezuela, recuerda el clima en Latinoamérica durante esa época, cuando movimientos sociales de izquierda tomaron el poder político en países como Uruguay, Bolivia y Argentina: ‘Esos movimientos sociales avanzaron verdaderamente ante el tema LGBTI. Lamentablemente, en Venezuela nunca fue así'.

En Latinoamérica, nueve países reconocen uniones entre personas del mismo sexo, ya sea a modo de matrimonio igualitario o unión civil, y siete países reconocen identidades transgénero. Venezuela, cuya Revolución Bolivariana se ha denominado progresista y feminista, no ha reconocido estos derechos.

‘Hipócritamente, el régimen usa activistas que también son funcionarios públicos para que salgan con una bandera a marchas y digan que están a favor de la dictadura,' denuncia Tamara. Ana Margarita confirma esto, agregando que muchas organizaciones no participan de la marcha anual del orgullo LGBTI, ya que ‘ha sido secuestrada por el Estado como una propaganda política'.

A diferencia de otros países, donde la derecha es la que manifiesta ideas conservadoras, estas muchas veces encuentran acogida en la izquierda oficialista de Venezuela. En 2009, la diputada del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Romelia Matute presentó una propuesta de Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Género, donde se reconocería el matrimonio homosexual, procesos de reasignación y transición financiados por el Estado para la comunidad transgénero y adopción homoparental. El proyecto pasó el primer debate, pero fue eliminado por la Comisión de Familia, presidida por una diputada evangélica del mismo partido.

La Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial, promulgada en 2012, incluía en su contenido medidas contra la discriminación LGBTI. Sin embargo, las esferas evangélicas y militares del PSUV, entonces mayoría en la Asamblea, presionaron para que se eliminara este enfoque.

Violencia policial

La fuerza pública es parte crucial en la discriminación. Con respecto a la población gay, Tamara cuenta: ‘A la salida de los bares, los policías les quitan los teléfonos y el dinero. Cada vez que ven un automóvil con dos personas del mismo sexo los paran y los extorsionan'.

Quiteria Franco viene denunciando desde hace cinco años otro tipo de represión, por parte de efectivos de seguridad privada en los centros comerciales. Recuerda un caso que le fue presentado: ‘A un chico lo metieron a un cuarto oscuro, le quitaron toda la ropa, le robaron, le quitaron las tarjetas de crédito y débito. Para someterlo lo dejaron desnudo en ese cuarto por horas'. Quiteria ha recibido varios casos como este. Sin embargo, hay muchos que no puede sacar a la luz pública, ya que la víctima no quiere revelar su nombre, por miedo a admitir su homosexualidad.

El pasado febrero de este año, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) del estado de Valencia allanó ilegalmente la Fundación Manos Amigas por la Vida, que defiende los derechos de las personas con VIH. Los once funcionarios que entraron se llevaron remedios antirretrovirales, además de las fórmulas lácteas para niños cuyas madres viven con este virus, ambos entregados por vía de donación. También arrestaron a tres de sus administrativos.

El VIH, una deuda pendiente

En 2018, la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+) denunció un desabastecimiento del 100% de medicamentos antirretrovirales. Su secretario general, Eduardo Franco, reveló que al menos cinco mil personas con VIH/SIDA fallecieron durante los primeros seis meses de ese año. Sólo unas cuantas organizaciones son las que reparten estas medicinas. Las organizaciones que observan el avance del VIH advierten que hay una epidemia de SIDA de niveles similares a finales de los años 80 e inicios de los 90. Las pocas píldoras anticonceptivas y preservativos que hay tienen un costo que supera el salario mínimo mensual, actualmente de alrededor de 7 dólares.

Si bien las sanciones económicas de los últimos años han precarizado la vida de los venezolanos, la escasez data de antes. En 2013 la Organización Panamericana de la Salud ya había incluido a Venezuela en los países que presentaron desabastecimiento de antirretrovirales. Al año siguiente, la Federación de Farmacéuticos (Fefarven) declaró una escasez de 60% de todos los medicamentos, además de una deuda de $2,300 millones del gobierno con laboratorios.

La falta de medicamentos también ha afectado a la población transgénero, que tampoco cuenta con hormonas y por lo que muchos recurren a hormonas animales, como en el caso de los hombres trans, que han llegado a inyectarse testosterona para caballo.

Si bien el activismo en Venezuela sigue, es a duras penas. La mayoría de los activistas han formado parte de la diáspora de entre 3,800,000 y 4,500,000 personas que ha abandonado el país.

Se abre una alternativa

El 2015, Tamara Adrián se postuló como diputada para el partido Voluntad Popular, creado por Leopoldo López y donde también milita Juan Guaidó, y ganó. Su campaña tuvo detractores de ambos lados del espectro político. Figura entre ellos Jesús Silva, redactor del medio simpatizante del oficialismo Aporrea y conductor de televisión, quien insistió en referirse a ella como hombre y protestó contra que se postulara como mujer. Desde febrero de este año, Silva se encuentra a la fuga tras una denuncia de su esposa por violencia doméstica.

El año siguiente, ahora con una mayoría en la oposición, Tamara ingresó un proyecto de ley similar a aquel que presentó Romelia Matute el 2009: Una reforma al registro civil que reconocería el matrimonio y uniones de hecho igualitarias, la identidad de las personas transgénero, la prohibición de mutilación de niños y niñas intersex, la creación de un sexo registral intersex, la comaternidad, copaternidad y la adopción y la libertad de cambios de nombre para toda persona. Esta medida, que podría haber dado un vuelco radical en la relación de las instituciones con la población LGBTI, se topó con el mismo freno con el que se topó toda Venezuela en abril de 2016: La declaración de nulidad de todas las sesiones de la Asamblea Nacional opositora por parte del Tribunal Supremo.

Desde entonces, el trabajo de Tamara, como el de todos los diputados opositores a Maduro ha consistido en coordinar acciones civiles, organizar asambleas ciudadanas y trabajos de investigación junto a asistentes legales. Todo mediante el levantamiento de fondos que cada diputado pueda realizar, dado a que no reciben sueldo.

Según el Observatorio Venezolano de Violencia, de las 23,047 muertes violentas del pasado 2018, 7,523 son atribuibles a las fuerzas policiales. El último mes de mayo, entre 170 y 180 dirigentes de base han sido encarcelados, de los que hay una cantidad cuyo paradero se desconoce.

‘No le tengo miedo al miedo,' dice Tamara, ‘sino que el miedo me paralice'.