Informe señala graves prácticas de corrupción del Congreso guatemalteco

El Congreso de Guatemala, que con sus "pactos subyacentes" y las "redes de poder" han distorsionado la "democracia" en el país, forma parte de la "Paradoja del Estado Cooptado" y ejerce su poder con el único fin de buscar impunidad.

Así lo advirtió el informe "Redes ilícitas y crisis política: la realidad del Congreso guatemalteco", presentado este miércoles y elaborado por la Fundación Myrna Mack, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el medio de comunicación local "Nómada".

El documento, que analiza cómo se perpetuó "el poder de los caciques parlamentarios" a pesar de la crisis política de 2015 -que llevó a la captura del expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti-, recuerda que en los comicios de ese año el 52,5 % de los legisladores se mantuvieron en el poder (83 de 158), lo que supone un "repunte histórico en la reelección legislativa".

"El 65 % corresponde a diputaciones distritales, que interpretamos como un fenómeno denominado redes político-económicas ilícitas", advierte, y recuerda que las formaciones políticas en Guatemala no han representado "continuidad y estabilidad" y que hay una "fluctuación partidaria" que es "inusualmente alta", pues ningún partido ha repetido en el ejercicio gubernamental desde 1986.

Para dar a entender la actuación actual del Parlamento, este documento hace especial hincapié en el transfuguismo -cambiarse de partido o bancada impulsados por los intereses personales de ascenso político y reelección-, un hecho que ha formado parte de la "normalidad legislativa", adquiriendo "las formas de un intercambio electoral-mercantil de doble vía en un sistema político unipolar y clientelar".

Después de los cambios en las bancadas, el documento señala que las motivaciones subyacentes -"la perpetuidad política y la impunidad"- se expresaron en la oposición a las reformas del sector justicia, al código penal, a la penalización del financiamiento político ilícito o en la reelección de la Junta Directiva del Congreso para los períodos 2018 y 2019.

Estas votaciones muestran, continúa, un "núcleo duro" y un "círculo secundario" de legisladores alrededor de un consenso de facto (pacto) para sostener el statu quo.

El primero, que vota junto en puntos clave, está integrado por 56 legisladores de 9 bancadas distintas -la oficialista FCN-Nación y las aliadas TODOS, Acción Ciudadana, Unión del Cambio Nacional, Partido de Avanzada Nacional y Partido Unionista- y "están mayoritariamente comprometidos con la agenda subyacente a favor del status quo en el espacio legislativo".

El poder o la motivación de este núcleo radica en FCN-Nación, "un proyecto político-militar"; el Partido Unionista, la familia Arzú que concentra riqueza y poder desde hace tres siglos y que forma parte del "llamado bloque económico hegemónico"-; TODOS, operadores políticos de impunidad; y la "criminalización, corrupción y lobby" de Acción Ciudadana, Unión del Cambio Nacional y Partido de Avanzada Nacional.

"El círculo dinámico del núcleo duro de legisladores es un entramado complejo de actores de poder político, (ex) militar, económico y criminal", que tiene "nexos sistemáticos hacia los otros poderes del Estado" y que se aprovecha de "una agenda subyacente para sostener el statu quo de impunidad".

Este núcleo "conducirá la designación legislativa de magistradas y magistrados de las cortes de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)", un proceso crucial que se desarrollará este año de forma paralela a las elecciones generales.

El otro grupo, el círculo secundario, vota junto al núcleo duro del consenso de facto en algunos temas pero "su preocupación primordial es el financiamiento político ilícito" y está integrado por las bancadas de CREO, Encuentro por Guatemala, Fuerza, Movimiento Reformador, Unidad Nacional de la Esperanza, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Visión con Valores, Winaq y legisladores independientes.

"Los pactos subyacentes y las redes de poder en el organismo legislativo han distorsionado la democracia guatemalteca, extendiendo sus alcances e influencias hacia la institucionalidad en casi todo el país", aseguró el análisis, que pone en duda la legitimidad del Parlamento.

Esto porque en lugar de legislar a favor del bien común puede llegar a "favorecer intereses excluyentes o incluso criminales, en detrimento del interés común que exige el Estado de derecho", lo que se puede llamar "Paradoja del Estado Cooptado".

En este contexto se desarrollarán el 16 de junio las elecciones generales, en la que buscarán "la perpetuidad de estos entramados de poder", y el nombramiento de integrantes de las cortes.

"La impunidad es, hoy por hoy, uno de los elementos más disputados en Guatemala. Y sin duda, las redes y estructuras de poder en el espacio legislativo (...) están preparando condiciones para (re)negociar pactos con las personas que serían nombradas" para la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones en octubre con el único fin "de procurarse impunidad", concluye.