La Fiscalía salvadoreña declara "inexistente" un reporte sobre el régimen de excepción

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador declaró "inexistente" un informe estadístico sobre órdenes de captura, detenciones y personas privadas de la libertad fallecidas en el marco de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo.

Efe solicitó a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la FGR una serie de datos sobre sus actividades desde que la Asamblea Legislativa del país suspendió varias garantías constitucionales tras una escalada de homicidios.

En la resolución emitida este 15 de junio, la UAIP de la Fiscalía resolvió "que es inexistente el reporte de datos estadísticos solicitados".

La entidad justificó su resolución en la respuesta dada por el Departamento de Estadística de la FGR que, según la resolución, indicó que "las bases de datos del sistema automatizado se encuentran en proceso de actualización".

Agregó que por este motivo "no se encuentran generados reportes estadísticos, según lo solicitado".

"En el presente caso, conforme a la respuesta proporcionada, es inexistente el reporte estadístico de la información requerida", indicó la UAIP.

Los datos solicitados eran sobre la cantidad de órdenes administrativas de detención giradas por el Ministerio Público entre el 27 de marzo y el 7 de junio pasados, además de la cifra de personas detenidas con estas órdenes.

En la solicitud también se requirió la cantidad de personas detenidas identificadas como miembros de pandillas o no, además de la cifra de personas detenidas fallecidas en el referido lapso.

El Congreso aprobó la suspensión de algunos derechos, a petición del Gobierno de Nayib Bukele, con un régimen de excepción que ya ha sido ampliado —sin darles estudio a las solicitudes— en dos ocasiones más por términos de 30 días cada una.

El mandatario aseguró que el Gobierno está cerca de "ganar" la llamada "guerra" contra las pandillas.

Son más de 40.400 personas detenidas y unas 3.000 denuncias de supuestos atropellos que han recibido organizaciones humanitarias locales e internacionales, además de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

El martes, tres entes humanitarios advirtieron que en El Salvador se "podrían estar configurando delitos de lesa humanidad" bajo el régimen de excepción.

"Las capturas masivas y arbitrarias sin orden judicial como política criminal (..) y las desapariciones forzadas de detenidos de los que no se tiene certeza de su paradero, podrían estar configurando delitos de lesa humanidad", señalaron en un comunicado.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.

Estas bandas, consideradas legalmente como terroristas, son responsabilizadas de las altas tasas de homicidios que el país ha experimentado, las cuales comenzaron a descender desde 2016 y su caída se acentuó con la llegada de Bukele al Gobierno.

Una investigación de El Faro señala que la escalada de homicidios se dio por la supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y la pandilla Mara Salvatrucha (MS13). El mandatario salvadoreño, sin embargo, no ha respondido a esta acusación.