El enemigo en común, la subversión del orden liberal y el nuevo orden mundial (Parte II)

El primer asalto al orden liberal constitucional del nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, tomó menos de una semana después de haber tomado las riendas del ejecutivo. El nuevo mandatario enfiló todos sus esfuerzos hacia el desmantelamiento del sistema político liberal, en medio de la peor crisis política y económica que ha vivido la democracia del país. Al norte, por su parte, el presidente Manuel López Obrador puso en marcha un proceso de democracia “participativa” cuyas bases ideológicas pueden ser trazadas a los intercambios de su Movimiento de Regeneración Nacional con el Foro de Sao Paulo.

El 1 de agosto México tuvo elecciones. La consulta popular pasó desapercibida en América Latina y, juzgando por los resultados, tampoco tuvo mayor impacto en la vida de los mexicanos. Solo un 7% del padrón electoral acudió a las urnas. A pesar de su aparente inocuidad, la convocatoria de Manuel López Obrador expone las características antiliberales de su concepto de democracia participativa (radical) y confirma su alineación con las ideologías y estrategias del Foro de Sao Paulo.

Manuel López Obrador (Movimiento de Regeneración Nacional) anunció en septiembre de 2020 que estrenaría la Ley de Consulta Popular aprobada en 2014 por el gobierno de Peña Nieto. Según el criterio de López Obrador, era de trascendencia nacional poner a votación el posible enjuiciamiento, con previa investigación, de los expresidentes que gobernaron México desde 1988 a 2018. Sin embargo, la ley mexicana ya tiene previstos los mecanismos para investigar y enjuiciar a exfuncionarios. La verdadera razón la explicó el mismo presidente en su mañanero del 2 de agosto de este año: “es el inicio (...) de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa”. Durante el mismo programa, López Obrador anunció una nueva consulta revocatoria de su mandato en ocho meses, la segunda de muchas por venir.

La convocatoria de este 1 de agosto hace eco de un comunicado del Foro de Sao Paulo de 2012. El grupo de trabajo del foro destacó en su carta de apoyo a la segunda fallida candidatura de Manuel López Obrador, que “México no ha podido sumarse al desarrollo y la integración progresista latinoamericana, pues los gobiernos que han conducido esta noble nación han traicionado, no solo los principios de la gran Revolución de 1910, sino que han seguido al pie de la letra las recomendaciones voraces del Fondo Monetario...”. Poco más de un año después de haber conquistado la presidencia en su tercer intento, en 2018, López Obrador orquestó un teatro político cuyos afiches muestran a los presidentes “neoliberales” en una ficha policial en blanco y negro con una franja roja sobre el rostro y la pregunta evocativa a un lado: “¿Quieres que Salinas, Peña y Calderón vayan a la cárcel?”.

La alineación con las estrategias del Foro de Sao Paulo sugieren que el actuar de Manuel López Obrador responde a algo más complejo que pan y circo. La influencia de los ideales de la democracia radical es evidente. Sus principales proponentes, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, detallan en su libro Hegemonía y estrategia socialista: Hacia una radicalización de la democracia (1985) las virtudes de los antagonismos, los conflictos de poder y la eficacia política de encontrar un enemigo en común como parte del proceso para alcanzar una democracia “más pura y directa”. Es solo a través del antagonismo entre “pueblo” y las fuerzas opresoras imperialistas, por ejemplo, o las políticas neoliberales y sus proponentes, que el poder constituido en la voluntad popular emerge para expresarse en democracia plena. Es imperativo tener presente que las estrategias populistas y sus características discursivas –como las convocatorias de consultas populares de López Obrador y sus justificaciones– tienen un fundamento ideológico desarrollado y estudiado. Además, le permiten al ejecutivo –en el caso mexicano– una herramienta que puede legitimar sus decisiones y hacerlas vinculantes con el apoyo de tan solo el 21% del padrón electoral y al menos 40% de participación. Es fundamental no confundir la ridiculización de una presunta (y probable) conspiración regional con la absoluta influencia de un intercambio ideológico, en este caso en el seno del Foro de Sao Paulo.

Laclau y Mouffe mantienen, al igual que el Foro de Sao Paulo y sus miembros, que el orden liberal oprime a las poblaciones a través de sus mecanismos de búsqueda de consensos y su separación y burocratización del poder. La propuesta no es del todo contradictoria. Es cierto que el pragmatismo del ideal liberal prioriza la resolución pacífica de conflictos a través de paradigmas deterministas e insuficientes para abarcar una pluralidad de individualidades. El compromiso que para los liberales produce un estado de derecho, para los proponentes de una democracia radical significa opresión y desigualdad. Tomando en cuenta esta clara glorificación del antagonismo directo con el enemigo en común vis-a-vis el orden liberal, no sorprende el repentino cambio de tono de Pedro Castillo una vez la banda presidencial reposó sobre su hombro.

El 23 de julio Castillo acudió al Jurado Nacional de Elecciones para recibir sus credenciales como presidente electo. Una semana antes de su toma de posesión, y al igual que durante la segunda ronda de las elecciones, el maestro chotano interpuso con seguridad “no soy comunista, chavista, y menos, terrorista” y también prometió construir un “verdadero modelo peruano (...) respetando la institucionalidad”. Cinco días después, en su discurso de investidura, sin embargo, reafirmó su prioridad de reformar la Constitución. El nuevo presidente subrayó que acudirá al congreso a través de los mecanismos establecidos para lograrlo, pero no descarta mecanismos extra institucionales si el “pueblo se lo pide”.

El desmantelamiento del orden liberal establecido en Perú fue el centro de atención de la agenda que delineó Pedro Castillo, por encima de la crisis pandémica y sus secuelas económicas. Su discurso subrayó la opresión colonial española, la explotación imperialista del país por parte del neoliberalismo, y su supuesto mandato de corregir un listado de injusticias históricas. Castillo decidió mover la sede de gobierno de la Casa de Pizarro, y convertirla en un museo. Y a pesar de haber disimulado no ser de la misma vena del Foro de Sao Paulo, Castillo nombró a Guido Bellido, el político más radical del partido marxista Perú Libre, como primer ministro. Bellido está bajo investigación por rendir homenaje a un integrante del grupo terrorista Sendero Luminoso en 2017. Y este mismo mes de julio defendió la represión del Gobierno cubano a los manifestantes pacíficos, afirmando que Cuba es una democracia. Castillo también nombró a Héctor Béjar, un exguerrillero y confeso admirador de los regímenes de Venezuela y Cuba, como ministro de Relaciones Exteriores.

Sería un error entender estos nombramientos como el simple desenmascaramiento de un político claramente radical. Con un poco de cinismo podemos ver la perversa genialidad de la decisión. Si el congreso peruano decide no aprobar las designaciones del ejecutivo, Castillo tendría que simplemente plantear sus reformas constitucionales como cuestión de confianza para poner en jaque al congreso que tendría que decidir entre legitimar las reformas propuestas o ser sujeto a disolución por el ejecutivo. Castillo desde el día uno está en busca de la confrontación para legitimar la subversión del orden liberal constitucional.

El desmantelamiento del orden liberal en América Latina es un hecho, producto de la evolución de estrategias de actores proponentes de una democracia radical. El término a su vez es la evolución ideológica y discursiva que justifica e impulsa los objetivos del Foro de Sao Paulo. Y es irresponsable ignorar que el foro nació de la necesidad de Fidel Castro de encontrar nuevos aliados internacionales para que a través de la “solidaridad” puedan aportar recursos para mantener viva su revolución.

Constatar el nacimiento forzado de un nuevo orden mundial no es paranoia ni alarmismo. Por supuesto que el análisis del artículo sugiere un juicio bastante claro, pero es un juicio que sucede tres décadas de patrones. Es un hecho que por primera vez desde el inicio del período democrático en América Latina, la mayoría de los gobiernos de la región están liderados por partidos con profesas ideologías antiliberales y miembros del Foro de Sao Paulo. Es un hecho que Venezuela, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, cambiaron sus constituciones para incorporar elementos “participativos” de la democracia radical bajo el tutelaje y la influencia del foro. Chile está en pleno proceso constituyente, los mandatarios de México y Perú anunciaron el inicio de los procesos de reformas, y Gustavo Petro (Colombia Humana), quien lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia, también prometió un proceso constituyente. También es un hecho que en los últimos 20 años China suplantó a EE.UU. como principal socio comercial de la región, un país que abiertamente busca exportar su modelo de gobierno, que es en esencia autoritario y antidemocrático. Es un hecho que Huawei y Xiaomi superaron la cuota de mercado de Apple en la región. Los cinco puertos marítimos más grandes de la región tienen terminales operadas por compañías chinas, y la lista de nuevos paradigmas con nuevos actores y nuevas ideologías continúa. El orden mundial cambió.