Diputados oficialistas apoyan la continuidad del estado de excepción en El Salvador

Diputados del oficialista Nuevas Ideas (NI), partido salvadoreño con mayoría en la Asamblea Legislativa, expresaron su apoyo a ampliar el régimen de excepción implementado en El Salvador desde finales marzo ante la escalada de violencia, en caso de que se solicite esa extensión.

"Si la población lo solicita podemos analizar una posible prórroga (del régimen de excepción) para salvaguardar la vida de los salvadoreños y claro que mi voto sería a favor", afirmó el diputado oficialista Walter Alemán en una entrevista en una radio local, sumándose así a sus colegas Christian Guevara -jefe de la fracción de NI- y Walter Coto.

El Congreso aprobó el pasado 27 de marzo un primer periodo de estado de excepción por 30 días ante la escalada de homicidios en el país.

Luego, el 25 de abril, los parlamentarios avalaron la continuidad por 30 días más de dicha medida, pese a denuncias de violaciones a derechos humanos hechas por organizaciones nacionales y organismos internacionales, como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI).

Coto, por su parte, publicó en Twitter: "Vamos por 30 días más con régimen de excepción, están de acuerdo conmigo".

Bajo el régimen de excepción se han suspendido a los ciudadanos varios derechos constitucionales, como la libre asociación y reunión.

Las detenciones masivas ha sido la principal apuesta del Ejecutivo del presidente Nayib Bukele durante el estado de excepción, pero hasta el momento se continúa sin saber si el Gobierno trabaja en un plan que plantee medidas para una solución de fondo a dicho fenómeno.

De acuerdo con un informe elaborado por las organizaciones Human Rights Watch y Cristosal (El Salvador), un número creciente de evidencias indican que las autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones de derechos humanos desde que se adoptó el régimen de excepción, el 27 de marzo.

Las entidades señalaron en el documento que han recibido denuncias creíbles de decenas de detenciones arbitrarias, incluyendo algunas que podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración, y de la muerte de dos personas que se encontraban privadas de libertad.

La cifra de capturas de supuestos pandilleros y personas ligadas a estas estructuras alcanza los 30.000 desde finales de marzo al domingo 15 de mayo.

Hasta antes de la ola de asesinatos de finales de marzo, el Gobierno de Bukele decía que mantenía el control del territorio y le atribuía la caída de los asesinatos, que venían bajando desde 2016, al plan gubernamental Control Territorial.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil en el país (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, tienen más de 70.000 miembros y han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.