Monitor Internacional Guantánamo, base y cárcel sin legitimidad

La Base Naval norteamericana en la bahía de Guantánamo (Cuba) vuelve a los titulares mundiales, y esta vez por la ‘promesa incumplida' de Barack Obama hecha desde el inicio de su primer mandato. El presidente Obama había prometido cerrar la cárcel estadounidense que opera –ilegalmente, pues Cuba reclama la soberanía en esta parte de su territorio- y que ha sido denunciada nacional e internacionalmente, pues se trata de una cárcel sin legalidad alguna (donde 750 documentos secretos revelaron que se dieron toda clase de vejámenes contra los prisioneros) y es una vergüenza para la democracia de EE.UU..

Su ubicación extraterritorial impedía el acceso a los tribunales de EE.UU. y se violaban los Derechos Humanos de los detenidos, la mayoría provenientes de Afganistán y Pakistán. Desde que empezó a operar como cárcel, han pasado por allí 800 prisioneros de 42 países, una cifra que ha disminuido, quedando actualmente en unos 146 prisioneros. Fueron detenidos sin ningún proceso legal de por medio y Amnistía Internacional comprobó que habían menores de edad, ancianos seniles, enfermos psiquiátricos, etc. Este lunes 20 de julio, EE.UU. y Cuba dieron un paso histórico hacia la normalización de las relaciones entre los dos países con la apertura de sus embajadas, pero dejaron para el difícil camino que tienen por delante una larga lista de temas fundamentales sin resolver. Es el caso no sólo de la cárcel en Guantánamo que le preocupa a Obama, sino la propia base militar (la única que tiene EE.UU. en un país socialista) que reclama Cuba.

Un portavoz de la Casa Blanca, John Earnest, dijo hace dos días que se prepara un borrador para establecer una hoja de ruta que permita el cierre de la controvertida prisión.

Pero la viabilidad de este nuevo plan para cerrarla topará con la oposición del Congreso, que se niega a que los detenidos de Guantánamo sean trasladados a EE.UU.. Temen que se abran complejos procesos judiciales, con imprevisibles consecuencias políticas. Desde su creación, tras los atentados del 11-S, siendo George Bush presidente, la cárcel se consideró un asunto de ‘seguridad nacional', pues los sospechosos eran apresados bajo la presunción de terrorismo. El problema puntual ahora es la búsqueda de terceros países que deseen los prisioneros en medio de la escalada terrorista mundial.